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 El juez Miguel Ángel Torres (Efe).

La Justicia de Marbella, en el ojo del huracán. Primero fue el juez Francisco de Urquía, quien mientras instruía el Caso Hidalgo fue suspendido de forma cautelar como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella el pasado mes de julio por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ahora le toca el turno al propio juez instructor del Caso Malaya, Miguel Ángel Torres. Sus colegas de profesión le acusan de cambiar las normas de reparto para quedarse con el mediático caso, lo que le puede llevar el procedimiento a la nulidad.

“¿Cree usted que todo el escándalo que se ha montando en torno al caso malaya es proporcionado para que ahora todos los imputados queden en libertad por nulidad del procedimiento?”. Con este preocupante interrogante comenzaba la entrevista que un juez compañero de Torres en Marbella concedía a El Confidencial, desvelando las irregularidades internas que se cometieron en las dependencias judiciales para que el Caso Malaya recayera en manos del juez Torres.

Según este magistrado, el juez Miguel Angel Torres infringió las normas de reparto desde el primer día que empezó la instrucción: “Una mañana nos reúne a todos los jueces en los juzgados. Miguel Ángel nos explica que mientras instruía Ballena Blanca aparece el nombre de Roca en unas conversaciones telefónicas y que el caso es una derivación de la propia instrucción que él lleva sobre blanqueo de capitales”.

“En esta reunión nos pide que cambiemos las normas de reparto. Es decir, cuando un juez deduce testimonio (como fue el Caso Malaya) lo tiene que mandar a decanato. Pues bien, Miguel Ángel nos pidió a los magistrados que conformábamos la plantilla en los juzgados de marbella entonces que cambiáramos la norma de reparto para adjudicarse él el caso Malaya “

“Los magistrados allí presentes le dimos nuestro apoyo: es decir, desde entonces se sentó el precedente de que el que deduce testimonio se lo queda. Torres cambió la norma fuera de los tiempos legales que establece la ley. Ahí es donde incurrió el error y por donde los abogados le tienen cogido en estos momentos. Sé que él en Granada está ahora muy preocupado por los visos que está tomando el procedimiento”.

De hecho, el que fue magistrado con anterioridad a Torres en el juzgado número 5 de Marbella, Antonio Ruiz Villén (letrado ahora de algunos encausado en Malaya como Tomás Olivo), fue el que denunció estas normas de reparto públicamente: “Tú puedes incurrir en defectos de forma, como equivocarte en una fecha, una hora o una localización pero no en detalles tan decisivos en una investigación” señala el juez.

Los jueces con los que ha hablado este diario señalan que, “de todos nosotros, es sabido el enfrentamiento personal de Roca, su abogado y Miguel Ángel Torres: las voces que se dieron entre ellos traspasaron las paredes de los juzgados. Vuelvo a repetir que cuando Miguel Ángel escucha el nombre de Roca en las conversaciones que se cruzan en Ballena Blanca, debería haberlo mandado a reparto”.

En este sentido el magistrado dice que los letrados están presionando a otras instancias superiores de la justicia porque Miguel Ángel Torres ha vulnerado el artículo 117 de la Constitución: “Los jueces no podemos quedarnos con los casos que nos interesan. Hay un artículo el 117 de la constitución que ampara a los ciudadanos en este sentido”.

Actualmente, las normas de reparto que siguen en vigor en Marbella son: “El que deduce testimonio se lo queda, cuando la norma era hasta entonces quien deduce testimonio se manda a decanato”. El último cambio de las normas de reparto en los juzgados de Marbella ha sido el de delitos continuados.

Ante estas acusaciones, El Confidencial ha intentado ponerse en contacto con Miguel Ángel Torres a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sin éxito. Sin embargo, fuentes jurídicas han asegurado que la Audiencia de Málaga ya ha resuelto tres recursos interpuestos por las defensas en los que determina que en el Caso Malaya no se han infringido las normas de reparto. Por su parte, el proceso contra el juez de Urquía se dirime en la Sala Civil Penal del TSJA, bajo la responsabilidad de Miguel Pasquau. Se encuentra en fase de instrucción, al igual que el Caso Hidalgo.

Por su parte, el sustituto de Torres en Malaya, Óscar Pérez, ha traído consigo la polémica al rebajar las fianzas de varios imputados del Caso Malaya, una actitud que contrasta con la rigidez de la que ha hecho gala el juez Torres.

Recientemente, Pérez revocó el auto de prisión provisional de Julián Muñoz, para el que dictó libertad bajo fianza de 50.000 euros. Asimismo, revocó parcialmente el auto de prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros contra el ex comisario de policía Florencio San Agapito, ordenando la devolución de la fianza.

Este mismo martes, la Audiencia de Málaga ha levantado el auto de prisión eludible bajo fianza de 20.000 euros dictado contra el ex jefe de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo, procesado por el Caso Malaya, y la rebajó a 6.000 euros, su defensa. El auto de la Sección Primera del citado tribunal de apelación establece que la fianza comprende todos los delitos imputados a Del Pozo por esta causa, incluidos los referentes a las distintas piezas separadas desglosadas por el juez instructor del caso contra la corrupción municipal en el Ayuntamiento marbellí.

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