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El vehículo blindado BMR en el que viajaban los seis soldados españoles muertos este domingo en Líbano no estaba dotado de inhibidores de frecuencia, tal y como reconoció ayer el ministro José Antonio Alonso antes de anunciar que estos sistemas se instalarán ahora de forma inmediata en todos los vehículos. Sin embargo, de haberlos llevado, el resultado del ataque podría haber sido similar. Fuentes de toda solvencia consultadas por El Confidencial aseguran que los medios del Ejército son ineficientes, que los inhibidores que utiliza son muy básicos y “muy mediocres”, y que tan sólo son efectivos bajo determinadas circunstancias.

Existen distintos tipos de inhibidores, según su potencia y precio. La Policía y la Guardia Civil utilizan unos modelos que responden a unas características muy simples y que sólo son eficaces, por ejemplo, ante un mando de control remoto anticuado. El Ejército también emplea este tipo de inhibidores, que sólo son efectivos si el terrorista se encuentra a más de cien metros de distancia y no dispone de un telemando de mucha potencia. “Es decir funciona, pero únicamente bajo determinadas circunstancias”, señalan.

Los inhibidores pequeños, como los que utiliza el Ejército, cuestan entre 3.000 y 4.000 euros, mientras que el precio de un inhibidor de frecuencias que ofrezca una protección total asciende hasta los 30.000 euros. Estos últimos son los que utilizan los organismos y las grandes empresas, “que son los que realmente se gastan el dinero. Eso es lo que cuesta proteger todo el espectro de RF (radio frecuencia), GSM y MTS (telefonía móvil)”, aseguran las fuentes mencionadas, que señalan que el Gobierno no utiliza protección frente a los sistemas de activación por telefonía móvil argumentando que ETA no dispone de estos sistemas, “aunque se los acaban de incautar”.

“(El Ejército) lleva un inhibidor que probablemente ni responda a las frecuencias que se utilizan en ese país (Líbano). No hay conocimiento ni rigor en España. Se busca fabricar el mejor inhibidor dentro de la disponibilidad económica, pero ese inhibidor es un quitamiedos”, concluyen. Cinco compañías fabrican en España este tipo de sistemas: Proselec, que protege a más de 20 mandos de la Policía; Fandos, que trabaja principalmente con la Guardia Civil; y Retensa, Indra y Electrosonic, que fabrican unidades pequeñas y de bajo coste.

Los servicios de inteligencia militar y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que acompañan a las tropas españolas en Líbano, alertaron a primeros de junio de la posibilidad de que se produjeran atentados como el que ha costado la vida a seis cascos azules españoles, cuyos restos mortales fueron repatriados esta madrugada. La amenaza de un atentado era conocida por los mandos, y el propio ministro de Defensa, José Antonio Alonso, admitió ayer en la base Miguel de Cervantes de Marjayún, que “desde el 4 de junio se habían aumentado los niveles de alerta del contingente, aunque no hay ni ha habido una amenaza específica”.

La controversia política sobre las condiciones de seguridad de las tropas españolas en el exterior no se ha hecho esperar. Y el líder del PP, Mariano Rajoy, ha reclamado la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre las condiciones de seguridad de nuestras tropas.

Los mandos españoles de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), a la que España aporta 1.100 soldados, sabían que el grupo local de Al Qaeda, Fatah al Islam, iba a extender sus acciones al sur del país, donde opera el contingente español. Las evaluaciones de los servicios de inteligencia indicaban que los activistas sunitas, de extracción pro siria, que se han infiltrado en los campamentos palestinos, disponen de más de cien coches bomba en todo el país. Uno de ellos (una furgoneta Renault-Express con matrícula falsa y unos 50 kilos de explosivo y metralla) fue utilizado contra los soldados españoles cerca de Jiam. Según fuentes militares, la furgoneta-bomba fue accionada por control remoto. Si los blindados medios españoles (BMR) hubieran llevado los inhibidores que se han instalado en los vehículos en Afganistán, hubieran podido evitar la masacre.

Precisamente las precarias condiciones de seguridad son las que han llevado al presidente del PP, Mariano Rajoy, a exigir explicaciones al presidente del Gobierno. Rajoy, que fue informado personalmente por el propio Zapatero a última hora del domingo sobre el gravísimo atentado, entiende que, con independencia de la cobertura de la ONU, las tropas españolas, tanto en Líbano como en Afganistán, se encuentran en un “escenario de guerra” y es “absurdo ocultarlo para presumir de pacifismo”. “El Ejército no es una ONG y la principal obligación del gobierno es garantizar su seguridad”, señaló el presidente del PP, para quien las condiciones de seguridad de nuestros contingentes son manifiestamente mejorables.

Antes de que Rajoy solicitara la comparecencia del presidente del Gobierno, el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, pidió ir al Congreso a petición propia para informar del atentado. Alonso, que se desplazó a Líbano para dirigir los trabajos de identificación y repatriación de los fallecidos, dijo en rueda de prensa con el jefe del contingente, el general Ramón Martín-Ambrosio, que no tenía duda de que se ha tratado de un atentado terrorista que busca desestabilizar el sur de Líbano y cuestionar la misión de FINUL.

Ante la petición de Rajoy, el secretario de organización del PSOE, José Blanco, recordó que el PP apoyó el 7 de septiembre pasado la misión de paz en Líbano y le pidió “sentido de Estado”. Blanco prejuzgó la intención de Rajoy de lavar su “mala conciencia por la guerra de Iraq”. Por su parte, el portavoz socialista en materia de Defensa, Jesús Cuadrado, pidió al líder del PP que no se deje influir por el “discurso duro” de la Fundación FAES y sepa discernir entre la misión de paz bajo mandato directo de la ONU y la que se desarrolla en otras zonas como Afganistán. En ese sentido, el atentado contra los cascos azules españoles debe ser interpretado como un ataque directo a Naciones Unidas y a la paz, no al contingente español que lo ha sufrido.

Según la evaluación del Estado Mayor de la Defensa, el escenario bélico es mucho más nítido en Afganistán, donde las tropas de la OTAN cooperan con Estados Unidos en los combates contra Al Qaeda y los talibanes en el sureste del país y en la frontera con Paquistán. Los riesgos de atentados y ataques en Herat, donde se encuentra la base avanzada del contingente español, son ahora más acusados. El desplazamiento de los guerrilleros talibanes que huyen de los combates en el sur y golpean en las zonas consideradas seguras, incluida la capital, Kabul, son ya una realidad.

Sin embargo, en el último mes la amenaza de Al Qaeda en Líbano ha sido creciente. Los grupos de Fatah al Islam la materializaron el domingo con el brutal atentado contra el convoy español. Ante la nueva situación, los mandos decidieron ayer suspender todas las patrullas y acantonar los cascos azules en la base de Marjayún a la espera de cómo evoluciones la situación. El compromiso suscrito por España era por un año, y aunque se suele prorrogar automáticamente, el Ejecutivo se comprometió ante el Parlamento a realizar una evaluación de la misión y está obligado a recabar el apoyo de los grupos si las condiciones han cambiado.

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