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La Policía está cerrando también su investigación sobre el Caso Malaya, la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, después de que el juez instructor del mismo, Miguel Ángel Torres, haya concluido la instrucción de la causa.

El comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Málaga, Juan Jesús Peñalver, informó este miércoles a los periodistas de que ayer se reunió con los investigadores de este cuerpo encargados del caso y explicó que "prácticamente nosotros estamos cerrando también".

El magistrado incoó sumario de la causa al considerar que los principales imputados formaban una organización dedicada a un delito continuado de blanqueo de capitales, lo que supone que podrían ser condenados a más de nueve años de prisión.

La incoación de sumario supone transformar las diligencias previas instruidas hasta el momento en el Caso Malaya en un nuevo procedimiento que incluye la citación de todos los procesados en la causa y la posibilidad por parte de sus defensas de solicitar nuevas pruebas.

Una "estructura criminal"

En su auto, el juez Torres argumenta la decisión de incoar sumario en la existencia de una "estructura criminal" encabezada por el ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, que continúa encarcelado por esta causa, y "en su caso" el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta.

El magistrado destacó que las penas aplicadas a los encargados de las organizaciones destinadas a un delito continuado de blanqueo podría superar los nueve años de prisión para los cabecillas de esta estructura criminal y resaltó la "notoria gravedad" de este caso, al tratarse de "cientos de millones de euros" y verse perjudicado el "pueblo de Marbella, aunque de forma indirecta".

El Caso Malaya llevó el pasado año a la cárcel a la entonces alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; numerosos concejales de distintos equipos de gobierno de la ciudad y empresarios de sectores como la construcción, y entre los imputados hay también policías como un ex comisario.

Esta trama destapada en el seno del Ayuntamiento marbellí llevó al Gobierno central a disolver la Corporación local y a designar una gestora para que lo rigiera hasta pasadas las elecciones municipales del 27 de mayo.

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