Prisa provoca un cisma en el Gobierno de Bachelet con la compra de la principal cadena de radio chilena
@Jacobo Corujeira.- 12/09/2007
La adquisición de Iberoamerican Radio Chile (IARC) por parte de Grupo Latino de Radio (GLR, subsidiaria de Prisa que aglutina los negocios internacionales de radio del grupo) ha levantado un fuerte debate en el país sudamericano sobre la concentración de la propiedad de los medios y las inversiones extranjeras en el que se ven enfrentados miembros de la Concertación, coalición que dirige la nación desde la caída del régimen dictatorial de Augusto Pinochet.
La irrupción a gran escala de Prisa en el país andino divide políticamente a la Concertación, formada por diversos partidos que van desde la democracia cristiana (DC) de los ex presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei hasta los socialistas de la presidenta Michele Bachelet. La izquierda oficialista apoya, en general, la operación de la empresa de la familia Polanco, al igual que parte de la Democracia Cristiana (Prisa ya hizo negocios en tiempos de Aylwin y Frei y de hecho Carlos Bascuñán, yerno del primero, ha sido aupado como directivo de IARC).
Aun así, el sector más importante de la DC se opone a la operación, al igual que ocurre con las formaciones situadas a la derecha del espectro político. No es casualidad que un democratacristiano (Luis Ajenjo, cuñado de la presidenta de DC y senadora de la Concertación Soledad Alvear) presida la principal competencia de Iberoamerican, Cooperativa. Desde esta emisora se informa a diario de los problemas de la operación y se lidera el movimiento de oposición a la compra.
El Senado chileno aprobó la semana pasada un proyecto de acuerdo no vinculante cuestionando la operación. El argumento central de la resolución es que el artículo 9 de la Ley de Prensa establece que se aplique el principio de reciprocidad cuando empresarios extranjeros adquieran concesiones radiofónicas en Chile. Esto se traduce en que no pueden acceder a la propiedad de medios en el país en condiciones distintas (en materia de concertación de propiedad, control del mercado, etc.) de las que podría hacerlo un chileno en sus respectivos países.
La resolución del Legislativo llega después de la sentencia favorable condicionada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), de un recurso de la Fiscalía Nacional Económica ante la Corte Suprema pendiente de resolución y del anuncio por parte del subsecretario de Comunicaciones de que se revisará la cláusula de reciprocidad con respecto al caso. La Cancillería y el Consejo de Defensa del Estado ya se encuentran estudiando la legislación española al respecto.
Competencia aprueba la operación con condiciones
La operación, cuyo monto asciende a más de 54 millones de euros, fue aceptada en primera instancia por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a finales del pasado mes de julio con una serie de condiciones. La instancia judicial acordó entonces aprobar con determinadas cláusulas la adquisición por parte de GLR, la subsidiaria de Prisa, del 100% de Iberoamerican y de participaciones en otras sociedades que controlan varias cadenas.
En total, 150 emisoras con ocho formatos distintos, de las cuales seis se encuentran en el top ten de las radios más escuchadas en Chile. Su audiencia total asciende al 38% del total de oyentes de radio a nivel nacional (un 44,7% en Santiago) y cuentan con un 37% de la ‘tarta’ de la publicidad. En algunas localidades, Prisa se haría con el 100% de las licencias de frecuencia modulada (FM), aunque el TDLC recogía en su sentencia la condición de “enajenar, renunciar o poner término a concesiones en ciudades como Iquique, La Serena, Concepción, Temuco, Villarrica, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, entre otras”.
El Tribunal obligaba en su sentencia a consultar ante la Justicia “en forma previa a la renovación de cada una de sus concesiones de radiodifusión (…), así como respecto de cualquier otra operación por la que adquiera la propiedad o control de concesiones no incluidas” en la primera consulta. La sentencia, dictada por seis ministros (magistrados), sólo contó con un voto desfavorable, el de Tomás Menchaca, que criticaba en un voto particular los riesgos de concentración en el mercado radiofónico chileno y apuntaba el motivo por el que muchos en el país sudamericano se oponen a la adquisición, esto es, que “infringiría las normas sobre propiedad o control de medios de comunicación bajo régimen de concesión”.
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