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 Elena Salgado, ministra de Administraciones Públicas.

La crispación política -que ha envenenado la vida parlamentaria desde prácticamente el primer día de legislatura- no se ha traslado, de ningún modo, al ámbito jurisdiccional. Tanto es así que hasta fechas muy recientes -el pasado 30 de junio- los litigios entre el Estado y las 17 comunidades autónomas han caído a niveles históricos.

Los datos aparecen en el último informe sobre conflictividad institucional elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas, en el que se pone de relieve que durante la actual Legislatura (la octava) la conflictividad planteada por alguna de las dos partes se ha reducido a 54 asuntos. Es decir, apenas la cuarta parte de los 217 litigios que se ventilaron durante la anterior legislatura. Y muy lejos, igualmente, de los 141 que se registraron durante la primera legislatura de José María Aznar (1996-2000). Desde 1979 -cuando echó a andar el actual modelo autonómico- nunca antes había habido menos litigiosidad, salvo en la última época de Felipe González, si bien hay que tener en cuenta que aquella legislatura se acortó en el tiempo y duró únicamente tres años por falta de mayoría suficiente para gobernar.

La escasa conflictividad institucional durante el Gobierno Zapatero tiene mucho que ver con el fin de la estrategia política diseñada por los gobiernos autonómicos con mayoría socialista durante las dos últimas legislaturas. Durante ese periodo, las regiones gobernadas por el PSOE articularon su oposición al Gobierno central del PP mediante la presentación de innumerables recursos e impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. Los datos no dejan lugar a dudas sobre esta estrategia.

De los 70 desestimientos que se han producido a lo largo de la actual legislatura socialista -las comunidades autónomas recurrentes rehúsan a seguir litigando- nada menos que 55 corresponden a regiones con mayoría del PSOE. A la cabeza de ellas, Andalucía, que en lo que va de legislatura ha desistido de continuar pleiteando en 33 asuntos. Le siguen Aragón (8) y Castilla-La Mancha, que ha renunciado a seis contenciosos.

El Gobierno central, por su parte, también ha hecho borrón y cuenta nueva, y desde las elecciones del 14 de marzo ha desistido en 36 ocasiones a seguir litigando. El primer desestimiento –que se vendió políticamente como la prueba de un nuevo clima de entendimiento- tuvo que ver con la ley andaluza que regula la investigación con preembriones humanos no viables para fecundación in vitro.

Clima de entendimiento

Ese ‘nuevo clima’ de mayor entendimiento entre las regiones y el Ejecutivo se observa de una manera mucho más nítida si se tiene en cuenta que a lo largo de 2007 únicamente han entrado en el Tribunal Constitucional dos pleitos entre Gobierno y autonomías. Muy lejos de los 14 que se registraron el año pasado o de los 22 conflictos y recursos que se produjeron en 2005.

En ello ha tenido mucho que ver, sin lugar a dudas, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional -aprobada durante esta legislatura-, y que habilitó una serie de mecanismos para evitar que los conflictos entre Estado y comunidades autónomas colapsen el Alto Tribunal.

Los temas conflictivos se ventilan ahora con carácter previo en una Comisión Bilateral de Cooperación, y sólo si continúan las discrepancias (en cualquier caso antes de nueve meses desde la promulgación de la Ley) el asunto llega al Tribunal Constitucional. Aun así, y dada la enorme conflictividad de épocas anteriores, lo cierto es que el TC todavía tiene pendiente de dictar sentencia sobre 208 litigios entre CCAA y Estado, algunas de ellas se demoran ya 10 años.

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