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El Gobierno y la Generalitat catalana llegaron este lunes a un principio de acuerdo para aumentar el gasto de las inversiones del Estado en las infraestructuras de la comunidad autónoma. Así, el Estado destinará el año que viene 826 más de lo previsto inicialmente hasta alcanzar una cifra total de 4.021 millones de euros, según fuentes conocedoras de las negociaciones.

Esta cifra está alejada de las demandas de ERC y CiU respeto al dinero que debía aportar el Estado a Cataluña en aplicación de lo dispuesto por el nuevo Estatuto de autonomía. Los republicanos sitúan la demanda en más de 5.000 millones de euros -de los que mil provienen de un cálculo erróneo, a su juicio, del presupuesto de este año-, mientras que CiU la eleva a 5.800 millones.

Ni el vicepresidente económico, Pedro Solbes, ni el consejero de Economía, Antoni Castells, quisieron concretar las cifras, por prudencia. No en vano el consejero explicará este martes al Gobierno catalán y a sus aliados del tripartito el alcance del acuerdo, donde el apoyo republicano pende de un hilo. Aún así, en ERC creen que, más allá del dinero, lo importante so las garantías a la aplicación de lo dispuesto por el Estatut

La norma catalana establece que la inversión del Estado en materia de infraestructuras debe ser equivalente a la aportación que hace esta autonomía a la riqueza nacional, cifrada en un 18,8% del Producto Interior Bruto, durante los próximos siete años.

El meollo del debate está en la aplicación de ese porcentaje a las inversiones de infraestructuras de cada uno de los ministerios. Solbes se zafó el año pasado de abrir en demasía la chequera al argumentar que no todas las partidas eran ‘regionalizables’. En suma, que no podía aplicar ese porcentaje más allá del dinero destinado a los ministerios de Fomento o Medio Ambiente ya que es difícil distribuir las inversiones estatales en función de los territorios. Así ocurre, por ejemplo, con la financiación de una confederación hidrográfica de un río que atraviesa varias autonomías.

Pero esta vez Castells ha conseguido que Solbes cumpla con su compromiso: que extienda la aplicación del 18,8% de las inversiones a más ministerios. Y ése es el acuerdo alcanzado: se incluirán partidas de Fomento y Medio Ambiente, además de las destinadas a nuevas tecnologías e I+D+i que están en los ministerios de Agricultura e Industria.

Castells reveló que el presidente catalán José Montilla apoya esta nueva metodología, que será aprobada por el Consejo de Ministros el próximo viernes.

Solbes reconoció que la cuantía final era "sustancialmente mayor" de la prevista, al tiempo que destacó la importancia "máxima" de este acuerdo. La razón: permite "dejar la discusión de los números, pasar de la prosa al teatro y hablar de los problemas reales, de los temas concretos y de los temas adicionales que hay que poner en marcha".

"No era un problema jurídico, era un problema político que había que resolver e intentar clarificar", agregó el vicepresidente segundo, quien consideró que el acuerdo alcanzado es "satisfactorio".

El Gobierno, según el ministro de Economía, concretará este "esfuerzo" en las infraestructuras catalanas con la "mayor lealtad y con la esperanza de que todo esto permita potenciar al máximo el potencial productivo de Cataluña". Acto seguido, sentenció: "cuanto mejor le vaya a Cataluña, mejor nos irá a todos".

Castells reconoció que la nueva metodología "va a suponer una revisión significativa al alza de la cuantía que aparecía en este presupuesto cuando se tramitó". El acuerdo contempla una serie de "cláusulas de garantía" en relación al nivel de ejecución de estas inversiones.

El conseller valoró que se han establecido "las reglas del juego" para los próximos siete años y dijo que ahora "lo importante" es dotar de "contenido" a este marco y "pasar de la cifra global a los proyectos". A su juicio, el resto de formaciones en Cataluña verán el acuerdo "con buenos ojos".

Preguntado acerca de la posibilidad de que el Tribunal Constitucional anule la disposición adicional del Estatuto de Cataluña el ministro aseguró que si se produjera esta situación "habrá que estudiar "cuáles son las consecuencias", aunque afirmó que su "punto de partida es que no es nula". No obstante, apuntó que esta disposición es "posiblemente excesiva", ya que "de acuerdo a sus características se hubiera podido producir por un instrumento jurídico de menor nivel".

La célebre disposición adicional tercera del Estatuto catalán obliga al Estado a invertir en infraestructuras, y durante siete años, el equivalente a la aportación que hace la comunidad en la riqueza nacional, al entender que ésta se vio perjudicada durante la vigencia de los fondos europeos ya que fue excluida del reparto de estas ayudas que condicionaron los presupuestos del Estado del pasado.

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