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El socialista Antonio Costa es desde este miércoles el nuevo alcalde de Lisboa después de tomar posesión del cargo y alcanzar un pacto con el Bloco de Esquerda que puso como condición que fuese obligatorio que el 25% de las nuevas viviendas en la capital lusa se vendiesen a un precio controlado. Ahora la polémica está abierta, ya que los constructores tachan de ilegal esta medida.

Los socialistas aceptaron todas las condiciones impuestas por José Sá Fernandes, un independiente apoyado por el Bloco de Esquerda, lo que ha permitido que Antonio Costa asumiese la alcaldía y le ayudará a gobernar, aunque con mayoría simple, a no ser que logre que la candidata independiente y ex militante socialista Helena Roseta suscriba también un pacto postelectoral.

Pero nada más llegar a la Cámara Municipal, Antonio Costa ya tiene la polémica sobre la mesa. El nuevo alcalde aceptó una de las condiciones más polémicas de Sá Fernandes que busca ayudar a habitar Lisboa, ya que la capital lusa está prácticamente deshabitada, en especial su casco histórico, que sólo cuenta con medio millón de personas residentes. Por ello, se ha optado por obligar a los constructores y promotores inmobiliarios de la ciudad a vender o alquilar al menos el 25% de sus nuevas promociones a costes controlados, es decir, por debajo del precio del mercado.

Los constructores amenazan con ir a los tribunales

Esta medida ya ha sido contestada por los constructores civiles de Lisboa que han amenazado con recurrir a los tribunales si el Ayuntamiento lisboeta avanza con esta idea. El presidente de la Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas (AECOP), Joaquim Carlos Fortunato, indicó que "esta política sólo tiene sentido en un régimen como el que existe en Cuba". "Una medida como ésta vulneraría todas las reglas de la economía de mercado, de transparencia y de competencia, y por eso no creemos que eso sea posible", afirmó el responsable, que se mostró incrédulo con la aprobación de esta medida, pero, de ser así amenaza con llegar a los tribunales.

El presidente de la AECOP recordó a los responsables municipales que "nosotros estamos en la ciudad de Lisboa, no estamos en La Habana, no estamos en Cuba, y si eso avanza recurriremos a los tribunales porque no nos parece legal cualquier medida que fije los precios de las casas". Esta política de control de los precios de las viviendas también fue contestada por el concejal electo socialdemócrata, el principal partido de la oposición municipal, Fernando Negrao. En su opinión la intervención del Ayuntamiento en este asunto solamente puede realizarse a través de la Empresa Pública de Urbanización de Lisboa (EPUL) y no a través de los constructores privados.

Además, del precio controlado de las viviendas, en el acuerdo político alcanzado entre socialistas y Bloco también está la garantía de que no habrá nuevas construcciones en la ribera del río, la cancelación de la permuta sobre Bragaparques -el escándalo urbanístico que provocó las elecciones anticipadas y que fue destapado por Sá Fernandes, quien fue objeto de un intento de soborno-.

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