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El tremendo retraso que acumulan los asuntos en el Tribunal Constitucional va a facilitar al Gobierno de Murcia la urbanización de miles de hectáreas junto al mar desprotegidas, en su mayoría, hace seis años. Se trata del proyecto ‘Marina de Cope’, en las poblaciones de Águilas y Lorca, y apunta ya a convertirse en bandera del ejecutivo autonómico para esta legislatura, a pesar de que la ley regional del Suelo, que facilitó su nacimiento en 2001, está recurrida ante el Constitucional por 65 diputados socialistas desde principios de 2002.

Las sucesivas turbulencias que sacuden al Alto Tribunal presidido todavía por la progresista María Emilia Casas, hacen dudar de que la resolución de ese recurso llegue a tiempo. La ley fue recurrida porque desprotegía 15 hectáreas de parques ambientales de Murcia, incluyendo unas 2.000 del antiguo Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, creado en 1992, reconocidas parcialmente con las figuras comunitarias LIC y ZEPA, restricciones urbanísticas mucho menos rígidas.

Fuentes socialistas aseguran que las últimas noticias que se tienen del recurso datan del invierno pasado, cuando el Tribunal Constitucional estaba examinando los asuntos correspondientes a 1999. Y que, además, los recursos sobre los estatutos de Autonomía, primordialmente el de Cataluña, y las controversias a ellos asociadas, no harían sino retrasar aún más el dictamen sobre el recurso de inconstitucionalidad de los diputados socialistas.

En este contexto, el Gobierno regional de Murcia, indiferente a la actual situación del inmobiliario, acelera los trámites de ‘Marina de Cope’ y ya ha anunciado que el proyecto se hará, aunque el Alto Tribuanl se pronuncie en contra. Mientras, los ecologistas se tiran de los pelos recordando que la concesión de la Autopista de Peaje Cartagena Vera, que sirve de justificación y motor a ‘Marina de Cope’, no fue rescatada por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, al asumir el cargo en 2004, a pesar de la promesas electorales del PSOE antes del 14-M de 2004.

Con el reloj a favor, se trata de urbanizar 85.000 hectáreas en el único tramo de costa virgen que queda en la región de Murcia, perteneciente a los municipios de Águilas y Lorca, limítrofes con Andalucía. Se quieren hacer 9.000 viviendas, 20.000 plazas hoteleras en 22 hoteles, un puerto deportivo interior con 2.000 amarres y cinco campos de golf. El PP justifica ambientalmente el proyecto en la baja edificabilidad (0,14m2/m2) y la gran inversión (unos cuatro mil millones de euros).

Los terrenos del megaproyecto son propiedad mayoritariamente de Cajamurcia, Iberdrola, Bancaja, Valleduero, Arocasa y Extremalia. Las ‘puntas de lanza’ de la propiedad vienen siendo en los últimos meses Cajamurcia e Iberdrola. Sus dos máximos responsables, Carlos Egea y Patricio Valverde (ex consejero de Economía regional) han reiterado recientemente en privado y en público el interés de ambas entidades por sacar el proyecto adelante.

El consejero de Turismo, José Pablo Ruiz Abellán, único que se mantiene en el Gobierno junto al presidente Ramón Luis Valcárcel desde 1995 y antiguo empleado de Caja Murcia, declaró el pasado domingo al diario regional La Verdad que la modificación de los planes parciales de Lorca y Águilas, necesaria para iniciar el proyecto, está a falta de un informe de Medio Ambiente, “pero lo tendremos completo la semana que viene”, es decir, que ésta en curso.

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