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La ministra de Vivienda, Carme Chacón, reconoció este lunes que el Ministerio de Economía y Hacienda puso en su día "sobre la mesa" que la deducción por alquiler del 10,05%, incluida en el Plan de Ayuda a la Emancipación y al Fomento del Alquiler, debería mantener la "progresividad" del IRPF para tener su visto bueno.

Durante su participación en la Comisión de Fomento y Vivienda del Senado, Chacón se refirió así a la enmienda introducida por el PSOE en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2008, por la que se divide la deducción en dos tramos de renta, de tal manera que los inquilinos con una base imponible igual o inferior a 12.000 euros anuales, podrán aplicarse la deducción máxima del 10% sobre 9.015 euros, mientras que los que superen esta renta disfrutarán de una desgravación menor.

Así, Chacón afirmó que esta enmienda responde a la necesidad de aprobar las condiciones de la deducción al alquiler con rango de Ley y confió en que sea aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas. Además, justificó esta condición de progresividad ante la necesidad evitar "declaraciones de ingresos que no sean reales" y frenar así posibles fraudes. Asimismo, recordó que la no generalización de la deducción y su acotación a un tope de ingresos de 24.000 euros netos anuales persigue evitar efectos inflacionistas.

Mejores estadísticas

Por otro lado, Chacón afirmó que el Ministerio de Vivienda está "reflexionando" de la mano del Ministerio de Economía y Hacienda la posibilidad de que las estadísticas trimestrales que viene publicando sean ofrecidas por otro organismo. En este sentido, precisó que su Gabinete está "en una reflexión sobre el futuro de estos datos y el organismo que debería ofrecerlos".

Según señaló Chacón, pese a que, por el momento, seguirá siendo el Ministerio el que ofrecerá estos datos, el Gobierno ya se plantea cómo hacer de estas estadísticas "los datos más transparentes y los más útiles". Este anuncio se produce cuando la legislatura llega a su término después de casi cuatro años en los que la fiabilidad de las estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Vivienda, basadas en precios de tasación y no de transacción, ha estado en entredicho.

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