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Es como el chiste del soplón que, en el examen oral, por lo bajini, desde atrás, inspiró al colega que se estaba examinando: “Isabel y Fernando”. Y así se lo soltó el interesado al profesor. El profesor había preguntado por los rayos catódicos, pero el soplón había entendido mal y el alumno andaba tan escaso en Física como en Historia.

Algo parecido le ocurrió a la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, cuando un día le preguntaron por las algaradas en las que salen mal parados los símbolos nacionales. La doctrina era “tema minoritario”, pero al recibirla por vía oral, como en el caso del soplón, entendió “tema menor”. Así lo dijo ante los periodistas, con posterior rasgado de vestiduras por parte del PP y medios afines, que, efectivamente, han encontrado un agujero negro en el ideario civilista de Zapatero.

La anécdota nos remite a los llamados 'actos fallidos', pues, aunque no es lo mismo 'minoritario' (cantidad) que 'menor' (calidad), es cierto que en el discurso del Gobierno se han amontonado los dos conceptos, al menos en este asunto de las banderas.

Preocupante relativismo civil en personas tan republicanistas –por Philip Petit, no por Manuel Azaña- como Rodríguez Zapatero, Teresa Fernández de la Vega o Mariano Fernández Bermejo. Ya está claro que el ministro de Justicia no piensa forzar el cumplimiento de la ley para que la bandera nacional ondee en los edificios públicos de las distintas administraciones, ni en los de titularidad socialista. Por no crear problemas mayores.

Es su reacción a la campaña del PP y medios afines. Mala noticia que un jurista como el ministro Bermejo se acoja con tanto descaro al principio de oportunidad (mirar hacia otro lado por no remover el avispero) frente al dogma civil del cumplimiento de la ley, al margen de cuestiones tan etéreas como el patriotismo o el sentimiento de pertenencia.

El abajo firmante ya había fijado postura. Aunque los agitadores de esta campaña son expertos en generar climas artificiales de opinión de pobre fundamento, en este caso tienen razón y harían bien en apurar sus argumentos hasta conseguir que se explique por qué el imperativo legal sirve en la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la contratación de vendimiadores rumanos, por ejemplo, y no sirve para lo dispuesto en el uso de banderas.

Servidor ha venido sosteniendo que, por desgracia, la flojera del Estado, sobre todo en el País Vasco y Cataluña, también se había producido en tiempos del Gobierno del PP. Como no me duelen prendas cuando falto a la verdad, nunca conscientemente, es justo reflejar el siguiente pasaje de la intervención parlamentaria de Ángel Acebes, número dos del PP, que anteayer volvía a enzarzarse con la vicepresidenta por cuenta de este asunto:

“El Gobierno del Partido Popular interpuso más de 20 denuncias contra distintas instituciones públicas, como el Gobierno y el Parlamento Vasco, las Diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya, las Juntas Generales y ayuntamientos como los de Amurrio, Ayala o Basauri. Todo ello para que se cumpliese la ley de banderas”.

Especialmente oportuno fue que Acebes recordase que existe una sentencia del Tribunal Supremo, por denuncia iniciada asimismo por el Gobierno del PP, que sienta jurisprudencia al obligar a la Academia de la Policía Autónoma de Arkaute a cololocar de forma “permanente” la bandera nacional en estricto cumplimiento de la ley 39/1981, que desarrolla el artículo 4 de la Constitución Española.

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