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“Torres se ha creído que es un juez estrella y, al final de su instrucción del Caso Malaya, está ejerciendo como tal”, afirman a este diario fuentes del entorno de la abogacía malagueña, que señalan el hartazgo de la profesión con el magistrado del Juzgado número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, como detonante de la queja que ha presentado el Colegio de Abogados de Málaga contra él, “acordando elevarla al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a los efectos de iniciar, como así se solicita, el oportuno expediente disciplinario”.

El propio presidente del Colegio, Manuel Camas, ha considerado que el contenido de una de sus resoluciones dictadas atenta “contra la dignidad de la profesión de la abogacía”. En uno de sus autos del caso Ballena Blanca, Torres estableció como criterio de búsqueda de escrituras públicas requeridas a notarios imputados “la fórmula genérica de que hayan sido otorgadas por personas vinculadas a despachos de abogados de Marbella". “No se puede hacer sospechosos a los 800 abogados de Marbella; si lo ve así, tenía que haberlos llamado a declarar”, ha denunciado Camas.

De este modo, el Colegio de Abogados de Málaga ha asumido la queja de Manuel Pelayo, abogado de la notario Amelia Bergillos, imputada en los casos Ballena Blanca, de Torres e Hidalgo, del cesado Francisco de Urquía. Además, Pelayo es el letrado de Ricardo Arranz, presidente de la Asociación Nacional de Urbanizadores y Turismo Residencial e imputado en Malaya.

“Torres llamó a declarar a Ricardo Arranz como imputado por su deficiente investigación. Debido a que sólo se basa en pinchazos telefónicos que no entiende, le preguntó por la vivienda unifamiliar con parcela Las Golondrinas y la sociedad familiar Rocío Alto, con los que nada tiene que ver Arranz”, ha asegurado Pelayo a El Confidencial. Según él, tanto Las Golondrinas como Rocío Alto son propiedad de Luis Cuevas, ya fallecido, cuya viuda necesitaba un estudio de detalle que ni Marisol Yagüe ni Roca le tramitaban. Según su defensa, la intermediación de Arranz para ayudar a la viuda a agilizar el estudio, unas iniciales escritas por Roca junto a una cantidad y seis llamadas a la secretaria de Roca en dos años, son los indicios en los que se basa Torres para imputar a Ricardo Arranz.

A raíz de esta imputación, el juez Torres dictó un Auto “donde se realizan genéricas consideraciones contra el señor Pelayo, y sin fundamentarlo en modo alguno, el Sr. Magistrado llega a mencionar la posible existencia de un supuesto delito de tráfico de influencias, aunque finalmente se queda en meras manifestaciones personales del Sr. Magistrado-Juez contra el Sr. Letrado”, según nota del Colegio de Abogados.

El caso es que este asunto ha provocado una dura nota de prensa por parte de Arranz, en la que denuncia los “ridículos errores de la instrucción, sólo imputables a la precipitación y ligereza de la misma”; recuerda que “alguno de los más notables y presuntos responsables de la mayor parte de los bienes sustraídos se encuentran en paradero desconocido”; critica su “arbitrariedad”; lamenta “la extraordinaria facilidad con la que las resoluciones y escritos que se presentan en el Juzgado número 5 de Marbella acaban, íntegramente, en los medios de comunicación”; y reprueba que Torres “pueda abandonar la instrucción de estas tardías diligencias pues, en pura lógica, debería finalizarlas y responsabilizarse de los excesos e inexcusables errores cometidos, sin trasladar ni diluir responsabilidades en quien le pueda suceder en el futuro”.

Pero la lista de agravios no termina aquí. La gota que colmó el vaso de la paciencia del gremio fue la pieza separada sobre los regalos de la promotora Aifos a abogados, notarios, jueces, registradores, políticos y periodistas. “El juez ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio”, añade Pelayo. Y prosigue: “Nadie se vende por una botella de champán. Pero él sí que ha recibido 750.000 euros del Ministerio de Interior por la medalla al mérito policial y aquí nadie dice nada”.

Responsables de prensa del TSJA y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consultados aseguran no tener ninguna información, de momento, sobre la queja del Colegio de Abogados. El servicio de comunicación del CGPJ afirma desconocer una posible investigación a Torres por la medalla -como cita la prensa malagueña- y comunica que en la próxima semana, se reunirá la comisión disciplinaria sobre el asunto de los regalos de Aifos.

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