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El PP presentó este miércoles un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo, según anunció su secretario ejecutivo de Comunicación, Gabriel Elorriaga, quien denunció que la política de suelo y vivienda del Gobierno es un "inmenso fracaso". Elorriaga, en rueda de prensa, informó de que su partido ha presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional porque la ley expropia la tierra a los agricultores sin compensaciones justas y propone precios significativamente inferiores a los manejados en el mercado actual.

En su opinión, la ley del suelo, aprobada recientemente por el Ejecutivo, perjudica a los agricultores y obedece a la improvisación electoral.

Elorriaga también aprovechó para afirmar que la norma pone de manifiesto el "inmenso fracaso" de la política de vivienda del Gobierno socialista, una política que aumenta la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes. Las últimas propuestas en materia fiscal propuestas por la nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, van en contra de las medidas desarrolladas hasta por el Ejecutivo y las del propio programa electoral del PSOE, recalcó el dirigente popular.

Concluyó que la ley del suelo es producto de la "improvisación" tiene carácter "preelectoral", es "incoherente" con los postulados del PSOE y está "abocada al fracaso".

En su recurso ante el Constitucional, el PP impugna diez preceptos de la Ley del Suelo y su disposición transitoria, según detalló Elorriaga, quien dijo que con esta iniciativa el PP quiere apoyar a las asociaciones agrarias, que han manifestado su oposición a las expropiaciones de tierras que propone la norma.

El PP manifiesta en su recurso que la aplicación de la ley legitima la expropiación de fincas rústicas sin garantizar a los agricultores una compensación proporcional y justa. Considera inconstitucional el método de valoración del suelo rural establecido en el artículo 22, en el que se fija que los terrenos se tasarán mediante capitalización de su renta anual real o potencial.

Elorriaga recordó que el PP votó en contra de la Ley durante su tramitación parlamentaria al considerarla intervencionista, carente de mecanismos eficaces para abaratar el coste de los suelos urbanizables y que invadía las competencias de las comunidades.

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