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Empresarios que se niegan a financiar la actividad terrorista de ETA, policías autónomos vascos, personas que han destacado en la rebelión cívica contra la banda y cargos electos. Los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado barajan estos cuatro tipos de víctimas potenciales de la banda una vez roto el 'alto el fuego'. De entre todos ellos, la banda armada se centraría principalmente en dos: los ertzainas y aquellos objetivos que tengan que ver con Navarra. De esta forma, primaría más la carga simbólica del atentado que el atentado en sí.

Muchos empresarios y profesionales fueron ya avisados en las últimas semanas, después de recibir una nueva remesa de cartas de extorsión terrorista. Tal es así que varios de ellos han empaquetado sus maletas para pasar una temporada fuera del País Vasco, con la esperanza de regresar pronto a casa, según fuentes empresariales. Hace más de seis semanas que los servicios de información alertaron a los profesionales vascos de la inminencia de un secuestro o atentado. El objetivo en ambos casos es el mismo: obtener financiación para sus actividades terroristas a través del chantaje. Con el primero, cobran el rescate. Con el asesinato de uno de ellos, ETA consigue el escarnio al resto del colectivo de ‘los amenazados’, como se les denomina en el País Vasco, y aumenta su recaudación entre ellos.

La Confederación Empresarial Vasca (Confebask) expresó su apoyo a las instituciones y dijo que se trataba de “la peor noticia desde el punto de vista social, político y económico".

Los ertzainas, por su lado, saben desde hace tiempo que son objetivo prioritario de la banda terrorista. De ahí que, nada más difundirse el comunicado de la banda terrorista, sus sindicatos ErNE, ELA y CCOO se reunieran ayer con el consejero de Interior, Javier Balza, para trasladarle la “imperiosa necesidad” de que concrete sus compromisos adquiridos el pasado 21 de mayo para garantizar la seguridad de este colectivo. También piden cursos de formación de autoprotección y que se arbitren los sistemas de control de esas medidas de seguridad.

En cuanto a la Benemérita, la Unión de Guardias Civiles (UGC) subraya que los agentes de este Cuerpo "seguirán alerta" y "persiguiendo cualquier hecho delictivo" cometido por "los activistas y militantes de esta organización ilegal". En un comunicado, la asociación de guardias civiles asegura que los agentes "jamás bajaron la guardia ante el llamado proceso de paz" y argumenta que "una de las misiones" de las fuerzas de seguridad es "estar siempre en un estado de prevención". "Nuestra aspiración, como la del resto de los españoles, es ver el fin de esta lacra salvaje y sanguinaria, que afecta la convivencia de los españoles en libertad y por ende en democracia", señala la asociación.

El tercer colectivo entre los que se cree que ETA podría cometer un asesinato son las personas que han destacado en la rebelión cívica contra la banda ETA. El cuarto serían los cargos políticos del PP y del PSE que, por su condición, tienen medidas de seguridad más bajas que las de los líderes de sus respectivos partidos. Los escoltas han reforzado las medidas de seguridad sobre estos grupos desde hace dos meses.

El director general de la Policía y la Guardia Civil dijo tras el anuncio de ETA que "estamos en un nivel de alerta declarado, el nivel 2, que es alto, prácticamente el tercero supone la presencia de Fuerzas Armadas", señaló Joan Mesquida, quién insistió en que "tenemos muchos medios y, obviamente, tanto Policía como Guardia Civil tienen todos los mecanismos activados para proteger toda la geografía nacional".

Los servicios de información franceses llevan tiempo alertando a España, en especial desde septiembre pasado, de que la banda había incrementado sus actividades. Se han descubierto nuevos sistemas de bombas-lapa para asesinar que resultan más difíciles de detectar, según deducciones de los investigadores galos.

El periódico El País informó el pasado día 4 de junio que, según los servicios secretos españoles, lo más probable es que ETA “intente un atentado espectacular y sin víctimas, para exhibir su capacidad operativa y aumentar su capacidad de intimidación y chantaje”.

Los servicios de escoltas privados en España están operativos "al cien por cien" desde hace aproximadamente dos meses debido a que, tras el atentado de Barajas, ya daban "por descontado" el fin del alto el fuego anunciado ayer. Así lo declaró Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), quien destacó que en la actualidad hay 4.500 profesionales en activo, la mayor cifra que este colectivo ha tenido en su historia. Por ese motivo, explicó De la Cruz, las labores de protección de personas "aumentaron bastante", además de que "teníamos información que apuntaba por dónde iban los tiros", y hace alrededor de dos meses que "los servicios están operativos al cien por cien".

El presidente de ASES señaló que ese aumento de escoltas a raíz del atentado en el aeropuerto madrileño se notó "especialmente" en la protección de empresarios vascos y después en jueces y fiscales y en cargos públicos, y añadió que tras el anuncio realizado por la banda terrorista podría incrementarse "algo" el número de servicios, aunque "dependiendo del nivel de amenaza que utilice ETA". De los 4.500 profesionales, detalló De la Cruz, unos 2.000 desempeñan su labor en el País Vasco, mil en Navarra, otro millar en Madrid y unos quinientos en el resto de España, de los que trescientos se reparten entre Cataluña y Andalucía.

Durante el alto el fuego permanente no se redujeron "prácticamente nada" las labores de protección, puntualizó el presidente de ASES.

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