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 Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna (Efe).

Tiempo de enseñar los dientes. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lanzó ayer un ‘recado’ a ETA y a su trama civil: si Acción Nacionalista Vasca (ANV) respeta la ley “no se actuará, pero si se incumple se actuará con todas las consecuencias”. Zapatero respondió a la ruptura de la tregua de la banda terrorista ordenando el ingreso en prisión del etarra Ignacio de Juana Chaos. El juez Baltasar Garzón aportó su parte, prohibiendo viajar a los batasunos Arnaldo Otegi y Pernando Barrena. Al primero, además, se le ha acabado el margen: el Tribunal Supremo podría decidir hoy su ingreso en prisión, por reincidente.

El mensaje de Zapatero dirigido a Batasuna y ANV tiene su trasfondo. Los concejales nacionalistas que han salido elegidos en pueblos pequeños de Guipúzcoa y Álava, allí donde se ilegalizaron las listas de ANV, están siendo acosados por ese mundo. Tienen hasta miedo de contarlo. “Les llaman ladrones, les pintan el portal con amenazas y hasta a alguno le siguen de su casa al ayuntamiento entre insultos”, relata un político del PNV conocedor de estos acosos. La órbita civil de ETA considera que estos electos no deben tomar posesión de sus actas porque, en las elecciones municipales del día 27, los votos en blanco fueron superiores a los de los partidos democráticos.

Los miembros de la izquierda radical andan ahora “con la respiración contenida, a la espera de recibir instrucciones” después de la ruptura de ETA, explican en fuentes políticas, pero todo apunta a que la tangana empezará a partir del 16 de junio, cuando se constituyan los ayuntamientos. Los partidos afectados han decidido que sus concejales se hagan cargo de los puestos para los que han sido elegidos, porque consideran que no hay más remedio, aunque tengan miedo: “hay que dar la cara y no puedes dejar a tus votantes sin representación… La vida más dura es la del concejal”, sentencian.

El Gobierno tiene de plazo hasta el día 14 para impugnar las listas de ANV que han podido concurrir a las elecciones, aunque todos los indicios apuntan a que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, no actuará contra ellas. Los pasos que de Zapatero, si se producen, serán posteriores.

Más gestos. El Ejecutivo negó ayer toda relación entre el reingreso en prisión de De Juana y la ruptura de la tregua, pero nadie le creyó. El terrorista, que ya se había recuperado en el hospital donostiarra de su huelga de hambre, aún amenazaba la víspera con retomar la protesta si le enviaban a casa con una pulsera de control hasta terminar su condena. Ni pulsera, ni historias: al mako de Aranjuez.

Y si De Juana iba a volver a casa en cumplimiento de la ley, lo mandaron a la cárcel, porque, en cada momento, se adoptan las decisiones "más oportunas" en el margen que da la ley (Zapatero dixit). Para el PP no fue suficiente: dio la bienvenida a la decisión, pero llega con un “retraso imperdonable”, y, ya puestos, requiere que le impongan un régimen más severo.

La lección de las treguas rotas del pasado es constante: el poder judicial endurece sus penas cuando la banda reanuda sus atentados y entra en su espiral enloquecida de asesinatos y amenazas. Así, Garzón prohibió viajar a Otegi y Barrena a Sudáfrica, donde iban a debatir sobre procesos de paz. Hay riesgo de fuga.

Es más que posible que Otegi ingrese hoy mismo en prisión. No es que Zapatero haya descolgado el teléfono para exigir al Tribunal Supremo que lo entrulle, sino que esta institución decidirá esta mañana sobre un recurso del portavoz de la ilegal Batasuna que, si no lo acepta, convertirá su condena en firme. La decisión se enviará inmediatamente al tribunal sentenciador, la Audiencia Nacional, que será la que ordene su ingreso en prisión. Otegi fue condenado a 15 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo al participar en un homenaje al etarra José Miguel Beñarain, Argala (el autor material del asesinato del presidente franquista Luis Carrero Blanco, luego ejecutado por los servicios secretos).

Zapatero ordenó la prisión de De Juana, al igual que autorizó su prisión atenuada que comportaba su envío a San Sebastián y una posterior excarcelación. El presidente y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, forman el núcleo duro gubernamental ante el desafío terrorista. Cuentan con la colaboración de su jefe de gabinete, José Enrique Serrano, o de su asesor, Enrique Guerrero, pero entre los dos todo se lo comen y se lo guisan.

Rubalcaba iniciará en los próximos días una ronda de contactos con los partidos políticos para dar por cerrado oficialmente El Proceso, ver cómo enfocan la unidad de los demócratas y barajar los distintos escenarios que se prevén sobre el despliegue de locura de ETA. Es difícil que el PP se sume: los demás lo abandonarían, ya que hay formaciones como IU que están en contra de la Ley de Partidos y del Pacto Antiterrorista.

Zapatero estrena eslogan para esta nueva escalada de terror. “Firmeza, unidad e inteligencia” sustituyen ahora a la coletilla de que el Proceso sería “largo, duro y difícil”. Firmeza frente a ETA, unidad de los partidos e “inteligencia” para sumar más voluntades a la paz. De ahí que, en colaboración con Rubalcaba, elaborara esa declaración institucional donde expresa que los vascos decidirán su futuro, dentro de la ley, y que él hizo todos los esfuerzos para alcanzar la paz y “abrir un marco de convivencia para todos, en el que pudiesen defenderse democráticamente todas las opciones y que supere todo enfrentamiento” (sic). Una visión particular para combatir un movimiento totalitario que, desde 1977, no acepta la democracia.

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