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 Miguel Ángel Torres.

Mil millones de euros es la fianza que el juez instructor del Caso Malaya, Miguel Ángel Torres, ha impuesto al presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca. La multa es de 500 millones para sus gestores, y de 100 millones para sus testaferros, como Montserrat Corulla. El empresario más perjudicado de los 86 procesados es Ávila Rojas, quien deberá pagar 50 millones de euros. En total, las fianzas exigidas a los encausados, para cubrir sus responsabilidades civiles, superan los 5.200 millones de euros.

Así lo ha puesto de manifiesto el magistrado del Juzgado número 5 de Marbella en un auto de procesamiento de 450 folios, al que ha tenido acceso este diario, en el que llama la atención la ausencia de Isabel Pantoja, que quedaría imputada en un procedimiento aparte, relacionado con el presunto blanqueo de capitales llevado a cabo por su pareja, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz. Éste, junto a Roca y al ex primer teniente de alcalde Pedro Román, deberán seguir en prisión preventiva. Torres considera, asimismo, que es preciso mantener la situación de busca y captura con orden de detención europea tanto para el ex concejal Carlos Fernández como para José Manuel Carlos Llorca y Alberto Héctor Pedronzo.

La fianza que deberá para Roca es de 1.000 millones de euros, “partiendo de que él mismo reconoce que su patrimonio es de unos 120 millones de euros, de que éste en realidad es muy superior a dicha suma, de que en sólo dos años ha recaudado en virtud de los presuntos cohechos más de 30 millones de euros, que los beneficios obtenidos con las permutas muy superiores, que sólo en cuadros consta haber gastado más de 30 millones de euros, que atendiendo a su patrimonio las prácticas de cohecho y del posterior blanqueo deben de ser muy anteriores a la moción de censura”, reza literalmente el auto.

Para sus “fiduciarios y gestores”, como Manuel Sánchez Zubizarreta, Francisco Soriano Zurita, Francisco Antonio Soriano Pastor, Manuel Sánchez Martín, Óscar Benavente Pérez y Salvador Gardoqui Arias, “la suma debe ser por el blanqueo de 500 millones de euros a cada uno de ellos, cálculo por cierto bastante moderado, atendiendo al valor probable del patrimonio ilícito blanqueado por cada uno de ellos que en cualquier caso ha superado un tercio o la mitad de esa suma”, afirma Torres. El juez solicita, además, 100 millones de euros a Monserrat Corulla, Miguel Pérez, Gonzalo Astorqui y Julio Blasco, y la mitad de esta cifra al abogado Juan Hoffmann.

Rojas, el empresario peor parado

En relación a los empresarios procesados, cabe resaltar la fianza solicitada a José Ávila Rojas, que asciende a 50 millones de euros, y las impuestas a Andrés Liétor y Carlos Sánchez por un valor de 20 millones, mientras que para los cuatro directivos de Aifos encausados el juez solicita 12 millones, al igual que para el promotor Fidel San Román.

Por su parte, los galeristas de arte Alberto Héctor Pendronzo y Jean Leopold Fournets deberán abonar unas fianzas de 40 y 16 millones de euros, respectivamente. La cantidad más alta para cubrir las responsabilidades civiles en el caso de ex concejales corresponde a la exigida al ex primer teniente de alcalde Pedro Román, por un importe de 15 millones de euros, la misma cifra que se demanda a la hija de éste.

La fianza fijada por el instructor del Caso Malaya para la ex alcaldesa Marisol Yagüe es de 4 millones de euros, mientras que el ex regidor Julián Muñoz y la que fuera primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, ambos imputados en procedimientos aparte, deberán abonar 1,2 millones y 400.000 euros, respectivamente.

De este modo, tras la incoación del sumario, y una vez dictado el auto de procesamiento comienza la segunda fase de la instrucción del caso Malaya, por la que serán citados nuevamente ante el juez los 86 procesados en esta causa. En dichas comparecencias, el instructor del proceso notificará el auto a cada uno de los encausados y, por su parte, sus defensas tendrán la oportunidad de solicitar nuevas pruebas.

Una vez completado este proceso, el magistrado elaborará el auto de conclusión del sumario, y el procedimiento pasará a la Audiencia Provincial de Málaga, que dará traslado al Ministerio Fiscal para que lleve a cabo las acusaciones y cite a los letrados para la presentación de los escritos de defensa antes del señalamiento del juicio.

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