Votar esta noticia

Resultado (30 Votos)

Al calor de una animada tertulia radiofónica se felicita un colega por la saludable reacción social contra la sentencia del juez murciano que retira a una madre la custodia de sus dos hijas. "Porque está demostrado que la mujer es lesbiana", dice el insensato, en flagrante desacato de un principio básico: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

El insensato es el juez, que se pasa por el arco del triunfo este mandato constitucional. No el colega, que ayer detectaba en el estupor de la opinión pública un síntoma de vigor social. En nombre de unos valores de estricta aplicación en el ejercicio de la ciudadanía, añado. No necesariamente en la práctica de una determinada confesión política o religiosa, cuyos valores se cultivan, se difunden o se transmiten, por ejemplo, para la salvación del alma o la conquista del poder.

Uno puede compartir o no esos objetivos. Cualquier objetivo ligado a una concreta marca política o religiosa es opcional. Pero no lo es la aplicación de la ley, como valor básico de ciudadanía. Mucho menos si se trata de la Constitución, la ley de leyes. Y menos aún en el caso de un juez, un funcionario al que los poderes públicos encomiendan la tarea en nombre de la soberanía nacional.

Por ese registro salió ayer el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al acusar al magistrado de utilizar conceptos inconstitucionales en la redacción de la sentencia. Además, confirmó que se ha abierto el consabido expediente en los servicios de inspección del Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, el ministro, muy prudente -lógico, en régimen de separación de poderes-, se ciñó a las generales de la ley. "Espero que todo se aclare con los mecanismos del ordenamiento jurídico", añadió. O sea, el correspondiente juego de recursos para que el desvarío o la extravagancia tengan poco recorrido en nuestro sistema judicial. Por suerte, ni la sentencia es irreversible ni este juez es la Judicatura.

En su comentadísima sentencia, don Fernando Ferrín Calamita -los agudos columnistas no han perdido ocasión de sacar partido de su segundo apellido, claro-, se olvida del cumplimiento de la ley para firmar lo que, más que una exposición de motivos previa al fallo judicial, es una extravagante confesión de sus particulares ideas. Opcionales, por supuesto. Legítimas pero irrelevantes en el ejercicio de su función pública y tasada. La estirpe de esas ideas, política o religiosa, no hace al caso. Como anotaciones marginales pueden darnos alguna pista sobre el personaje, pero están de más en una sentencia.

A nadie le importa en ese contexto, el de la redacción de una sentencia, la opinión de Ferrín Calamita sobre los gays, las lesbianas, los protestantes, los fachas, los progres, los blancos o los negros. Son elementos diferenciales que no cuentan a efectos legales: raza, religión, ideas, edad o sexo. Nadie puede ser discriminado por ellos. Por expreso mandato del artículo 14 de la Constitución Española, que inspira a su vez todas las leyes de nuestro ordenamiento. También la regulación del matrimonio homosexual y el derecho de familia. Y, faltaría más, toda la normativa legal en materia de custodia de los hijos de padres separados o divorciados.

Votar esta noticia

Resultado (30 Votos)

Enlaces patrocinados

El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusión de comentarios no apropiados o insultos. El horario del foro es de 07:00 a 23:00 h, con horario restringido a los invitados de 10:00 a 19:00 h. Fuera de ese horario no se incluirán opiniones.

Ver más comentarios    Deja tu comentario

Religión y Ciudadanía: absurdo debate sobre el cumplimiento de la ley(24/07/2007)

Jesús de Polanco: la muerte de un compromiso con la democracia(23/07/2007)

Piqué se marcha cansado de ser el patito feo del PP(20/07/2007)

DOS PALABRAS

Zapatero, como Juan Palomo: “Yo me lo guiso, yo me lo como”  Federico Quevedo

TRIBUNA

Sarkozy, presidente de la UE: la arrogancia y los zapatos con alza no bastan  Aurora Mínguez (Berlín).-