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Hasta en cuatro ocasiones el lehendakari del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, proclamó en La Moncloa que pretende que el “presidente español”, José Luis Rodríguez Zapatero, sea su único interlocutor para negociar su famoso pacto político para Euskadi que luego será presentado al Parlamento vasco para, posteriormente, someterlo a una consulta, “convocada por el presidente español y el lehendakari”, el 25 de octubre de 2008.

Dos horas de conversación desembocaron en unas comparecencias públicas donde Ibarretxe y Zapatero confirmaron la distancia que los separa a cuenta del órdago del dirigente vasco. El lehendakari insiste en que se abre una nueva etapa de diálogo entre los dos para su consulta, que considera “legal, legítima y democrática”. El presidente reconoció que acepta dialogar, pero no pactará nada contrario a la legalidad: “Está claro como el agua y como el agua debe estar claro que no puede convocar ningún tipo de consulta, aunque no tuviera valor vinculante” sin la autorización del Estado.

Ibarretxe se pregunta por qué los reformados estatutos de Cataluña y Andalucía permiten a sus gobiernos autónomos convocar consultas y no puede hacerlo “el lehendakari”. Sin embargo, Zapatero recordó después que las llamadas “consultas populares por vía de referéndum siempre tienen la autorización del Estado”.

Frente al pacto entre lehendakari-presidente español, de igual a igual, Zapatero requirió de Ibarretxe que primero alcance un acuerdo entre los partidos vascos si pretende alterar el marco de convivencia. Un acuerdo que, a su juicio, debe pasar por la reforma del estatuto vigente –el único camino legal posible- y ser “transversal” para que el PSOE y el PSE lo apoyen. La expresión ‘transversal’, tan de moda, alude a algo obvio en otras latitudes: que toda variación de un marco de convivencia tiene que pasar necesariamente por un pacto entre las más importantes sensibilidades políticas, en este caso nacionalistas y no nacionalistas, máxime en una sociedad tan partida en dos como la vasca.

¿Y qué es lo que aspira a pactar con Zapatero? Ibarretxe quiere incluir los presuntos acuerdos que Batasuna, PSE y PNV adoptaron en secreto a lo largo del año pasado en el monasterio jesuítico de Loyola. Fueron una serie de encuentros celebrados para impulsar las negociaciones entre ETA y el Gobierno e intentar salvar el llamado ‘proceso de paz’. Ninguno de los responsables de estos tres partidos involucrados ha revelado todavía el alcance de tales negociaciones, y el lehendakari tampoco ha querido hacerlo esta vez.

Ibarretxe utilizó un argumento frente a Zapatero demoledor: “Es difícil de entender que, si se ha estado hablando con Batasuna y ETA sobre el País Vasco, ahora se niegue ese diálogo con el lehendakari”. Aunque orilló el detalle de que su partido, el PNV, fue uno de los que estuvo negociando con Batasuna. De las conversaciones de Loyola se ha filtrado diversos acuerdos, como es un presunto respeto al ámbito de decisión vasco y la creación de un órgano de coordinación común entre el País Vasco y Navarra con el objetivo final de la fusión de ambas autonomías. Fue, precisamente, Navarra y el respeto al marco constitucional en el que se engarza su Fuero el detonante final de la ruptura, según dijeron en su día fuentes políticas a este diario.

Zapatero eludio aclarar estos supuestos acuerdos y acotó las demandas del lehendakari en los límites de un mensaje político: es más de lo mismo; es un “Plan Ibarretxe II”, sentenció en alusión a su propuesta de Estatuto político para Euskadi rechazada por las Cortes Generales en febrero de 2005. Es “una nueva versión del Plan Ibarretxe”, insistía el presidente mientras dejaba caer la idea de que al dirigente vasco ya le salió mal la jugada la última vez, cuando tras ver rechazado su plan convocó elecciones anticipadas de tinte plebiscitario y perdió 140.000 votos.

ETA, el interruptor de la política vasca

“Yo no acepto que sea ETA quien de permiso para que el presidente Zapatero y yo negociemos”, proclamó Ibarretxe quien transmitió a su interlocutor una decisión: que no aceptará tampoco que sea la banda terrorista la que “tenga el interruptor” de las esperazas políticas de la sociedad vasca como, a su juicio, ha ocurrido hasta ahora. Que sólo negocien los partidos políticos “en periodos de tregua” de la violencia etarra.

Si o sí. En el caso de que Zapatero no acepte su propuesta de pacto político, Ibarretxe convocará de forma unilateral su prometida consulta de octubre de 2008, que ya no será vinculante. Después, disolverá el Parlamento vasco y, finalmente, celebrará un referéndum "con plena validez jurídica" en 2010.

“El pueblo vasco es un pueblo de 7.000 años, un pueblo tenaz, y el lehendakari, también”, sentenció Ibarretxe. Parafraseando al presidente israelí, Simon Peres, destacó que todas las negociaciones comienzan “con un encuentro titubeante” entre las dos partes, negando el acuerdo, pero cree que el pacto es posible. El lehendakari pidió calma y respeto a políticos y periodistas, para un debate que se presenta largo, y se despidió así: “Ha sido un placer. Espero verles en los próximos meses”.

Rueda de prensa inusitada

En tiempos electorales, qué mejor que una escenificación de fortaleza ante un desafío soberanista. Es la primera vez que Zapatero ofrece una rueda de prensa tras reunirse con un presidente autonómico. La inusitada comparecencia estuvo tan preparada que hasta se celebró en la sala reservada únicamente para explicar los Consejos de Ministros o las visitas de jefes de Estado. El presidente apareció con su más selecta corte de adjuntos, encabezados por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y su equipo de comunicación.

La situación llegó a tal punto que los periodistas tuvieron que atravesar parte del Complejo de La Moncloa para desplazarse desde la sala donde se había celebrado la conferencia de prensa con Ibarretxe al salón reservado para el Consejo de Ministros y cuyas instalaciones se están remodelando.

Desde que Zapatero llegó al poder en 2004, el papel de explicar el contenido de sus reuniones con un presidente autonómico ha correspondido a De la Vega, a su entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, o a secretario de Estado de Comunicación.

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