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La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, culpó este lunes a la Ley del Suelo que aprobó el PP en 1998 del "urbanismo despilfarrador e incontrolado que ha existido en España en los últimos años", con consecuencias que van desde el daño al medio ambiente hasta el descrédito de los poderes públicos, dijo. María Antonia Trujillo inauguró este lunes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) un curso sobre "Los efectos colaterales de urbanismo descontrolado", con una conferencia en la que explicó algunas de las principales novedades de la nueva Ley del Suelo de ámbito estatal que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

La ministra confió en que la nueva ley sea "una pieza clave para la lucha contra la especulación y la corrupción", ya que refuerza la transparencia y la participación ciudadana en el urbanismo, establece por primera vez la obligación de que los cargos municipales electos y también algunos no electos publiquen su patrimonio e introduce un nuevo sistema de valoración del terreno. "Los objetivos de la Ley del Suelo son claros: la lucha va contra ese urbanismo despilfarrador, incontrolado, expansivo y extensivo que ha existido en España en los anteriores años, como consecuencia de una ley que consideraba que se podía urbanizar en cualquier sitio en nuestro país. Ahora habrá muchos límites", dijo.

El PP reformó la Ley del Suelo en 1998 después de que el Tribunal Constitucional anulara dos terceras partes de la legislación entonces en vigor, la de 1992, por invadir competencias autonómicas. El Gobierno de José María Aznar estableció en esa reforma que podía ser urbanizado todo aquel suelo que no estuviera expresamente protegido, dando un vuelco al planteamiento hasta entonces vigente, según el cual sólo era urbanizable el suelo declarado como tal.

La nueva Ley del Suelo vuelve al planteamiento de 1992 y fija controles adicionales, como los de obligar a que los instrumentos municipales de ordenación urbanística siempre se discutan en el pleno o dar un papel determinante a los informes de los organismos hidrológicos y de costas, explicó este lunes la titular de Vivienda. Trujillo aseguró a los periodistas que al Gobierno "le preocupan" los efectos del urbanismo sin control, por el daño que causa al patrimonio medioambiental, por su influencia en la calidad de vida del ciudadano y el derecho a una vivienda y, también, por la imagen que transmite de las instituciones públicas.

"Nos preocupa porque, cuando el urbanismo se identifica con corrupción y cuando existe un sentimiento generalizado de que el urbanismo es corrupción, la credibilidad de los poderes públicos está en juego. Pretendemos reforzar esa credibilidad con la Ley del Suelo y también con una acción coordinada y transversal por parte de todo el Gobierno de España", señaló. La ministra enfatizó que la nueva Ley del Suelo también introduce algunas reformas en la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 que resultarán "muy importantes" para que los Ayuntamientos que este fin de semana se han constituido "tengan horizontes más despejados respecto a las buenas prácticas urbanísticas".

Y, en paralelo, recordó, la Cortes están tramitando una reforma del Código Penal en la que "se diferencian por primera vez los delitos sobre ordenación del territorio y los delitos sobre el urbanismo, aumentan los tipos delictivos (...), aparece un nuevo supuesto de prevaricación especial y se incrementan las penas" de prisión y las pecuniarias, "para que no sea fácil construir porque voy a pagar poco si me multan". Trujillo demandó en su conferencia la participación de todas las administraciones en la tarea de "concienciar a todos sobre los perniciosos efectos de un urbanismo que no debería recibir siquiera tal nombre, porque no es más que un negocio encubierto que debe ser combatido para garantizar los derechos constitucionales a una vivienda digna y a un entorno ambiental y socialmente sostenible".

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