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 El presidente del TS y del CGPJ, Francisco José Hernando

Una de cal y otra de arena. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomó ayer dos decisiones: por un lado, tal y como destacó la prensa tradicional, acordó por unanimidad expedientar al juez homófobo de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, que apartó a una madre de sus hijas por ser lesbiana. Por el otro, sin tanta pompa mediática, acordó archivar la investigación abierta sobre los supuestos regalos e invitaciones de la promotora Aifos a jueces.

El portavoz del órgano judicial, Enrique López, justificó el archivo de la investigación al estimar que no había ningún tipo de responsabilidad en los jueces, ya que "de los cinco magistrados, tres no habían recibido regalos y en dos [el Presidente de la Sala de lo Social del TSJA, Francisco Javier Vela Torres y el Presidente de la Sección cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, Manuel Torres Vela] se trató de un obsequio de un familiar" que trabajaba en la asesoría jurídica de Aifos.

Los ‘obsequios’, según consta en el sumario del Caso Malaya que instruye el magistrado del Juzgado número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, consisten, cada uno, en una estancia para dos personas en el Hotel Guadalpín de Marbella, que incluye un circuito de hidroterapia, un masaje antiestrés y tratamiento facial. Invitación vip valorada en el sumario en 470 euros. Los nombres de ambos magistrados figuran tanto en las listas de regalos navideños -cestas y jamones de entre 170 y 200 euros- como en las de las invitaciones al hotel.

“Los jueces tienen terminantemente prohibido recibir regalos durante el ejercicio de sus funciones, extremo por el que se les puede imponer una sanción disciplinaria”, han explicado a este diario fuentes judiciales consultadas. Éstas han calificado, asimismo, de “dudoso” y “preocupante” el hecho de que el propio juez Torres haya recibido un homenaje por parte de la ex comisión gestora de Marbella, días antes de que este órgano municipal cesara en sus funciones.

Según publicó Diario Sur, el CGPJ pidió informes al Ayuntamiento de Marbella por dicho acto, consistente en la Medalla de la Policía Local de Homenaje y Colaboración en reconocimiento a la labor desarrollada por el magistrado en el desmantelamiento de la red de corrupción municipal.

Las pesquisas las llevó a cabo el Servicio de Inspección del CGPJ, que pide al ayuntamiento de Marbella la confirmación de si tal medalla fue concedida a propuesta del jefe accidental de la Policía Local, Rafael Mora, que sustituyó a titular, Rafael del Pozo, quien había sido suspendido al estar imputado en el caso que instruye el magistrado.

Otra pregunta clave es si fue la gestora municipal la que concedió la medalla al juez Torres y si ésta se había personado como acusación particular en ese caso, ya que el ayuntamiento de Marbella había sido disuelto.

La medalla marbellí que recibió Torres no cuenta con pensión. En cambio, sí que tiene pensión la condecoración que recibió del ministerio del Interior: la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, lo que conlleva un aumento salarial vitalicio del 10%.

Con buena estrella

La buena estrella del juez Torres con el archivo de las investigaciones sobre su ejercicio profesional viene de largo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha archivado ya al menos tres diligencias contra el magistrado relacionadas con los casos Malaya y Ballena Blanca.

En cambio, el CGPJ se centró ayer en el magistrado que retiró a una madre la custodia de sus dos hijas por ser lesbiana. La Comisión Disciplinaria decidió ayer incoar expediente contra Fernando Ferrín, titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, “por la posible comisión de una falta grave prevista en el artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consistente en la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico”.

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