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 Fachada de una 'herriko' taberna en Zarautz.

El miedo es libre... y más cuando ETA anunció el pasado 5 de junio el fin de su tregua. Los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil han detectado en las últimas semanas un aumento considerable del número de empresarios vascos y navarros que vuelven a pagar el llamado impuesto revolucionario. El incremento ha coincidido con la última remesa de cartas enviada por la banda armada, en las cuales, además de aumentar el importe que solicita a sus destinatarios, recoge un cambio en el lenguaje utilizado. Las nuevas misivas han abandonado el tono amable utilizado en las enviadas durante el “alto el fuego”, en las que se pedía dinero para colaborar en la resolución del “conflicto en Euskal Herría”, y han vuelto a amenazar con daños personales o a los bienes de los destinatarios, sobre todo si no es la primera que reciben según han informado a El Confidencial fuentes de la lucha antiterrorista.

Estas mismas fuentes están convencidas que ETA ha buscado esta coincidencia en el tiempo entre el comunicado etarra y el envío de las misivas, y que ha terminado por traducirse en un verdadero desasosiego en algunos de los destinatarios, a quienes los agentes de los servicios de información han visto en los últimos días acudiendo a lugares frecuentados por miembros de la izquierda abertzale, como las herriko tabernas, en busca de información sobre cómo y dónde pagar las cantidades exigidas por la banda armada. Siempre según las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por este diario, la mayoría de ellos, ante la falta de información en estos locales, ha terminado recurriendo a despachos de abogados con contactos en el entorno de ETA.

Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas aseguran que las cartas, además del endurecimiento del lenguaje, incluyen un grado más de amenaza ya que algunas han sido enviadas a familiares de los empresarios, algo que ETA ya había comenzado a hacer antes del anuncio del “alto el fuego permanente”. Todo ello, acompañado además de un aumento de las cantidades exigidas. Ahora, la banda armada solicita entre 40.000 y 180.000 euros a sus destinatarios, según sean profesionales liberales o grandes empresarios. Además, a algunos de los extorsionados se les recuerda que, si se retrasan en los pagos, se les aplicarán intereses que en ocasiones ascienden hasta un 5% mensual sobre la primera cantidad de dinero solicitada.

Tercera oleada

La nueva oleada de cartas exigiendo el pago del impuesto revolucionario no es la primera que se produce desde el anuncio de la tregua del 22 de marzo de 2006. De hecho, y a pesar de que en sus negociaciones con el Gobierno, la dirección de la banda había renunciado a continuar con la extorsión, ya en julio de 2006 la patronal navarra había denunciado que estaban llegando este tipo de misivas. Un mes antes, en junio, la Policía, en colaboración con la Justicia francesa, había desmantelado una de las redes que la organización terrorista utilizaba desde hacía años para recaudar el impuesto revolucionario y que estaba centralizada en el bar El Faisán, de Irún.

En octubre del año pasado, con la banda aún en tregua, ETA volvió a enviar una remesa de mensajes de extorsión a empresarios vascos y navarros. La patronal vasca, Confebask, negó en un primer momento la existencia de las mismas, pero en diciembre, su presidente, Miguel Lazpiur, reconocía finalmente su existencia.

La Policía fue la menos sorprendida de que ETA mantuviera su actividad de extorsión durante la tregua, pese a sus compromisos con el Gobierno en sentido contrario. De hecho, fuentes de la lucha antiterrorista están convencidos de que la banda ya inició el alto el fuego con su cuenta en número rojos. La culpa la tenía, en gran parte, el hecho de que los ingresos procedentes de la extorsión a empresas se hundieron espectacularmente durante el año 2004. Hasta entonces, la organización terrorista había estado recaudando gracias al impuesto revolucionario alrededor de 130.000 euros al mes de media, según documentos internos de la propia banda. Sin embargo, a partir de ese año -que coincidió con una disminución significativa de los atentados dirigidos a amedrentar a los empresarios- el dinero conseguido por el impuesto revolucionario se redujo a la mitad.

Para reponerse económicamente, la banda armada inició al año siguiente una nueva campaña de atentados contra empresas, que continuó hasta el anuncio del “alto el fuego permanente”. De este modo, la organización terrorista intentó hacerse lo que un alto responsable de Interior definió entonces a El Confidencial como “un fondo de pensiones” para mantener su estructura durante el alto el fuego que preparaba. Sin embargo, los cálculos de los etarras fallaron, ya que numerosos empresarios dejaron de pagar ante los rumores cada vez más insistentes entonces de que la banda preparaba el fin de su actividad. La debilidad económica de la organización llevó a algunos mandos policiales a barajar la hipótesis de que el robo de pistolas cometido por un comando en Francia en octubre del año pasado tenía como objetivo final vender las armas en el mercado negro para sanear las arcas de ETA. Esta posibilidad, sin embargo, ha quedado descartada después de comprobar que los terroristas detenidos en España y en el país vecino en los últimos meses portaban algunas de estas armas.

‘Secuestros exprés’

La Policía también se muestra convencida de que ETA no tiene en estos momentos una estructura suficiente para realizar un secuestro con fines económicos de larga duración -el último fue el de Cosme Delclaux, liberado el 1 de julio de 1997, el mismo día que Ortega Lara-. Sin embargo, no descarta que recupere los llamados secuestros exprés, consistente en retener durante unas horas a un empresario en el monte o en un lugar despoblado. En este tiempo, la víctima se ve forzada a firmar un reconocimiento de deuda con ETA y es informada de las modalidades de saldarla, así como de las represalias en caso de impago. Ya en 2002, la organización terrorista obtuvo un total de 700.000 euros por este sistema tras retener durante una horas a tres empresarios navarros, según la documentación que la Policía francesa se incautó en manos del dirigente etarra Ibón Fernández Iradi, Susper.

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