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A la espera de que el próximo lunes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, escenifiquen algo parecido a un acercamiento, o todo lo contrario, en la reunión que ambos mantendrán en el Palacio de la Moncloa, en la calle Génova quieren poner a prueba la verdadera voluntad del Ejecutivo para derrotar a ETA. Ayer lo hicieron con una propuesta que puede darle muchos quebraderos de cabeza al Gobierno socialista.

Rajoy lo apuntó en una entrevista que mantuvo por la mañana en un programa de televisión, pero por la tarde fue Ignacio Astarloa, secretario Ejecutivo de Justicia e Interior del PP, el que desarrolló una idea que a nadie, antes, se le había pasado por la cabeza: es posible impedir que los electos de ANV en los municipios y juntas del País Vasco tomen posesión de sus cargos, lo que supondría un duro revés para los intereses de la formación abertzale y del entorno proetarra.

Existen dos vías para hacerlo. La que más le gusta al PP es la de que el Gobierno inste al Supremo, a través de la Fiscalía, a que ilegalice a ANV por la vía del artículo 12 de la Ley de Partidos. Esto habría que hacerlo ya, de hecho, antes de que las juntas electorales de zona proclamen a los candidatos electos. El artículo 12 de la Ley de Partidos, según explicó Astarloa, es un mecanismo de ejecución de sentencia y dice que el Supremo puede declarar ilegal a un partido “en cualquier momento”.

Y si el Supremo declarara ilegal a ANV, ¿eso afecta a los cargos electos? Según el PP, sí, porque se le puede pedir al Supremo que extienda la proclamación de ilegalidad a dichos cargos antes de que tomen posesión. Con todo, esta no es la única vía que puede utilizar el Gobierno para evitar que la izquierda abertzale entre en los ayuntamientos ya que, complementariamente a la anterior, existe la posibilidad de presentar recursos contra las proclamaciones de las juntas.

Es decir, que aunque la junta de zona haya proclamado a un candidato, realmente, según la Ley Electoral, éste solo es firme si no se presenta recurso contra su proclamación o si, presentado el recurso, la Justicia falla a favor del candidato electo. Pero si la Justicia falla a favor del recurrente, entonces el candidato pierde la condición de electo y no puede tomar posesión, por lo que, en función del número de votos y en aplicación de la ley d’Hont, esos puestos se reparten entre el resto de partidos.

El plazo previsto para que se presenten esos recursos es de tres días a partir de que las juntas proclamen candidatos. De ahí que el PP pida prisa al Gobierno, ya que al menos en tres ayuntamientos –Guernika, Donosti y Amurrio- las juntas proclamaron candidatos el día 5, por lo que solo queda hoy para poder presentar los recursos. Esta vía no es incompatible con la de la ilegalización e, incluso, serían más efectivas las dos a la vez.

El PP añade que el Supremo tiene elementos más que de sobra para proclamar la ilegalidad de ANV, ya que el propio fiscal y el abogado del Estado los aportaron cuando impugnaron la mitad de las listas de esta formación abertzale. Fue cuando el Supremo dijo que había elementos de juicio suficientes para ilegalizar a ANV, pero que no podía hacerlo sin instancia de parte. Lo que sí señaló el PP ayer es que esta opción no es una condición ineludible para el entendimiento con el Gobierno en la reunión del lunes, aunque diría mucho de la voluntad del Ejecutivo para acabar con ETA y su entorno

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