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El departamento de Justicia de la Generalitat nombró ayer, por encargo del juzgado de instrucción, a tres administradores para que gestionen la Fundación Intervida, cuya directiva ha sido suspendida por orden judicial debido a la investigación por un supuesto desvío de fondos. Según explicó en rueda de prensa la consellera de Justicia, Montserrat Tura, el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona les remitió ayer un oficio en el que les comunica su decisión de suspender temporalmente los cargos de dirección y gestión de la Fundación Intervida y de sus entidades vinculadas.

El juez encomienda al Protectorado de Fundaciones, que depende del departamento de Justicia, que asuma la gestión de esta ONG. Tura pidió a los ciudadanos que sigan confiando en la Fundación Intervida, la tercera ONG más importantes de España, después de Cruz Roja y Cáritas, que cuenta con 346.561 socios y que obtiene la mayor parte de sus recursos económicos a través de los apadrinamientos, una actividad que el pasado año le reportó un volumen de ingresos de unos 88 millones de euros.

Los tres administradores provisionales nombrados por Justicia, que hoy serán presentados ante el juzgado instructor para que los ratifique, son una persona procedente del mundo de la cooperación internacional, otra vinculada al control económico de la administración catalana y un tercera con conocimientos mercantiles y financieros.

Esos administradores sustituirán a los cargos cesados por el juzgado, cuyo número exacto la consellera no ha querido precisar, y se encargarán de garantizar la continuidad de las actividades de cooperación de la ONG y del correcto destino de las donaciones.

Cinco fundaciones y dos asociaciones vinculadas

Montserrat Tura puntualizó que la Generalitat ha preferido nombrar a tres administradores para la Fundación antes que asumir la condición de gestora de la entidad, posibilidad que también prevé la legislación. La suspensión acordada por el juzgado afecta a la gestión de las cinco fundaciones que forman el entramado de Intervida -dos de ellas inscritas en Cataluña y tres estatales-, y a dos asociaciones vinculadas, una de ellas catalana y la otra internacional pero que está registrada en el Ministerio de Interior.

Por orden judicial, todas esas entidades tanto catalanas como españolas, algunas de las cuales comparten los mismos directivos, pasarán a ser gestionadas por los administradores designados por Justicia, mientras siga la investigación en curso, aunque el periodo máximo establecido por la ley es de cinco años.

Se trata de la Fundación Privada Intervida, la Fundación Cuna -ambas catalanas-, las fundaciones Metrópolis, Universal y Ecoplanet -de ámbito estatal-, la Asociación de Ayuda al Tercer Mundo Intervida y la internacional Asociación Alianza Mundial Intervida.

La rapidez con que la Generalitat ha respondido al requerimiento judicial responde, según Tura, a la importancia de Intervida, la tercera ONG de España. La consellera expresó su compromiso de garantizar la continuidad de los trabajadores de la ONG y animó a la población a "seguir haciendo ayudas a esa entidad o a cualquier otra" y a no perder la confianza en las organizaciones solidarias.

El entramado de organizaciones que componen Intervida, que abarca ocho sociedades mercantiles, dispone de cinco delegaciones en países del Tercer Mundo y otras cinco en países desarrollados, y realiza actividades de cooperación, principalmente apadrinamientos, en seis estados de Sudamérica y Asia.

La policía judicial efectuó ayer registros, por orden del juez instructor, en dos sedes de Intervida y tres domicilios de gestores del patronato de la capital catalana y de las oficinas principales, situadas en el paseo Pujades, y se llevó una furgoneta llena de cajas con documentación.

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