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 Francisco de Urquía (Efe)

Los pilares que sustentan la imputación del juez Francisco de Urquía como responsable de los presuntos delitos de prevaricación y cohecho parecen disiparse a medida que avanzan las declaraciones ante el magistrado Miguel Pasquau, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se instruye la causa.

Según ha sabido El Confidencial, De Urquía no compró su vivienda en abril de 2006 a la inmobiliaria Azalea Beach, cuyo dueño fue detenido meses después en la Operación Malaya, sino a un medico de Madrid que había comprado con anterioridad esta vivienda a la promotora de José Miguel Villarroya. En su última declaración Juan Antonio Roca, negó de nuevo haber pagado 63.000 euros al juez a cambio de favores judiciales por los que ambos están imputados por delitos de cohecho, prevaricación y malversación. Roca no supo explicar por qué aparecieron dos copias del contrato de compraventa en Maras Asesores, la empresa de su propiedad, y en la sociedad municipal desde la que gestionaba el urbanismo.

Según ha podido saber este diario de fuentes de la investigación, la prueba de voz que le iba practicar al magistrado no llego a producirse porque los mismos investigadores policiales reconocieron ante Miguel Pasquau que la famosa frase “Tiene que ser por querella y no por denuncia", no se ha podido determinar por parte de los peritos que perteneciese al juez porque con el ruido que había no se escuchaba bien” . Esta frase iba al hilo de la acusación que hacían al magistrado sobre su presunta actuación de quitar un programa de la televisión Tela mar que presentaba Cristóbal Toro hablando de Roca. Según ha sabido este periódico, el testimonio del ex policía Cristóbal Toro, que un principio estaba previsto por TSJA, ha sido anulado por considerarlo el tribunal innecesario.

Compañero de juzgado

Las diligencias practicadas están demostrado que las conclusiones judiciales a las que llego Miguel Ángel Torres al imputar presuntamente a su compañero de juzgado, en la presunta trama malaya fueron “precipitadas” y sin “fundamento”. y que, según siempre fuentes judiciales, “alguien quiso meterle un gol al juez y lo consiguió”.

El presidente de la Comunidad de vecinos de Azalea Beach, Fernando Blázquez, que acudió como testigo ante el TSJA, dijo “no conocer al ex asesor de Urbanismo de Marbella y, aclaró que el contacto suyo fue Francisco de Urquía, que vivía de alquiler en el piso de enfrente y le pidió ayuda para que localizase al propietario de la vivienda que vendía y el sabia que era un medico de Madrid”. La intención de Francisco de Urquia era la de realizar directamente la operación de compraventa y evitar así el pago de 6.000 euros de la comisión a la inmobiliaria que la vendía. Al acto de la entrega asistió Fernando Blázquez, y presenció como el juez hizo entrega de los primeros 60.000 euros, y no 63.000 como aparece registrado en la causa judicial. La vivienda fue comprada por De Urquía a la sociedad Sanitaria 200 S.L, con domicilio social en calle Juan Bravo 21, de Madrid, actuando como administradores solidarios Pilar Calbarro y José María Pino.

Fuentes de la investigación aseguran que si las pruebas en las que se basan las investigaciones “siguen diluyéndose de esta manera” el caso podría estar archivado en menos de un mes.

El juez quiere volver a su puesto

Los comentarios sobre este juez han sido desde su destitución provisional de lo más versátiles. Unos destacaban su simpatía arrolladora, su capacidad de seducción y su personalidad magnética. Otros le han convertido en el icono de los “excesos de las noches marbellíes”, una especie de Casanova con espíritu altruista que se paseaba de la mano de cualquier fémina.

Pero poco se sabe en realidad de este juez, que es el hermano mayor de una familia acomodada de Alicante, donde su padre ejerce como magistrado de la Audiencia Provincial y su hermano como abogado.

Ríos de tinta se han vertido obre sus aficiones, pero su pasión mas cercana actualmente es su “bebe de ocho meses”, una colección de DVD de cine y una extensa biblioteca que ocupa gran parte de su salón.

De Urquía inició su carrera en la judicatura hace ocho años, y llegó a Marbella tras pasar por los juzgados de Elche, Vélez y Talavera de la Reina. Al igual que otros jueces de Marbella, también ha instruido casos por delito urbanístico, en los que figuran Julián Muñoz, Juan Antonio Roca, la ex alcaldesa Marisol Yagüe y el edil Rafael Calleja como imputados. También recayó en su juzgado las presuntas irregularidades denunciadas por un sindicato en las oposiciones a subinspector de la Policía Local de Marbella, que la Audiencia de Málaga acabó finalmente archivando. El juez suspendido también procesó por un presunto delito de homicidio imprudente a un policía local por la muerte de un ciudadano belga al que trataba de reducir en la calle.

Las diligencias penales abiertas por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA contra Francisco Javier de Urquía se producen a partir del informe remitido por el instructor del 'caso Malaya', Miguel Ángel Torres, que recoge una investigación policial en la que su compañero aparece relacionado con los implicados de la trama de corrupción mediante supuestos sobornos. Al tener Francisco Javier de Urquía condición de aforado (por su cargo de magistrado), el juez Torres decidió remitir el documento policial al órgano competente. Desde entonces los dos jueces no han vuelto a mantener ningún tipo de contacto después de que “Miguel Ángel Torres sin comunicárselo al que fue su compañero de piso en las oposiciones de la judicatura en Barcelona pasase la Instrucción al CGPJ sin mencionárselo al interesado”.

Otra de las imprecisiones que se han publicado en la prensa (ya que hasta el nombre de la letrada que hace esta denuncia no es tal: figura Inmaculada Galván y quieren decir Inmaculada Gálvez) y que el entorno de Urquía desmiente al cien por cien, es que el magistrado pidiese a la presunta letrada que retirara la imputación que había solicitado a Torres contra Juan Antonio Roca, cerebro de la trama corrupta marbellí, y se la trasladará a él. Ni siquiera el propio TSJA ha estimado esta declaración por considérala sin fundamentos. Actualmente el juez vive con el 75% de su sueldo base esperando que el Tribunal tome una resolución favorable y poder seguir ejerciendo su oficio de juez.

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