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El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) aplaudió este martes la decisión del Ejecutivo de aplicar desgravaciones y ayudas a las viviendas de alquiler, aunque matizó que estas primeras medidas orientadas a fomentar el mercado de alquiler deben verse completadas con “medidas más contundentes” que permitan luchar de manera más eficaz contra los arrendamientos sumergidos. En la actualidad, se calcula que existen alrededor de 977.306 alquileres no declarados en nuestro país, lo que representa el 60,5% del total del parque de viviendas alquiladas y unas rentas sumergidas de 1.800 millones de euros anuales aproximadamente.

El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, anunció este martes la articulación a partir del 1 de enero 2008 de desgravaciones fiscales para todos los ciudadanos que vivan en alquiler y ganen menos de 24.000 euros anuales netos, así como ayudas directas también para el alquiler para aquellos jóvenes ocupados de entre 22 y 30 años que perciban un determinado nivel de ingresos.

Con objeto de fomentar el alquiler y luchar de manera eficaz contra los arrendamientos sumergidos, los Técnicos de Hacienda solicitan, en primer lugar, un cambio normativo en la Ley de Arrendamientos Urbanos, de manera que recoja una delimitación legal mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.

En segundo lugar, plantean modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días, los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar la demanda de desahucio por falta de pago de las rentas. Este colectivo propone que en este caso, la orden de lanzamiento se expida junto con la sentencia.

Asimismo, Gestha estima necesario que los juicios rápidos sean "realmente rápidos", por lo que el Ministerio de Justicia debería aumentar el número de juzgados necesarios para que tanto la vista, como la sentencia de desahucio por falta de pago de las rentas y el lanzamiento fueran realizadas en otros quince días.

En tercer lugar, entre las medidas contempladas en la Ley para la Prevención del Fraude Fiscal, se encuentra la nueva obligación de información las empresas suministradores de agua, electricidad y gas sobre los consumos realizados en las viviendas. Por ello, los Técnicos de Hacienda consideran "imprescindible" que se autorice a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que puedan investigar estos indicios y diluciden qué vivienda es ocupada ocasionalmente por sus propietarios y cuáles esconden un alquiler sumergido.

Sacar al mercado las viviendas vacías

Los Técnicos de Hacienda opinan que esta primera batería de medidas anunciada hoy por el Ejecutivo socialista contribuirá, sin duda, a sacar al mercado de arrendamiento los tres millones de viviendas vacías que existen actualmente en España y que suponen el 13,9% del total de las viviendas principales y secundarias de nuestro país.

Además, Gestha califica de "positivo" el giro anunciado por el Ejecutivo a la política fiscal relacionada con la vivienda de alquiler, por considerar que, hasta la fecha, había impulsado en exceso las ayudas a la adquisición de vivienda en lugar de tratar de equilibrar los incentivos fiscales entre el alquiler y la compra, máxime cuando la experiencia muestra que son aquellas comunidades donde existen desgravaciones a favor de los inquilinos donde se localiza menor fraude fiscal.

En la actualidad, el fraude por alquileres no declarados asciende a una media del 60,53% en España. Las comunidades autónomas de Canarias, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla superan el 75% del fraude fiscal por alquileres de vivienda y no tienen desgravaciones fiscales a favor de los inquilinos. Por el contrario, las regiones de Castilla y León, Galicia, Asturias, Madrid y Cantabria, no superan el 60% de fraude, y tienen reconocidos los incentivos fiscales a los inquilinos.

En la actualidad, el 85% de los inmuebles del mercado español se encuentra bajo el régimen de propiedad, mientras que en el extranjero se reparte a partes iguales entre propietarios e inquilinos. Además, casi cinco millones de personas se acogen anualmente a la deducción por adquisición de vivienda con financiación ajena, de los cuales cerca de un 82% dispone de una renta inferior a 30.000 euros al año.

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