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La Comisión Europea (CE) advirtió a España y otros 13 Estados miembros de que les denunciará ante el Tribunal de la UE si en dos meses no aplican "en su totalidad" las normas comunitarias que prohíben la discriminación por raza o etnia, al ser la igualdad de trato un "derecho fundamental".

La Comisión envió por ello un dictamen motivado -paso previo a la denuncia- a España, Suecia, Francia, Irlanda, Reino Unido, la República Checa, Grecia, Italia, Estonia, Letonia, Polonia, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia, según detalló en un comunicado.

El dictamen -segundo paso en los procedimientos de infracción- alude a un "alcance limitado en la legislación nacional sobre el lugar de trabajo" cuando la directiva, que garantiza un trato de igualdad a todas las razas, "también prohíbe la discriminación en la protección social, la educación y el acceso a bienes y servicios, incluyendo la vivienda".

Dicha directiva, llamada de Igualdad de Razas, fue aprobada en el año 2000 y su transposición a las leyes nacionales finalizaba en 2003, según señala la Comisión en el comunicado, donde recuerda además que 2007 fue declarado "Año Europeo para la Igualdad de Oportunidades".

Asimismo, el Ejecutivo comunitario advirtió sobre la existencia en las legislaciones de esos Estados miembros de la UE de "definiciones de discriminación divergentes de la directiva comunitaria, en especial en conceptos de discriminación indirecta, acoso y normas de discriminación".

El dictamen hace también alusión a la "falta de coherencia en las medidas en favor de quienes sufren la discriminación (como la protección de las víctimas, los derechos de las asociaciones de asistencia y la inversión de la carga de la prueba).

El comisario europeo de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, el checo Vladimir Spidla, recordó que "el derecho a ser tratado en igualdad es un derecho fundamental, pero cada día en la UE las personas se enfrentan a la discriminación en el trabajo, las escuelas, las tiendas, el acceso a la vivienda y la sanidad por el color de su piel".

Spidla calificó como "vital" la normativa de la UE "para superar esas barreras y acabar con el trato discriminatorio", pero para ello "hay que asegurarse de que las normas son aplicadas correctamente" para que los ciudadanos "estén completamente protegidos en la práctica contra la discriminación".

Los 14 Estados miembros disponen de dos meses para dar respuesta a los elementos recogidos en el dictamen motivado y, de no hacerlo, la Comisión podría denunciarlos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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