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El Gobierno mete el turbo al proyecto de ley de Memoria Histórica y pone en el punto de mira a toda institución que conserve simbología franquista. En el proyecto inicial, el artículo 17 invitaba a la retirada de símbolos que exaltaran sólo a un bando de la Guerra Civil en edificios de titularidad estatal. Ahora, el texto actual en su artículo 15 obligará a todos los ayuntamientos, instituciones y particulares a retirar dichos símbolos a la par que faculta a las Administraciones Públicas para quitarles subvenciones y ayudas si no lo hacen.

El control del cumplimiento de la ley, por tanto, no se hará desde la Administración Central. Además, la gestión de la protección del Patrimonio está transferida a las Comunidades Autónomas y, dados los precedentes de la presente legislatura, nada hace pensar que los distintos gobiernos regionales no les dé por objetar si no están de acuerdo con la nueva norma.

Con todo y con eso, la tramitación está siendo urgente. La ponencia de la Comisión Constitucional encargada de informar sobre este proyecto se reunió en la tarde de ayer en el Congreso y acordó mayoritariamente elevar el próximo miércoles día 17 a la comisión, presidida por Alfonso Guerra, un texto propuesto por el grupo socialista que incorpora algunas novedades surgidas de su negociación con los otros grupos parlamentarios. Un documento que peca de redundante, puesto que, como ya publicara este diario, deroga leyes ya anuladas por la Constitución en 1978.

El texto del proyecto contó con el visto bueno de todos los ponentes, con excepción de los representantes del PP, que rechazan frontalmente su contenido, y de ERC, formación que considera insuficientes sus medidas y por ello se abstiene, pero sin oponerse.

Las principales modificaciones respecto al texto original del Gobierno que ha asumido el PSOE se refieren a la expresa condena del régimen de Franco, a la declaración de “ilegitimidad” de los tribunales sin garantías y de sus sentencias y al reconocimiento de las creencias religiosas como motivo de la represión. La fórmula consensuada abarca tanto a los tribunales militares de la zona nacional como a los procesos extrajudiciales republicanos.

Después, en otro apartado se declara expresamente la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público (TOP) y los tribunales políticos y consejos de guerra. De esta manera se abre la puerta para posible revisión jurídica de estos procesos, ya que ni los tribunales injustos de esa época ni las leyes que aplicaban para la persecución podrán ser invocadas por el Tribunal Supremo para negarse a anular las condenas que impusieron, como ocurría hasta ahora.

Además, en el capítulo de símbolos y monumentos públicos, cuya retirada limitaba inicialmente el Ejecutivo a las instituciones estatales, ahora se establece que todas las Administraciones Públicas "tomarán las medidas oportunas" para suprimirlos. Esto es, los ayuntamientos, por ejemplo, tendrían que renombrar muchas de sus calles.

Según un inventario realizado hace un año por Izquierda Unida, la comunidad que va a tener más trabajo es Andalucía, tradicional bastión socialista, ya que, sin contar con sedes autonómicas, iglesias y nombres de calles, alberga casi el 25% de los edificios públicos con la simbología que el citado proyecto de ley quiere hacer desaparecer. Andalucía con 23 edificios, viene seguida por Galicia (15), Canarias (12) y Castilla y León (11).

Volviendo al proyecto de ley, los símbolos a prohibir son "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura", según el artículo 15, se añade que "entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas".

Sólo se salvarán estos elementos simbólicos "cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados" o por razones "artísticas y arquitectónicas". La posibilidad de quitar las ayudas públicas se extiende en otro artículo a los "propietarios privados" que no cumplan esa obligación, entre los que se podría incluir a la Iglesia.

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