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Muchos son los empresarios y gentes del común con un cierto sentido de la responsabilidad que estos días manifiestan su alarma por los derroteros populistas en los que se ha embarcado el compañero Zapatero, dispuesto a ganar las próximas elecciones a cualquier precio, incluso hipotecando para el futuro esa gran casa común que es, que al menos era hasta que él llegó a Moncloa, España. Todo por los votos. La preocupación por las consecuencias que a medio plazo podría tener para el bienestar colectivo la deriva de este Gobierno en la materia alcanza ya al hombre corriente, el español de a pie que sabe gobernar su familia y administrar con rigor los dineros que entran en casa, y que rechaza con buen criterio toda clase de dispendios injustificados.

No les aburriré con cifras o datos macro, pero es evidente que caminamos hacia un entorno de desaceleración económica, con crecimiento del PIB para el año que viene de entre el 2,5% y el 3% o incluso por debajo. Los síntomas de ese enfriamiento son claros, y se empiezan a notar en los ingresos públicos, empezando por el IVA, que hasta julio había crecido solo a un 1,5%, y siguiendo por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que recauda y gestiona el Estado, salvo excepciones, pero con cuyos rendimientos se financian en buena medida las CC.AA., que ha pasado de crecer al 15% a hacerlo negativamente.

Sobre este escenario de mengua de ingresos fiscales, se alza una estructura del gasto que está muy condicionada por problemas de fondo que arrastra nuestra economía, como por ejemplo, la pérdida de unos fondos estructurales y comunitarios que venían a suponer el 1% de nuestro PIB y que en dos años van a desaparecer totalmente. Más asuntos como la Ley de Dependencia, que, según cifras manejadas por el propio Gobierno, va a exigir un gasto del entorno de los 9.000 millones año. Más la subida de las pensiones mínimas. Más el incremento importante del gasto por desempleo. Más las incapacidades temporales, el fraude de siempre que sigue creciendo, más, en fin, toda esa serie de obligaciones que nuestro Estado asistencial deberá afrontar con una población que tiende al envejecimiento demográfico de forma acelerada.

La cruda realidad es que la progresiva subida de los tipos de interés ha marcado el final de la etapa de dinero barato iniciada hace una década, dinero barato que ha sido responsable, en gran medida, de la prolongación, más allá de 2003, de la fase expansiva iniciada hace 11/12 años. La economía española se enfrenta a un ajuste indiscutible, cuya gravedad y duración están por ver, entre otras cosas porque no existe economía alguna en el mundo, como no existe familia alguna en el mundo, que pueda vivir a perpetuidad por encima de sus posibilidades, mucho menos una pequeña economía abierta como la española, en un escenario de racionamiento global del crédito y sin disponer de instrumentos macro de ajuste.

Y bien, ante este horizonte, tan real como la vida misma, que debería invitar a la prudencia a todo gobernante con sentido de la responsabilidad o siquiera un elemental sentido común, nuestro Gobierno parece dispuesto, ya lo está, a zambullirse en una auténtica orgía del gasto, dispuesto a ganar las elecciones “como sea”, según la celebrada frase que resume mejor que mil tratados la filosofía política del personaje. Ayer mismo anunció el aval del Estado para los jóvenes menores de 30 años con trabajo que alquilen una vivienda, además de una ayuda directa de 210 euros mensuales durante cuatro años. Y antes nuestro Rey Mago había regalado atención buco dental para los jóvenes, los 2.500 euros por hijo nacido, y lo que te rondaré morena.

Me cuenta una persona cercana a Pedro Solbes la preocupación que se ha apoderado del Gobierno en fecha reciente. “Son conscientes de que la crisis se les viene encima antes de tiempo, y su gran miedo es que el desempleo empiece a hacer mella en las familias antes de las elecciones de marzo. En estas condiciones, resulta hasta cierto punto dramático asistir al contraste interpretativo que sobre la situación se hace en Economía, por un lado, y Moncloa, por otro”. Solbes y su entorno son muy conscientes de que, si en un contexto de incertidumbre no se controla con firmeza el corcel del gasto público, éste se puede disparar a crecimientos del 12%, mientras los ingresos fiscales caen al 6%, con lo que en menos de un año podríamos ver evaporado el superávit presupuestario.

Ese es el gran riesgo de la irresponsable política en la que parece haberse embarcado Zapatero. Y por eso es tan importante que el Partido Popular no se deje arrastrar por el turbión de las promesas milagrosas. La derecha debe prometer lo que en conciencia crea que va a poder cumplir, en caso de gobernar, sin poner en peligro la estabilidad presupuestaria, rechazando la demagogia populista que distingue a un tipo tan vacío de sustancia como nuestro Presidente. Porque a nuestro Presidente podría salirle el tiro por la culata. La clase política española se ha acostumbrado a desconfiar del buen juicio de los ciudadanos, cuando no a considerar que se chupan el dedo. Y no es eso. A veces los votantes dan sorpresas morrocotudas a los políticos irresponsables y mentirosos.

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