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  José María Bravo (Efe).

La jueza que instruye el caso de la presunta estafa de la Hacienda de Irún (Guipúzcoa) ha acordado este miércoles el reingreso en prisión provisional sin fianza de José María Bravo, el principal acusado en esta causa, al entender que los indicios en su contra se han agravado y que existe riesgo de fuga. El ex director de la oficina de Irún, hermano del ex senador del PNV Víctor Bravo, se encuentra imputado porque, según denunció la Fiscalía, presuntamente se valía de su "acceso directo a información tributaria" para reclamar pagos de deudas a contribuyentes morosos, a los que cobraba una cantidad rebajada que, sin embargo, no ingresaba posteriormente en la Hacienda foral.

Además de Bravo, también se encuentran imputados en la causa su esposa, Rosa Cobos Crespo; la amiga de ambos y funcionaria de Hacienda, además de socia de las empresas del primero, Pilar Gracenea; y Pedro María Atristain Gabilondo, también socio de José María Bravo.

El ex director de la oficina de Hacienda de Irún, en libertad condicional desde que el pasado 12 de junio abandonara la cárcel de Martutene al pagar una fianza de 400.000 euros, había sido citado a declarar a primera hora de la mañana del miércoles por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, Almudena Ovejero, aunque durante la práctica de esta diligencia se acogió a su derecho a no testificar porque, según dijo, su abogado no ha tenido "tiempo material" para estudiar las actuaciones.

Ante esta negativa, el fiscal reclamó su ingreso en prisión provisional sin fianza por el "evidente" riesgo de fuga existente, la "alarma social" que ha generado el caso y el agravamiento de los indicios en su contra, después de que se hayan conocido diez nuevos presuntos casos de estafa, que sitúan en cerca de 1.704.000 euros la cantidad de la que supuestamente se apropió el acusado, que se suma a los más de tres millones de euros que presuntamente dejó de ingresar la Diputación.

"Delitos continuados de malversación"

La jueza emitió entonces un auto, al que tuvo acceso la agencia Efe, en el que asume las tesis del fiscal, decreta el ingreso en prisión de Bravo y hace un repaso a los "posibles indicios de criminalidad" en los que habría incurrido el acusado que, a su entender, "pueden ser elementos suficientes" para imputarle "sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos" y de "falsedad de documento oficial".

En su escrito, la magistrada hace especial hincapié en los últimos expedientes aportados a la causa por la Ertzaintza a instancias de la Fiscalía, "de los que se deduce" que podría haber diez nuevos estafados de los que hasta ahora no se tenía noticia.

De todos ellos, la jueza destaca el caso de un hombre que en 2004 pagó supuestamente unos 220.000 euros a Bravo, cuando éste ya estaba en excedencia de su puesto de director de la Hacienda de Irún, en el despacho de su asesoría particular. El auto judicial aclara que Bravo le hizo entrega de "un justificante de pago" con "el encabezamiento y el logotipo de esta asesoría".

"En definitiva -continúa el escrito- los indicios actuales son incluso más graves y contundentes que los que se valoraron en el auto anterior", en el que la misma jueza acordó la prisión eludible bajo fianza de 400.000 euros, que el acusado abonó tras pasar varias semanas encarcelado.

El escrito considera además que "existe un riesgo de fuga que es inherente en sí a cualquier delito especialmente grave", recuerda que el caso ha generado una importante "alarma social" y constata la posibilidad de que el acusado se valga de una hipotética concesión de la libertad condicional para "ocultar parte de las pruebas o efectos del delito".

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