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Lo que el viernes por la mañana el portavoz del Gobierno Valenciano, Vicente Rambla, daba por hecho, es decir, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Andalucía, en las últimas horas se ha convertido en el escenario de una ‘lucha’ entre el Palau de la Generalitat y la Dirección Nacional del PP en la calle Génova por evitar que ese anuncio llegue a materializarse en los próximos días.

El anuncio del viernes cogió por sorpresa a la dirección del PP. Tanto a los negociadores en Madrid del Estatuto como al líder del PP andaluz, Javier Arenas. El Estatuto se aprobó en las Cortes con el voto favorable del PSOE y PP y, en principio, este trámite desactivaba cualquier tipo de ‘contestación’ interna en ambos partidos. Y, de hecho, nadie daba por previsible que Valencia lo recurriera pues ni siquiera se había elevado crítica alguna por parte del PP valenciano.

Lo cierto es que el Gobierno de Francisco Camps, que ha salido muy fortalecido de las urnas, ha esperado a después de las elecciones autonómicas para anunciar un gesto que, evidentemente, iba a desairar a la Dirección Nacional de su partido. De ahí que en la tarde del viernes las presiones de Arenas y de los dos ponentes del PP en todos los estatutos, incluido el valenciano, es decir, Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, dieran fruto y el anuncio se matizara a última hora de la tarde.

Así, lo que por la mañana era ya un recurso inevitable, por la tarde se convertía en un recurso probable a la espera del dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat, y se limitaba exclusivamente a una cláusula de la disposición adicional tercera del Estatuto, precisamente la que establece el marco de financiación de Andalucía teniendo en cuenta el criterio de población y su peso en el conjunto del Estado, una premisa que Valencia considera contraria a sus intereses.

Durante todo el fin de semana, según ha sabido este diario, se han sucedido las llamadas y las conversaciones Madrid-Valencia con el fin de alcanzar un acuerdo que se concretará en los próximos días, pero que posiblemente pase, en efecto, por un recurso limitado a la citada cláusula que perjudica los intereses financieros de la Generalitat, y con un reconocimiento expreso de la constitucionalidad del resto del Estatuto.

De hecho, Camps viajó a Sevilla a ayudar a Arenas en su campaña por el sí en el referéndum, de ahí que en Sevilla no se expliquen este cambio de actitud. Como tampoco se lo explican, aunque aprovechan la oportunidad para su particular campaña contra Camps, los ‘zaplanistas’, que en su día defendieron una posición contraria a pactar las reformas estatutarias, incluidas las de Valencia y Andalucía, y ahora ven como los ‘campistas’ hacen buenas sus reticencias.

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