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Hoy puede ser un gran día para la causa de los demócratas. Aciago, por tanto, para los enemigos de la libertad. Hablamos de dos destacados ex etarras, Arnaldo Otegi y José Ignacio De Juana Chaos. El segundo ya está entre rejas de nuevo. Y el primero tiene todas las papeletas para estarlo a lo largo de las próximas veinticuatro horas.

Muchos entenderán que estamos ante una respuesta del Estado al chantaje de ETA en su último formato (comunicado de ruptura del alto el fuego "permanente", difundido el martes). Están en su derecho. Nadie objetará esa interpretación porque a nadie le importa la trastienda política o jurídica si sirven para encarcelar a dos personajes de semejante calaña.

De todos modos, conviene precisar. Mientras que la situación penitenciaria de De Juana Chaos depende del Gobierno, la del líder de la ilegal Batasuna, Arnaldo Otegui, depende de los tribunales. Si el desenlace es la prisión en ambos casos -ya llevamos uno-, tendremos a mano un buen ejemplo práctico del funcionamiento del Estado de Derecho como resorte de la lucha contra el terrorismo. Sin atajos, sin reyerta política, sin aspavientos y sin maliciosa asignación de intenciones. En justa combinación de "firmeza" e "inteligencia" (copyright Rubalcaca), también puede aplicarse el principio de oportunidad si no está reñido con el imperativo de legalidad.

Desde su reingreso en la cárcel, ayer por la tarde, De Juana Chaos queda amortizado como pedrada para descalabrar a Zapatero. Nada de vuelta a su casa, o a la de su novia. El alta 'hospitalaria' -no médica- le sirve para curarse del todo. Y para curarse del todo, bajo control médico, nada mejor que la enfermería de la prisión de Aranjuez, una de las mejores de nuestro sistema penitenciario.

En cuanto a Arnaldo Otegi, hoy está citado en el Tribunal Supremo para conocer el fallo a su recurso de casación contra una sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó a 15 meses por enaltecimiento del terrorismo. Si el Supremo confirma la sentencia, que es lo más seguro porque así lo pide también la Fiscalía, la Audiencia Nacional -o sea, el tribunal sentenciador-, ordenará su inmediato ingreso en prisión al acumular ya más de dos años de pena -ese es el umbral técnico- por varias sentencias firmes.

Todo esto alude al funcionamiento del Estado de Derecho, cuya aplicación reclama una especial firmeza en estas circunstancias, tal y como dijo ayer en el Senado el presidente del Gobierno. Es uno de los dos pilares de la política antiterrorista. El otro es la unidad. La de los ciudadanos y la de los partidos políticos. Esta segunda modalidad de unión frente al enemigo común es nuestra asignatura pendiente.

Solo un dirigente asociado al PP, Miguel Sanz, líder de UPN, baja los brazos en la persistente ofensiva contra la "política de rendición" de Zapatero, muestra su "respeto por la declaración del presidente" y dice que la responsable de lo ocurrido es ETA y no el Gobierno. Aunque el tono complaciente de Sanz responde a la decisión socialista de permitirle gobernar de nuevo en Navarra, como El Confidencial adelantó el viernes pasado, bienvenidos sean estos gestos de distensión en la reyerta Zapatero-Rajoy que, insisto, solo terminará en las generales con la muerte política de uno de los dos.

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