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La detención de la cúpula de Batasuna y de algunos líderes emergentes de la llamada izquierda abertzale ha despertado un vivo debate entre quienes acusan al juez Garzón y, por extensión, al Gobierno de actuar con oportunismo político, y entre quienes piensan que la redada sólo contribuye a encallar más la siempre complicada situación política del País Vasco.

Es evidente, vienen a decir los primeros, que las fuerzas de seguridad del Estado podían haber actuado de la misma manera hace muchos meses. O incluso años, ya que no cabe ninguna duda de que el mundo de Batasuna ha seguido haciendo política pese a haber sido ilegalizada por el Tribunal Supremo. Las continuas apariciones públicas de los Otegi, Barrena o Permach, ahora entre rejas, dan cuenta de ello. Desde el perímetro gubernamental se hace una precisión a quienes sostienen esos argumentos: no es lo mismo que Batasuna tenga una presencia pública relevante en plenas negociaciones con ETA para poner fin a casi 50 años de violencia terrorista, que lo haga cuando los pistoleros han anunciado la vuelta al tiro en la nuca. Por eso, se insiste, la operación desatada por Garzón es correcta en tiempo y forma.

Aparecería aquí, por lo tanto, la primera contradicción. Al menos aparentemente. Si no se ha actuado antes –desde que la sala del 61 del Tribunal Supremo ilegalizara a Batasuna y otras organizaciones afines- es que este Gobierno -y con él el Fiscal General del Estado- decidieron en su día mirar para otro lado en aras de que los contactos o negociaciones con ETA (como se quiera) llegaran a buen puerto.

El argumento, en términos políticos, parece irreprochable, pero jurídicamente no se sostiene. No está de más recordar que el mismo Tribunal Supremo que ilegalizó al entorno terrorista –en sentencia del 27 de septiembre de 2003- fue el que avaló los contactos políticos de Otegi (cabeza visible de Batasuna) y de Patxi López, máximo dirigente del Partido Socialista de Euskadi. El auto, del 7 de diciembre de 2006, lleva la firma de la sala de lo Penal del Alto Tribunal, y viene a decir que sería un “fraude constitucional” que alguien pretendiese “corregir la dirección de la política interior o exterior” que la Constitución encomienda al Gobierno democráticamente legitimado, y que sería “impropio pensar que los tribunales controlan la acción del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado sometiendo a enjuiciamiento penal a sus titulares”.

Es decir que la célebre entrevista entre Patxi López y Otegi se ajustaba a derecho, salvo que hubiera habido una orden expresa de prohibición. Algo que a todas luces no existía. Que se sepa, Jesús Eguiguren no ha recibido todavía ninguna citación judicial por entrevistarse en Ginebra con Josu Ternera. Ni Zarzalejos ni Arriola ni Fluxá la recibieron por verse las caras en Zürich con los negociadores etarras. Sin duda, aquellos encuentros, como los más recientes, estaban dentro de la esfera de lo político que avalan los tribunales.

Y aquí está la paradoja y, probablemente, la insensatez jurídica de la Ley de Partidos. Resulta que se ilegaliza a una formación, pero, al mismo tiempo, se permite a sus dirigentes hacer política, algo que por otra parte nadie puede evitar. Se puede prohibir que un sujeto -en este caso Otegi- pueda presentarse a unas elecciones (lo que ha impedido concurrir a los comicios a cientos de candidaturas abertzales), pero en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico aparece como un hecho delictivo –como no podía ser de otra manera- que los Otegi o De Juana de turno hablen de política. ¿De qué charlaban ambos individuos en el Hospital de San Sebastián? ¿De setas? O de lo mal que lo está pasando la Real en segunda división.

Y es que el mundo está lleno de matices, de sutilezas, pero ocurre que desgraciadamente el trazo grueso se ha impuesto en la vida política española, donde los argumentos más toscos a menudo triunfan como si tuvieran su origen en una verdad revelada. Rodríguez Zapatero, que otras áreas de su actividad política ha sido una auténtica calamidad (véase la zapatiesta organizada con los estatutos de autonomía) ha demostrado en la cuestión vasca una sensibilidad que no han demostrado sus antecesores. Algo a lo que no es ajena la figura de Josu Jon Imaz. Pero tras el golpe a Batasuna –que parece irreprochable en términos jurídicos- uno tiene la sensación de que esa finura de la que debe hacer gala la clase puede desaparecer por el desagüe que conduce a las elecciones de marzo. Los malos actores son los que sobreactúan, y eso sólo sería empeñarse en el error. En política, tan importante es hacer las cosas bien como no hacerlas mal, tal y como ha demostrado la guerra de Iraq. Continúa siendo la hora de hacer política.

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