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El voluntarismo es una vieja táctica del discurso político. Históricamente, muchos dirigentes lo han utilizado para lanzar soflamas y convencer a la opinión pública de que los cambios sociales son posibles con sólo desearlos. Para quienes defienden esta escuela de pensamiento, el individuo tiene suficiente capacidad para cambiar por sí solo el devenir de la historia, sin que la racionalidad o las condiciones objetivas influyan de forma determinante. El voluntarismo, de esta manera, se sitúa un paso por delante del conocimiento y de la razón, fiándolo todo a una especie de fe ciega en el comportamiento de los hombres, lo que explica que muchos movimientos fundamentalistas hayan abrazado con éxito esta forma de pensar. Tocar la luna con la mano es posible si alguien lo quiere. La luna o el paraíso, tanto da.

Si alguna categoría filosófica se le puede atribuir a Zapatero desde que se instaló en la Moncloa es, precisamente, la del voluntarismo. Ha dado suficientes pruebas de ello. Abordó la estrategia antiterrorista del Gobierno contra ETA desde la fe más que desde la razón, y lo mismo hizo al enfrentarse al modelo territorial de España. Su error fue pensar que las cosas cambiarían simplemente porque la ciudadanía lo deseaba, pero sin darse cuenta de la existencia de condiciones objetivas que impedían el nuevo tiempo.

Zapatero presentó ayer un paquete de medidas para favorecer el alquiler de viviendas junto a la ministra del ramo y, a la vista de su contenido, da la sensación de que van en la misma dirección voluntarista. Desde el punto de vista formal son impecables. Parece lógico que, si se quiere favorecer el arrendamiento de pisos que hoy están desocupados, los poderes públicos deben estar en la obligación de poner todos los medios a su alcance. Ya sea de orden fiscal o a través de ayudas directas. En este caso, los 210 euros destinados a los menores de 30 años.

A primera vista, la medida parece razonable, toda vez que si tenemos en cuenta que, según el Ministerio de la Vivienda, el precio medio de un piso alquilado en España se sitúa en 7,20 euros al mes, estaríamos antes un coste medio (para un piso de 70 metros cuadrados) de 504 euros mensuales. Si a esta cantidad le descontamos los 210 euros citados, un alquiler medio se pone por 294 euros, cifra más que razonable y que viene a suponer una tercera parte del salario de un mileurista. El coste, en cualquier caso, sería inferior a la carga financiera que hoy soporta la mayoría de las familias que han adquirido una vivienda en régimen de propiedad.

Sobre el papel, el esquema es intachable, pero es más que probable que la medida naufrague como la voluntarista Sociedad Pública de Alquiler, cuyo error conceptual es no tener en cuenta las condiciones de mercado.

Veamos. Los datos oficiales indican que en 2005 (Encuesta de Presupuestos Familiares) el 86,3% de los pisos eran en propiedad; únicamente el 9,1% eran ocupados en régimen de alquiler y el 4,6% restante había sido cedido. Una estructura verdaderamente peculiar que nos aleja de Europa, donde por regla general hay un equilibrio entre pisos en propiedad y de alquiler.

A la realidad española no se ha llegado por casualidad. Durante la República o, incluso, en periodos anteriores, había en España más pisos alquilados que en propiedad, pero desde entonces el proteccionismo franquista vendió la idea de que cada español debía ser propietario de un piso, por pequeño y malo que fuera, como lo han demostrado durante años para el horror general las viviendas obreras construidas alrededor de las grandes ciudades.

Esa política descabellada primó la propiedad frente a la racionalidad económica, y para ello se construyó un complejo sistema de ayudas y subvenciones que acabaron por convencer a los españoles de que era mejor comprar que alquilar. Organismos internacionales como la OCDE y el FMI, además de un sinfín de expertos, han reclamado al Gobierno (al actual y al anterior) que desmonte esa política de gasto público que sólo ayudan a calentar el mercado, ya que mientras desgrave la vivienda es mejor comprar que vivir de alquiler.

Y aquí está el problema. El Gobierno actúa sobre la demanda, no sobre la oferta, por lo que no parece que la situación pueda cambiar de forma relevante en un periodo de tiempo razonable. Sobre todo teniendo en cuenta que la economía española se ha metido en una peligrosa dinámica de bajos salarios que hace que la posibilidad de acceder a una vivienda, aunque sea en alquiler, sea realmente difícil. Por si alguien no lo recuerda, en 2005, último año publicado, prácticamente el total de las personas que se incorporaron como asalariados al mercado laboral (datos de la Agencia Tributaria) percibió menos de 2 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), llegando incluso a producirse una disminución en el número de asalariados que cobra más de 4 veces el SMI. Es decir, que sin salarios dignos es difícil acceder a una vivienda en alquiler.

Parece, pues, más razonable actuar desde el lado de la oferta, pero para eso es necesario que las administraciones públicas se movilicen construyendo casas destinadas al arrendamiento. ¿Quiere decir esto que debe estatalizarse la construcción de viviendas? No. Lo que quiere decir es que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben dejar de especular con el suelo y ofrecerlo gratuitamente a los promotores (públicos o privados) para que arriba se levanten pisos destinados al alquiler. Pero claro, para eso hay que ir hacia un nuevo modelo de financiación de las administraciones territoriales, algo que hoy por hoy se antoja imposible. A lo mejor se podrían destinar a ese fin los 5.700 millones de euros que cada año se gasta este país en subvencionar la vivienda en propiedad.

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