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Un nuevo cruce de las cosas de Dios con las del César. En plena campaña de los obispos contra la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, nos sale al paso una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula el despido de una profesora de Religión. Por vivir con un hombre que no era su esposo, según el Obispado.

En este caso la colisión entre ciudadanía y práctica religiosa es singular. Al tratarse de la Iglesia Católica, especialmente protegida en nuestro país en un marco concordatario, resulta que a los profesores de Religión los contratan o los despiden los obispos, pero sus sueldos corren a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Curioso ¿verdad? Cosas de la Santa Madre Iglesia, que priva de su modesto salario a una profesora por vivir en pecado mientras paga cantidades millonarias en la COPE a un agnóstico y a un creyente de confesión ajena.

Tómese la alusión como dato objetivo para formar criterio y no como un ataque, que sería oportunista, a mis colegas Jiménez Losantos y César Vidal, los dos comunicadores más famosos de la cadena episcopal. Además, el dinero sale del bolsillo de los obispos. Allá ellos. No como en el caso de los profesores de Religión, elegidos por los obispos (hace falta una “declaración de idoneidad eclesiástica”), pero pagados por todos los contribuyentes.

A lo que íbamos. No me extraña la oposición de la Iglesia a que se enseñe Ciudadanía en las escuelas. Al tribunal canario le ha tocado ahora impartir esta clase de magisterio. Porque imparte una lección de ciudadanía al declarar nulo el despido por vulneración de los derechos fundamentales de la profesora, María del Carmen Galayo (prima de un dirigente del PP de Canarias, por cierto). Concretamente, el derecho a la intimidad. El choque de los dos ámbitos de actuación es palmario. Lo que para el obispo canario es vivir en pecado -motivo del despido- para el Estado es el simple ejercicio de un derecho fundamental.

Nadie lo ha explicado mejor que la propia ex profesora: "Soy española, no una ciudadana del Vaticano". Es la forma más sencilla de referirse a esta importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que condena al Obispado a indemnizar a Galayo con 10.385,49 euros por "daños materiales" y a otros 6.010,12 euros "por daños morales". Aunque si se trata de evitar que el escándalo vaya a más, supongo que al Episcopado Español no le importará arreglarlo con dinero, siguiendo el ejemplo de la Archidiócesis de Los Ángeles (California), que pactó un arreglo económico con antiguas víctimas de los abusos sexuales cometidos por más de doscientos sacerdotes.

Sin embargo, el asunto no parece cerrado. Entre otras cosas porque, dicho sea de paso, también estamos ante un varapalo al Tribunal Constitucional. Cierto. En febrero de este año rechazó la cuestión previa de inconstitucionalidad presentada por el tribunal sentenciador, si bien no cerró la puerta a la tramitación del proceso en relación con el despido de la profesora ya hace siete años. Es lo que ahora se acaba de resolver, aunque todavía cabe un recurso del Obispado ante el Supremo. Y si lo ganara, la profesora ya ha anunciado su intención de presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Sería muy útil, llegado el caso, disponer de la jurisprudencia del alto tribunal a fin de ilustrarnos sobre esta y otras contradicciones que suscita la aplicación de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 a la luz de la Constitución Española. La única luz que debe iluminar a los doce magistrados encargados de interpretar la ley de leyes. Y a los jueces en general.

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