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 El etarra detenido, Juan Cruz Maiza Artola. (Efe).

Y cayó el tercero. La detención ayer del jefe del aparato logístico de ETA, Juan Cruz Maiza Artola, alias Lohi, eleva a tres el número de interlocutores de la banda en las frustradas conversaciones con el Gobierno que ya han caído en manos de la Policía francesa. Así lo han confirmado a El Confidencial fuentes conocedoras del desarrollo del proceso de paz, que afirman que con anterioridad ya habían caído otros dos destacados integrantes del equipo negociador de la organización terrorista: Ramón Sagarzazu Gaztelumendi e Ion Iurrebaso.

Sagarzazu fue detenido el 23 de mayo de 2005 en una vivienda de la localidad francesa de Romans-sur-Isère cuando se encontraba acompañado de otros dos supuestos etarras, Oier Goitia Abadía y el francés Bernard San Sebastián. En su día, el Ministerio del Interior español destacó que los tres estaban integrados en el denominado aparato internacional de la banda armada con la misión de coordinar las actividades de ETA en todo el mundo, así como el control de sus militantes refugiados en Hispanoamérica y otros países. Sin embargo, en aquel momento, Sagarzazu era algo más y, según las fuentes consultadas por este diario, tenía un papel relevante en el equipo de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, que en aquellos momentos preparaba el que iba a ser el primer encuentro en la sombra con emisarios de Moncloa.

Su detención no frenó el incipiente proceso, pero sí sirvió para que el 21 de junio de ese mismo año, en el Hotel Wilson de Ginebra (Suiza), el número 1 de ETA recriminara a su interlocutor, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, una detención que, le espetó, hacía más difícil el camino que iban a iniciar. El reproche no cogió desprevenido al dirigente socialista, ya que en un anterior encuentro con Arnaldo Otegi, dentro de la larga serie de reuniones secretas con Batasuna que propiciaron el proceso de paz, el líder de la izquierda abertzale ya le echó en cara la actuación de la Policía francesa, fruto de la colaboración con la española.

El segundo interlocutor detenido fue Ion Iurrebaso, capturado por agentes galos el 27 de marzo de 2007 en la localidad de Périgueux (suroeste de Francia). Aunque entonces los contactos entre el Gobierno y ETA estaban supuestamente suspendidos tras el bombazo de Barajas, el diálogo entre ambas partes se mantenía en la sombra en busca de una solución que permitiese rescatar un proceso de paz que había quedado aparentemente enterrado bajo los cascotes de la T-4. En esa labor estaba Ion Iurrebaso, según las fuentes consultadas, cuando fue detenido. “Era del equipo B de los negociadores de ETA”, aseguran a este diario las fuentes consultadas, que añaden que el etarra había intervenido en una cita celebrada ese mismo mes para preparar el que finalmente sería el último encuentro, el de mediados de mayo, que precedió al comunicado de fin del “alto el fuego permanente”.

Cuando fue detenido, Iurrebaso viajaba hacia el norte de Francia acompañado de otro etarra, Kepa Suárez, quien realizaba funciones de guardaespaldas. Al darle el alto la Policía francesa, el negociador de la banda se autoproclamó delegado de ETA en las negociaciones y esgrimió un papel con cuatro números de teléfonos móviles -dos de Francia y dos de España- de supuestos contactos en los Ejecutivos de París y Madrid que darían por buena su versión y le facilitarían seguir el camino. Los agentes no hicieron caso y lo detuvieron. Posteriormente se supo que uno de los teléfonos correspondía a la mano derecha de Nicolas Sarkozy cuando estaba al frente del Ministerio del Interior francés. Los propietarios de los otros tres siguen siendo un misterio, aunque la Justicia gala ha abierto un sumario para averiguar sus propietarios y ha pedido la colaboración de la española.

La detención de Iurrebaso también provocó tensiones en las entonces maltrechas relaciones que aún mantenían emisarios de Moncloa y dirigentes de ETA, por un lado, y el PSE con Batasuna por otro. La banda armada llegó a poner la detención de su interlocutor como ejemplo de que el Gobierno español no tenía intención de negociar nada e insistió ante los mediadores internaciones que con acciones así era imposible sacar del colapso en el que ya entonces estaba sumergido al proceso de paz. Los etarras insistieron que en la reunión que ambas partes habían celebrado en junio de 2006 -y en la que se trataron detalles técnicos de los encuentros- el Gobierno se había comprometido a dotar de salvoconductos a los negociadores de la banda y que éstos les facilitaron dichos teléfonos con tal fin, como adelantó El Confidencial en su edición del pasado 18 de abril (ver noticia).

Precisamente en los últimos encuentros celebrados entre el Gobierno y ETA, y que tuvieron lugar entre el 14 y el 16 de mayo en la ciudad suiza de Ginebra participó Juan Cruz Maiza, el veterano terrorista detenido ayer. Los servicios de la lucha antiterrorista sitúan a Maiza Artola al frente del aparato logístico de la banda. De hecho, el Tribunal Correccional de París le juzgó en rebeldía en el año 2005 y le condenó a nueve años de cárcel por ejercer dicho papel. La principal prueba en su cargo fue el hallazgo de sus huellas en varios zulos usados por ETA en Francia y descubiertos en octubre de 2004. El propio Alfredo Pérez Rubalcaba destacaba su peso dentro del organigrama y calificaba ayer su detención como una “fuerte pérdida” para la banda.

Sin embargo, las fuentes conocedoras del proceso del diálogo entre el Gobierno y la banda aseguran a este diario que el veterano terrorista era algo más que el jefe de logística y aseguran que participó en varios de los encuentros con emisarios del Ejecutivo antes y después del atentado de la T-4. Éstas le sitúan, en concreto, en el que se celebró a mediados de diciembre -al que ya no fue Ternera- y en el último de mayo, aunque aseguran que él no llevaba la voz cantante. Esa función la realizó Jon Salaberría, un ex parlamentario de Batasuna que permanece huido de la Justicia desde mayo de 2005, cuando no se presentó a una citación de la Audiencia Nacional para que declarase como imputado en el sumario 35/02, en el que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda a través de las herriko tabernas. Desde entonces existe una orden internacional de busca y captura.

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