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La Conferencia Episcopal prefiere esperar al BOE. La obligación de retirar los símbolos que exalten la Dictadura de Franco en ayuntamientos, instituciones y particulares bajo pena de retirada de subvenciones o ayudas públicas afecta de manera especial a la Iglesia, ya que la mayoría de los templos católicos españoles fueron ‘adornados’ con yugos, flechas y águilas preconstitucionales.

Ante este panorama, la Conferencia Episcopal prefiere no pronunciarse “hasta que no entre en vigor la ley”, según informaron a El Confidencial desde esta institución. Un ‘pacto de silencio’ que, según fuentes próximas a la curia totalmente solventes, se ha implantado desde las más altas esferas del obispado.

Lo que sí es cierto, según las mismas fuentes, es que existe cierta perplejidad por “una especie de chantaje económico por unos símbolos que están puestos en las iglesias por el pueblo”, es decir, parten de la vida civil del régimen del momento y, además, “la Iglesia ha ido retirando sistemáticamente los más ostentosos” desde la Transición dejando al paso del tiempo la eliminación del resto.

Con todo, a las distintas administraciones (central, autonómicas y locales) les queda por delante un gran trabajo de inventariado porque, según fuentes parlamentarias, tan sólo se tiene controlado la cantidad de simbología franquista en los edificios de titularidad estatal, “en el resto, entre iglesias y otros edificios públicos, no se tiene nada claro”.

Tal y como reza el proyecto de ley, en su artículo 15, “los símbolos a prohibir son escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Sólo se salvarán estos elementos simbólicos “cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados” o por razones “artísticas y arquitectónicas”.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que la posibilidad de quitar las ayudas públicas, incluso a los propietarios privados, puede conllevar la acumulación en los juzgados de recursos vía contencioso-administrativo. La cuestión no es tan sencilla.

En cuanto al régimen del Valle de los Caídos, la redacción del artículo que lo regulaba ha quedado igual que en el proyecto inicial. Este recinto se regirá estrictamente por las normas de cualquier otro lugar de culto o cementerio público y se prohíbe aprovechar el lugar para actos de exaltación de la contienda o del franquismo. El nuevo texto frena así las pretensiones de IU-ICV, formación que reclamaba una intervención mayor del Estado en el lugar y la salida de la congregación benedictina de la basílica.

Desagrado de la Iglesia

Pese a que la Conferencia Episcopal no quiere hablar ahora sobre el proyecto de ley que quiere aprobarse al galope en Las Cortes, no ha mostrado en ningún momento una opinión favorable. Sin ir más lejos, el pasado verano el secretario general de la Conferencia Juan Antonio Martínez Camino manifestaba abiertamente que “hacer una memoria selectiva de nuestra historia puede no contribuir a la paz, al perdón y a la reconciliación, como fue el espíritu sobre el que se basó la Transición y la Constitución de 1978”.

Y, por otra parte, el órgano director de la curia española también ha sido objeto de polémica por la coincidencia de la tramitación de la ley con la beatificación de 498 mártires religiosos de la Guerra Civil el próximo 28 de octubre en Roma. La Conferencia Episcopal se ha defendido: “No es una respuesta al proyecto de ley. La fecha la eligió la Santa Sede después de que la Conferencia Episcopal propusiera que fuera este otoño”. Casualidades de la vida.

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