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Desde que Pedro Pacheco, en aquel momento alcalde de Jerez, se hiciera famoso en el siglo pasado por afirmar que la Justicia era un cachondeo y un tribunal le condenara por desacato, no ha habido definición más certera de este tercer poder del Estado que, si por algo se distingue hoy, no es por su independencia, sino por esa fidelidad canina que aconseja no morder nunca la mano que le sirve el marisco. Insaciables y desconfiados, los dos grandes partidos han llenado las altas instituciones judiciales de personas eternamente agradecidas, una gente peligrosísima porque sus dictados surgen del Derecho, sí, pero regurgitados desde el estómago. La Justicia, esa señora ciega que iba con venda, ha recuperado milagrosamente la vista; de lo que anda mal es de la digestión y, posiblemente, de la gota.

Viene esto a cuento de la lucha intestina –no podía ser de otra forma- que se está viviendo en el Tribunal Constitucional para controlar la más alta magistratura del Estado, un órgano que se suponía integrado por seres doctos, probos y hasta puros; doce magistrados a los que hemos encomendado una interpretación sabia de la Constitución, que ahora dedican su tiempo a zurrarse la badana para conseguir una correlación de fuerzas favorable a sus mentores, con el Estatuto de Cataluña como telón de fondo.

Sobre este escándalo mayúsculo se ha puesto cierta sordina porque no interesa que se sepa que todo es una gran farsa con su atrezzo de togas y puñetas, que la constitucionalidad de las leyes no depende de que realmente lo sean sino de lo que interese en cada momento al PSOE y al PP, y que el presunto árbitro supremo de la legalidad es, en realidad, un juez de línea de poca monta, sobre el que se puede influir para que pite o no el penalti, cuando no cantarle las cuarenta en pleno desfile del 12 de octubre, que la vicepresidenta De la Vega tiene su carácter.

Las escaramuzas que se han vivido en el seno del supuesto Alto Tribunal inspiran bastante vergüenza ajena. El PP logró primero la recusación de uno de los magistrados, supuestamente afín a las tesis del Gobierno respecto del Estatuto; el Ejecutivo reaccionó impulsando un cambio en la ley del Tribunal para asegurar la permanencia en la presidencia de María Emilia Casas hasta diciembre, y con ella su voto de calidad; el PP contraatacó recurriendo la ley y forzando la abstención en los debates de Casas y del vicepresidente Guillermo Jiménez, lo que daba a uno de los suyos, el magistrado Vicente Conde, la presidencia accidental y el voto de calidad. El último lance será la recusación de dos magistrados conservadores, que expresaron públicamente su oposición a la modificación de la ley.

Tanta artillería ha sido necesaria porque estos independientes miembros de la Judicatura son más predecibles que un eclipse y todo el mundo sabe cuál será su fundada opinión sobre cada tema que se les plantee, idéntica, huelga decirlo, a la de los partidos que les propusieron. En resumidas cuentas, el Tribunal Constitucional no es que esté politizado sino que es la política misma, pero con muchos considerandos y otros gerundios.

El sistema está podrido por mucho que nuestros próceres se empeñen en proclamar la buena salud de nuestra democracia, y nos reciten su perpetua cantinela sobre lo bien que funciona la separación de poderes y lo listo que era Montesquieu, el hombre más asesinado de la historia.

Eso sí, lo que marcha como un reloj suizo es la Justicia a la carta, una modalidad deportiva que tendría que ser olímpica cuando nos vuelvan a dar los Juegos porque los especialistas nos crecen como setas. ¿Que nos parece que 20 años es poco tiempo de cárcel para un etarra? Pues se inventa una doctrina ad hoc en una mañana para que no computen los beneficios penitenciarios o se piden 90 años por un par de artículos. ¿Que no interesa que se nos muera de hambre De Juana? Se le alivia la condena al pobre y se le facilita el contacto con su señora, que eso anima bastante. ¿Que quien ya no nos interesa es De Juana? No hay problema: se le devuelve al talego como si tal cosa. ¿Negociaciones con Batasuna? Se les da a los chicos el pasaporte para que visiten Irlanda y se empapen de Sinn Fein. ¿Que ya no hay proceso y toca ser implacables? Se les detiene por terroristas. Fácil y limpio.

Los ciudadanos podemos entender que no estamos ante una ciencia exacta, pero nos cuesta mucho tragarnos el sable de las arbitrariedades. Sea cual sea el resultado de la batalla que se libra en el Constitucional, nunca podremos estar seguros de si el Estatuto de Cataluña se ajusta o no a la Carta Magna. De lo que no nos cabe duda es que Pacheco tenía más razón que un santo. La Justicia, en efecto, es un cachondeo. Y de los grandes.

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