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Lunes, 1 de octubre de 2007 (Actualizado a las 12:43)
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La política española y el síndrome Mourinho

@Carlos Sánchez - 01/10/2007

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El ex entrenador del Chelsea, José Mourinho, ha sido protagonista en la última semana, sin quererlo, de dos acontecimientos -si se quiere menores-, pero sin lugar a dudas reveladores de por dónde va el mundo. El miércoles pasado, el ex primer ministro portugués, Pedro Santana Lopes, se levantaba airado de un estudio de televisión en el que era entrevistado tras ser interrumpido por el presentador para dar paso a una conexión en directo. El motivo no era otro que la llegada a Lisboa del polémico entrenador de fútbol. Como se ve, un asunto de primera importancia capaz de oscurecer la presencia del antiguo jefe del Ejecutivo portugués.

Hace unos días, el director del diario británico The Guardian, Alan Rusbridger, se quejaba con algo de ironía y cierta desazón de que el histórico The Times, la biblia escrita de muchas generaciones hasta que cayó en manos de Rupert Murdoch, había dedicado las dos terceras partes de de su portada al mediático Mourinho, lo que es algo más que un síntoma de los problemas que vive la prensa de papel. La lectura que hacía el director de The Guardian es que los medios de comunicación se han vuelto cada vez más triviales en aras de ganar lectores.

Rusbridger tiene razón. Y mucha. Pero no son sólo los periódicos son cada día más espumosos, más intranscendentes; sino, sobre todo, la vida política. Es evidente de que no se trata de un asunto estrictamente español, lo mismo sucede en Francia, Reino Unido o Italia, países en los que lo fútil, lo insustancial, ha sustituido a la enjundia. En el caso español, esta incapacidad para separar el grano de la paja se manifiesta con toda crudeza en todo lo que rodea al fenómeno territorial.

La agenda nacionalista

Más allá de análisis de partido o de parte, como se prefiera, sobre si la estrategia antiterrorista del presidente Zapatero es la correcta o no, o si la posición de Rajoy es la buena, lo cierto es que la agenda nacionalista, los problemas territoriales, se han colado en nuestras vidas hasta el punto de que es imposible razonar y al mismo tiempo dibujar un escenario político que no esté salpicado de demandas vinculadas a la geografía.

En unas ocasiones son los nacionalistas, como acaba de hacer el lehendakari Ibarretxe con su célebre referéndum, quienes sacan los pies del tiesto; y en otras son las comunidades autónomas del artículo 143 –las de la vía lenta- las que esgrimen supuestas discriminaciones territoriales. Así se ha llegado a la absurda situación de que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se haya convertido en una especie de Manuela Malasaña de la autonomía reivindicando las cercanías o el aeropuerto de Madrid- Barajas, como si la T-4 o las inversiones de Renfe no hubieran salido del bolsillo del resto de españoles.

Y es así como se ha llegado también a la absurda situación de que en la conferencia de prensa de presentación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, repito, del Estado, el mayor interés de los periodistas era saber cuánto se había invertido en Galicia, Andalucía o Madrid. Sólo la sensatez de Solbes, negándose a responder a esas preguntas nos salvó del esperpento.

No parece descabellado pensar que detrás de este guirigay autonómico se encuentra un problema de mucho mayor calado, que no es otro que el cierre definitivo del famoso Título VIII de la Constitución. Una vieja idea que ninguno de los dos grandes partidos ha sabido acometer con la inteligencia y el rigor suficiente. Por el contrario, sus necesidades parlamentarias les han hecho una y otra vez caer en manos de partidos nacionalistas o regionalistas cuya razón de ser está, precisamente, en el debilitamiento del Estado.

El Plan Ibarretxe

¿Quiere decir que hay que acabar con los nacionalismos como pretendió Aznar durante su segunda legislatura? No, en absoluto. Los partidos nacionalistas no son solamente legítimos, sino que forman parte del sistema democrático de partidos que ampara la Constitución de 1978. Ibarretxe tiene toda la legitimidad del mundo para hacer sus propuestas, por muy descabelladas que sean para muchos, pero no deja de ser una contradicción que al mismo tiempo que plantea un referéndum, a todas luces ilegal, los diputados del PNV en el Congreso formen parte de la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de la Nación.

No hay que haber pasado por Harvard para entender que detrás de esta sobrerepresentación de los partidos nacionalistas se encuentran muchos de los problemas de la España actual, como se han cansado de repetir muchos analistas. Hace poco más de tres años, cuando el Congreso de los Diputados echó para atrás el Plan Ibarretxe, el presidente del Gobierno sacaba pecho porque gracias a la España plural el conflicto vasco –al margen del fenómeno terrorista- entraba en vías de solución. Se equivocó. Los problemas territoriales –el caso vasco es sólo el más evidente- siguen ahí por la incapacidad de la clase política española de fijar un nuevo marco institucional que cierre definitivamente la Constitución de 1978, para lo cual es imprescindible el acuerdo de los dos grandes partidos.

Es curioso que ahora todos los ojos estén puestos en la lectura que haga el Tribunal Constitucional del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, como si se tratara de un problema estrictamente legal. No. El problema de Cataluña –y da la sensación de que la cuestión catalana va a más- es de naturaleza política, y por eso corresponde a los grandes partidos buscar soluciones. ¿De verdad alguien ha pensado en la legitimidad que puede tener en el futuro el TC en Cataluña en caso de que declare inconstitucional una norma aprobada por las principales fuerzas políticas de esa comunidad?

Ahora se vislumbra con mayor nitidez la locura en la que se metió este país a partir de 2004 con la apertura de un proceso de reformas estatutarias sin tocar la Constitución, lo que significaba más o menos empezar la casa por el tejado. O lo que es lo mismo, poner los carros delante de los bueyes. De esos polvos vienes estos lodos, pero claro, para detener este vendaval hay que hacer política de altura, y no parece que los tiempos vayan por ahí. El viento sopla a favor de Mourinho.

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Opiniones de los lectores (2)

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2. usuario registrado PJCMLunes, 01/10/2007, 12:33 h.

Le niega usted a Esperanza Aguirre lo que se le da a José Montilla.
No hace tres años que no se aprobo el Plan Ibarreche, fue el 1 de Febrero de 2.005, y a continuación volvia a decir Ibarreche que no iba a renunciar a "su" referendum.
Lo que no le permitia Aznar a los nacionalistas eran estas derivas soberanistas que las permite, aplaude y alienta Zapatero.
El Tribunal Constitucional debió de aceptar la solicitud del PP de que no entrara en vigor el Estatut hasta la Sentencia del Tribunal.

1. MadridatorLunes, 01/10/2007, 11:17 h.

Qué tiene de absurdo que la Presidente de la Comunidad de Madrid defienda los intereses de la Comunidad que preside y pida la gestión de Cercanías y las transferencias que estime oportunas? También me gustaría saber que quiere decir el articulista con eso de que la T4 la han pagado todos los españoles. Si la T4 la han pagado todos los españoles, incluidos los madrileños, al ser Madrid la Comunidad que más aporta al Estado, en términos absolutos y per capita, convendrá el señor articulista que los madrileños también han pagado estructuras en el resto de España, y no por eso se les niega a los presidentes de otras CCAA el derecho a defender sus intereses. En el fondo, subyace el recelo que en algunos despierta el hecho de que los madrileños defiendan sus propios intereses

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