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La dirección popular recibía ayer felicitaciones por la actitud adoptada por su líder, Mariano Rajoy, quien por la mañana dio su apoyo al Gobierno ante la ruptura de la tregua de ETA siempre que sea para acabar con el terrorismo. Las llamadas eran de simpatizantes, reconfortados por el giro dado por el PP al respaldar a José Luis Rodríguez Zapatero, en lugar de seguir con la estrategia de confrontación con el PSOE característica de esta legislatura.

En contra de lo esperado, los dirigentes de los dos principales partidos políticos apartaron sus reproches para empezar a tender cauces de diálogo y de confianza, en busca de la unidad frente al terrorismo. Así lo destacó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Por primera vez en mucho tiempo, el Gobierno y el principal partido de la oposición transmitieron a la sociedad el mensaje de que, cuando vienen duras, arriman el hombro.

Es la tercera vez que Rajoy ofrece su apoyo a Zapatero, las dos anteriores sin éxito. La primera fue el 14 de enero de 2005. Entonces acordaron que pactarían la reforma de los Estatutos de Autonomía, a través de una comisión formada por interlocutores de PP y PSOE. Las direcciones de ambos partidos se enzarzaron en una discusión sobre la importancia representativa de las personas nombradas por el contrario, mientras los aliados del Ejecutivo bramaban contra un pacto que impedía profundizar en la reforma del Estado.

La segunda ocasión fue el 28 de marzo de 2006, tras el comunicado de tregua de ETA. El apoyo duró hasta mayo, cuando, una vez finalizado el debate del Estado de la Nación, el PSE anunció una reunión con la ilegal Batasuna. Rajoy palideció: había renunciado a preguntar a Zapatero por ETA. Al día siguiente recibió una avalancha de críticas del sector más radical de la derecha: “Maricomplejines”, le insultaban con insistencia. A partir de ahí, se enrocó en la confrontación y en su negativa a aceptar todo diálogo con los terroristas.

“Hemos estado una semana dejando claros los reproches, que sólo se pueden hacer ahora. Porque cuando llegue un atentado, no cabe ni una crítica”, reconocían ayer en fuentes populares. “Zapatero no debe dar ya explicaciones al PP, sino a 40 millones de españoles, en especial a los votantes del PSOE”, sentencian.

Fernández de la Vega calificó de “muy positiva” la reunión y la reacción de Rajoy. Y respondió a ese punto de inflexión con el anuncio de que, a partir de ahora, establecerán un cauce de diálogo “bilateral y permanente” no sólo entre ambos líderes, sino entre el Gobierno y el PP. Alfredo Pérez Rubalcaba se postuló ayer para el cargo, pero la decisión áún está en el aire, según fuentes oficiales. La interlocución del ministro del Interior fue rechazada al inicio de la legislatura por haber sido pieza clave en la caída del PP tras los atentados del 11-M. Aunque, al fin y al cabo, fue un fiel teléfono rojo en la época de José María Aznar, cuando trataba los asuntos de ETA con Javier Zarzalejos, el jefe de gabinete gubernamental de entonces.

En el PP ya no quieren ni oír hablar del Pacto Antiterrorista. Quieren gestos políticos, en lugar de papeles. Rajoy hizo unas “sugerencias”, según dijo. Estas son: que en Navarra gobierne la lista más votada, pacto en la diputación de Álava y que el Gobierno proceda contra Acción Nacionalista Vasca (ANV), como sucesora de Batasuna.

De Navarra, el PSN anunció ayer que no apoyará a Nafarroa-Bai en el ayuntamiento de Pamplona para evitar que ANV sea la llave del gobierno municipal. De Álava, todo depende de los acuerdos que allí se alcancen. Y de ANV el Gobierno rechazó proceder a su ilegalización, aunque permanece en estado vigilante. Al mismo tiempo, Zapatero ofrece un pacto “de mínimos” en el que quepan todos los partidos.

La clave está en ANV, cuyos miembros hacen todo lo que se encuentra en su mano para que se proceda contra ellos: las amenazas a los cargos electos allí donde han sido ilegalizados son cada vez más crecientes. Les llaman ladrones, por ocupar los escaños que ellos creen que les corresponden, y hasta en algún pueblo grupos de radicales siguen a los ediles desde la salida de su casa hasta el ayuntamiento, insultándolos. Ayer mismo aparecieron carteles con las fotos de electos del PSE y PNV. La escalada crecerá hasta el día 16, fecha prevista para la constitución de las nuevas corporaciones locales.

El Gobierno aspira a un pacto de “mínimos” donde quepan todos los partidos y manteniendo un cauce privilegiado con el PP. Más allá de las discrepancias, que Zapatero y Rajoy no niegan, el objetivo de esta nueva etapa es no dejar que ETA se aproveche de la división entre los demócratas. Que no encuentre “ni un resquicio”, reiteró De la Vega: “pueden seguir haciendo daño, pero jamás lo conseguirán”.

Está visto que Zapatero no quiere pisar más callos. Así las cosas, el presidente se desplazará el miércoles al Congreso para explicar al resto de los partidos cuestiones esenciales en la lucha contra ETA. Al principio de la legislatura, los partidos minoritarios se negaron en redondo a que existiera un cauce privilegiado con el PP: temían quedarse fuera. Ayer IU expresó estas mismas reticencias. Pero arrecian tiempos duros.

La idea del pacto de mínimos surgió de las filas del PNV, en concreto de su portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, después del atentado de Barajas (Madrid). El presidente nacionalista, Josu Jon Imaz, la presentó después en Barcelona y en Madrid (ver resumen de su propuesta). Se trata de crear una red de seguridad y de complicidades ante la escalada enloquecida de atentados que ETA anuncia. La idea es que un atentado no pille a los partidos enfrentados y eludir un clima guerracivilista.

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