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El PP votó ayer a favor de siete artículos de la llamada Ley de Memoria Histórica. Nadie le incriminará por promover la división entre los españoles. Otorgar la nacionalidad española a los nietos de exiliados y miembros de las Brigadas Internacionales; mejorar las pensiones de viudas e hijos de represaliados, o impedir que el Valle de los Caídos sea un lugar de culto franquista, no son zarpazos de media España contra la otra media. Y el PP ha hecho muy bien en apoyarlos, aunque Mariano Rajoy, ya de cara a la galería, siga reprochando al presidente Zapatero su manía de "hurgar en el pasado".

En el proyecto de ley, ya listo para la votación en el pleno del Congreso, hay una mirada al pasado. Claro. Pero no para reabrir las heridas que se dan por cerradas en la Constitución Española de 1978. Se fueron cerrando en los años de la transición ¿Gracias al plumazo de un decreto o una ley derogatoria? En absoluto. Gracias a una mezcla de resignación, generosidad, capacidad de perdón, olvido y renuncia unilateral de los vencidos a pasar factura. Ese fue realmente el milagro de la reconciliación entre españoles que ya no tiene marcha atrás.

Al paso por la Comisión Constitucional, que preside el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, el proyecto de ley se ha enriquecido con las disposiciones mencionadas. Y alguna otra, como facilitar el acceso a los registros de defunciones civiles durante los desdichados años de la guerra y la represión posterior. Pero los aspectos más controvertidos siguen siendo: la condena del Franquismo, la supresión de símbolos, la ilegitimidad de los juicios franquistas y la implicación en de las administraciones en la recuperación de cadáveres.

La controversia es muy barata. Los argumentos de quienes defienden el proyecto se encogen frente a los procesos de intención de quienes lo reprueban. Alegan éstos que la iniciativa -una "obsesión personal de Zapatero", dicen- solo servirá para desenterrar el hacha de la guerra civil. Invocan el pacto de la amnesia que, según ellos, significa la Transición. Son incapaces de señalar un sólo pasaje del dictamen que muestre desprecio o falta de respeto hacia quienes teóricamente se podrían sentir agraviados por esta tardía reparación a víctimas del franquismo.

El texto no es neutral. Por supuesto que condena un régimen nacido de una rebelión militar contra la legalidad establecida y promueve la retirada de los símbolos que lo recuerden. Quienes no compartan esa condena, que asuman la defensa del franquismo -en España ya nadie es perseguido por sus ideas- y dejen de marear la perdiz con excusas mal traídas. Pero no nieguen a un Parlamento democrático la posibilidad de reprobar por ley un régimen que pisoteó a media España tras haber desencadenado una guerra civil.

Se puede discutir la oportunidad de la ley. No sus contenidos, a menos que se asuma el franquismo como algo positivo en nuestra zurrada historia. Cuestión de opiniones, a fin de cuentas. De hecho, hay ministros de Zapatero que califican la ley de "innecesaria". Claro que podría no promulgarse o esperar a mejor ocasión. Pero no puede negarse que es justa y democrática. Justa, porque cubre un déficit de cariño que sufren los vencidos y sus familiares. Y democrática, porque cuenta con el asentimiento de una franja mayoritaria de la representación nacional.

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