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Digo otra vez, pero lo cierto es que nunca ha dejado de ser así en el imaginario de la izquierda. Ellos son los buenos, la derecha los malos. Lo dijo un día Peces Barba en el homenaje al fusilador de Paracuellos y antaño hombre de pro de la Transición -¡qué pena, señor Carrillo, qué pena!-, pero lo único que hizo fue desvelar lo que ya sabíamos, la Gran Mentira por la que nos han hecho creer durante mucho tiempo que la izquierda era progresista y democrática, y la derecha retrógrada y fascista. Como la Gran Mentira ha empezado a desvelarse al gran público -por eso se han inventado Educación para la Ciudadanía- y como tienen prisa por conseguir que la opinión pública vuelva a identificar al PP con la extrema derecha y el franquismo, se han inventado la Ley de Memoria Histórica.

No hay más razón que esa, digan lo que digan. La prueba es que la ley, en sí misma, es innecesaria, e incluso reiterativa, pues cae en el error de derogar nada menos que diez leyes de la dictadura y tres bandos del Golpe de Estado del 36 que fueron derogados por el propio Franco tras la victoria en la Guerra Civil, lo que supone una solemne estupidez jurídica. Las diez leyes fueron derogadas por la Constitución del 78, lo cual hace pensar que en la voluntad de los actuales legisladores la Constitución pesa muy poco, por no decir nada, y es considerada como una ley menor y sin efectos jurídicos. Claro que tal cosa dice mucho del actual Gobierno y de sus socios: una pandilla de indocumentados movidos sólo por un estúpido afán revanchista.

Esto por lo que respecta a la parte jurídica o de supresión de la legislación franquista. Pero es que en materia de reconocimiento de las víctimas de la dictadura da la sensación de que hasta que no ha llegado esta absurda ley en este país no se había hecho nada. Pues bien, eso también es de una falsedad insultante: hasta once leyes se han aprobado en España durante la democracia a favor de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo: el Decreto de 1975 que anula las sanciones administrativas contra los contrarios al régimen que establecía la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939; el Real Decreto de indulto de 1976; la Ley de Amnistía de 1977; el Real Decreto de 1978 para la atención a los militares que lucharon en la Guerra Civil con el Ejército de la República; Ley de 1979 que reconoce pensiones, asistencia médica y asistencia social a viudas, hijos y familiares de fallecidos en la Guerra Civil; Ley de 1980 que reconoce los derechos sociales de Mutilados de la República; Ley de 1984 de reconocimiento de derechos y servicios prestados al Cuerpo de Carabineros de la República; Ley de 1978, modificada en 2005, de devolución de bienes a los sindicatos; Ley de 1990 que establece indemnizaciones económicas a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía de 1977; Ley de 1998 de Restitución de Bienes y Derechos incautados a partidos políticos; y Ley de 2005 que reconoce una prestación económica a los Niños de la Guerra.

Y eso sólo por lo que respecta a las normas, pero es que desde el punto de vista económico existen numerosas ayudas a las víctimas de la contienda y de la dictadura, y si tienen alguna duda al respecto les aconsejo esta dirección en Internet, http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/ClasesPasivas/Cln_Principal/PensionesPrestaciones, en la que podrán comprobar cómo el Estado español ha sabido ser generoso con las víctimas de la Guerra y del franquismo. Un lector amable y atento nos hizo llegar esta semana un compendio exhaustivo de ayudas que podrán visualizar en esa página, y que atañen a familiares de fallecidos en la guerra, mutilados excombatientes, mutilados civiles, fuerzas e institutos armados de la República e indemnizaciones por tiempo de prisión.

Pero este no es el fondo del asunto, porque quienes han elaborado la ley eran plenamente conscientes de lo innecesario de la misma. De lo que se trata, en efecto, es de reabrir heridas, de provocar sentimientos que los españoles habíamos querido olvidar en la Transición, de generar algunas tensiones y acabar obligando al PP a manifestarse en contra de una ley absurda y, así, señalarles con el dedo acusador: ¡vosotros sois los fascistas! Pero es perfectamente lógico que el PP se oponga a una norma que lo único que va a conseguir es acumular en el Supremo multitud de casos en su mayoría imposibles de aclarar, vulnerar el derecho a la propiedad privada emulando las peores prácticas del estalinismo y levantar centenares de cunetas para buscar sabe Dios que cadáveres y de quienes. Eso es la Ley de Memoria Histórica, una ley que abunda en la desmemoria y en el enfrentamiento, en la revancha y en el odio, en el rencor y en el resentimiento. Magnífico ejemplo para nuestros jóvenes, imperdonable ejercicio de irresponsabilidad política. Los españoles ya aprobamos nuestra Ley de Memoria Histórica, la Constitución de 1978, y esa ley tenía un objetivo de superación de los conflictos históricos que siempre habían acabado por hundirnos en el abismo de la depresión o de la guerra.

“No se podía convertir a los vencedores en vencidos y a los vencidos en vencedores. Se trataba de que, de ahora en adelante, no hubiera ni vencedores ni vencidos, sino solo españoles. Había que lograr la definitiva reconciliación nacional, cerrando las viejas heridas de la Guerra Civil, sin abrir ninguna nueva”. Adolfo Suárez había diseñado la Transición como un modelo de reconciliación nacional que permitía superar, por fin, el pesimismo histórico de Ortega cuando afirmaba que “lo que suele llamarse España no es eso, sino el fracaso de eso”. A partir de ese momento, cerradas las heridas y evitando abrir otras nuevas, los españoles trabajamos juntos por un futuro en paz y libertad. Al menos, como objetivo, era del todo deseable. Pero si Suárez era un político obsesionado por la libertad y por la unidad de todos en una tarea común, Rodríguez es un político obsesionado con la permanencia en el poder y la división de los españoles. Por eso ha querido resucitar los viejos fantasmas y por eso ha hecho caso omiso a esa recomendación de no volver a abrir heridas del pasado ni otras nuevas: él ha hecho justo lo contrario.

La Ley de Memoria Histórica es una necedad, el fruto de una obsesión casi esquizofrénica que anida en la mente de un presidente irresponsable y arbitrario. Es una ley, permítanme que lo diga así de claro, profundamente antidemocrática y propia de caudillos totalitarios y fascistas, porque es una ley hecha contra una parte de la ciudadanía y que da carta de naturaleza a actitudes contrarias a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Es una ley indecorosa, impropia de un país que quiere mirar al futuro y aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Es una ley que debe servir de ejemplo más allá de nuestras fronteras, para que otros sepan lo que no se debe hacer si se quiere vivir en paz y libertad. Es una ley que, en definitiva, rompe con ese espíritu de reconciliación nacional que caracterizó la Transición y echa por tierra el último de los consensos que la hicieron posible, aquel que en su día llevó a Winston Churchill a afirmar que “todos debemos volver la espalda a los horrores del pasado. Debemos mirar al futuro. No podemos permitir arrastrar durante los años venideros los odios ni las venganzas que han surgido de las heridas del pasado”.

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