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 Pedro Solbes.

La célebre disposición adicional tercera del ‘Estatut’ obliga al Estado a invertir en infraestructuras en Cataluña -durante siete años- lo mismo que pesa la economía catalana en el conjunto del país. Es decir, con datos de 2006, y según la Contabilidad Regional de España, un 17,7%.

Hasta aquí la legislación, pero el problema es mucho más complejo que la simple publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado. Tanto es así que los políticos no sólo no se ponen de acuerdo sobre qué debe entenderse como “inversión en infraestructuras”, sino que ni siquiera los expertos reunidos recientemente por la Cámara de Comercio de Barcelona han sido capaces de resolver el enigma.

El informe de la Cámara se presentó en junio pasado, y algunos de sus ponentes llegaron a la conclusión de que, desde el punto de vista académico, el problema no tiene solución, ya que se trata de una cuestión puramente política, y como tal debe resolverse en esos términos. En palabras de Ángel de la Fuente, investigador del CSIC y miembro del grupo de expertos, “los economistas usamos el término infraestructuras para referirnos a cosas muy distintas. No hay una definición precisa y comúnmente aceptada del término”.

Esta razón es la que explica que, por el momento, las discusiones entre la Administración central y el Gobierno catalán hayan encallado, hasta el punto de que no parece que puedan producirse aproximaciones antes del 30 de septiembre, que es cuando Pedro Solbes debe presentar el proyecto de Presupuestos en el Parlamento.

Dos definiciones muy distintas

Economía, según la Cámara de Comercio, sostiene que las inversiones en infraestructuras a las que hace referencia el ‘Estatut’ se limitan, exclusivamente, a las inversiones reales y las transferencias de capital destinadas a infraestructuras de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, más lo que gasten las empresas y organismos públicos dependientes de ambos departamentos.

La parte catalana, en línea con lo que sostiene la Cámara de Barcelona, interpreta, por su parte, que el término ‘infraestructuras’ tiene que ver con el conjunto de instalaciones públicas (edificios, terrenos u equipamiento físico) asociado a la producción de servicios públicos. Es por ello que en ese concepto incluyen las infraestructuras sociales, tales como colegios. hospitales, prisiones, comisarías o juzgados; además de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas, telecomunicaciones o inversiones en infraestructuras energéticas.

Hay, por lo tanto, fuertes discrepancias sobre la aplicación de la norma estatutaria, y nada indica que pueda haber una aproximación a corto plazo. Sobre todo teniendo en cuenta que, incluso tomando como referencia el criterio ‘restrictivo’ del Ministerio de Economía, las inversiones del Estado para el año 2008 se quedarán muy lejos de lo que proclama el ‘Estatut’.

La inversión estatal en Cataluña (incluyendo todos los agentes del gasto) supondrá este año, según los presupuestado, el 13,9% del total, lo que significa 3,8 puntos menos de lo que establece el Estatuto de Cataluña. Teniendo en cuenta que la inversión total del Estado asciende a pocos más de 21.300 millones de euros, se estaría hablando de incrementar la cuantía destinada a Cataluña en unos 800 millones de euros que, lógicamente, para no alterar el objetivo de estabilidad presupuestaria, deberían salir de otras partidas.

Una cantidad pequeña respecto al conjunto del Presupuesto que, sin embargo, aparece como insalvable a efectos políticos, toda vez que la parte catalana está empeñada en discutir más de criterios que de cifras, como a menudo ha expresado el conseller de Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells. Y discutir sobre criterios significa abordar la definición del término ‘infraestructuras’, sobre cuyo significado nadie se pone de acuerdo.

En términos per cápita -otra de las variables que suelen utilizarse a la hora de evaluar el esfuerzo inversor del Estado- los datos indican que el gasto medio por habitante en 2007 en España asciende a 477 euros, quedando por detrás Cataluña (415 euros), pero también Madrid (435 euros). Por razones geopolíticas, Ceuta (906) y Melilla (875) es donde el esfuerzo inversor del Estado es mayor, seguidas de Asturias (863), Aragón (825) y Castilla y León (747), mientras que las regiones pero tratadas son Baleares (217), País Vasco (224), Navarra (233) y Canarias (275).

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