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La banda terrorista ETA ha enterrado el proyecto estrella del presidente del Gobierno, su famoso proceso de paz. Y con su comunicado ha puesto fin, de hecho, a la legislatura socialista. Porque José Luis Rodríguez Zapatero apostó su futuro a una carta, negoció sin contar con el primer partido de la oposición y arrastró consigo el prestigio de instituciones como el Tribunal Supremo o la Fiscalía. Frente a él, el líder del PP, Mariano Rajoy, le negó su apoyo y actuó guiado bajo la convicción de que fracasaría y que el diálogo con los terroristas implicaba abrir la puerta a la esperanza de que el Estado se avendría a las exigencias políticas de ETA.

Zapatero requirió ayer de los populares que se sumen a la unidad de los partidos frente al terrorismo, pero en su declaración institucional, que se presta a diversas interpretaciones, no ofreció giro alguno a su política antiterrorista. Rajoy respondió con otra declaración donde eludió el apoyo y lo condicionó a que antes rectifique y diga que no se puede negociar con los terroristas. Ambos hablaron por teléfono, ayer y el viernes, porque el comunicado era inminente. La prueba de la ausencia de voluntad de pacto es que se reunirán el lunes 11 de junio, en lugar de citarse ayer mismo en La Moncloa.

El horizonte político se llama elecciones generales: la legislatura ha acabado, una vez terminada la otra gran ambición de Zapatero, la reforma del Estado, en especial del Estatuto de Cataluña que iba a ser, además, un pedagógico señuelo para acercar a la izquierda radical de ETA y Batasuna a la democracia.

Sólo hay una persona que puede convocar los comicios, el presidente del Gobierno. Sus ministros ya habían recibido la orden de que empezaran a cerrar sus agendas y que no presentaran leyes de calado, mientras en La Moncloa insisten en que terminará la legislatura en marzo de 2008. La clave para un adelanto en otoño residirá en los apoyos a los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Por ahora, los augures demoscópicos no le son favorables: apuntan a un empate técnico entre PSOE y PP.

Sin remedio. Ambos dirigentes han creado mundos paralelos alrededor de sus partidos, en lugar de fomentar la convivencia. Si ayer se escuchaba a muchos oyentes de la Ser, quedaba claro que el PP en general, y Rajoy en particular, son los responsables de que ETA vuelva a asesinar; si se ponía la Cope, Zapatero había vendido la democracia y Navarra a los terroristas. A este ambiente contribuyen declaraciones como las del presidente del PSOE, Manuel Chaves, quien responsabilizó a ETA de la ruptura, para pedir a renglón seguido al PP que se preguntara si su actitud había facilitado “la solución del problema o ha sido obstruccionista, entorpecedora y de obstáculos al proceso de paz”.

En fuentes del entorno de Zapatero se negaba que el presidente vaya a hacer en los próximos días una oferta de pacto a Rajoy. “El PP no puede pretender que el Gobierno abandone a todas las fuerzas políticas y se vaya sólo con él. Todos los partidos están unidos en la lucha contra ETA y, al otro lado, está el PP. La pregunta es: ¿Va a hacer algo el PP para volver a la unidad?”.

España vivió ayer un shock. Se da la paradoja de que la banda lleva ocho meses preparando a su base social para responsabilizar al Gobierno de la ruptura, mientras que Zapatero no ha educado a la sociedad española para esta consternación, ni ha enviado mensajes donde se expliquen con integridad las causas del fracaso. Por ejemplo, no ha cedido en algunas pretensiones que demandaban los terroristas, como la integración de Navarra en el País Vasco, pero sí ha permitido que el trasunto de Batasuna, ANV, participe en las elecciones; sus fiscales intentan no procesar a Arnaldo Otegi y el terrorista Ignacio de Juana Chaos fue trasladado a un hospital de San Sebastián.

Ya en agosto la banda anunció en un comunicado que el Proceso estaba inmerso “en una evidente situación de crisis”. El escrito era la antesala de la ruptura, y así se interpretó entre los partidos vascos: a tan sólo cinco meses, los miembros más sectarios de la organización se habían hecho con su control, acusando a los demás del fracaso, y exigiendo una negociación política paralela a su diálogo con el Gobierno.

A pesar de este giro radical, los socialistas siguieron adelante y en septiembre se hizo evidente que no había salida, pero no hubo una explicación pública. Es más, se llevaron en secreto los contactos entre los partidos vascos y Batasuna, celebrados en el monasterio jesuítico de Loyola; se negó la existencia de las cartas de extorsión que enviaban los terroristas a los empresarios; se llegó a negar el aumento de la violencia callejera, considerando unos aguafiestas a quienes lo denunciaban… Hasta el atentado del 30 de diciembre, que fue precedido por una optimista declaración presidencial.

Aquellos dos asesinatos pusieron a Zapatero en otra vía, la del fin de la negociación. Luego vino la entrevista de la banda, donde se reservaba la potestad de asesinar contrincantes políticos. Frente a ello, el presidente actúa desde hace semanas como ocultando el hecho terrorista. Su Gobierno ha pasado de puntillas por el desafío etarra y nadie ha dado explicación verosímil a la participación de la mitad de ANV en las elecciones, a la actitud más benévola de la fiscalía ante Batasuna… Mientras, en Moncloa cruzaban los dedos para que no hubiera un atentado antes de las elecciones municipales y autonómicas.

Una vez cerradas las urnas, una vez elegidos los representantes de su mundo, cuando ya no queda nada por rebañar, la banda terrorista actúa como ha hecho siempre en todas las treguas rotas: responsabilizando a quien le tendió la mano de todos sus delirios y sometiendo a su trama civil (ANV y Batasuna) a sus designios. Ahora vendrán más filtraciones de acuerdos incumplidos porque llega la siguiente fase: demoler a sus interlocutores.

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