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Los adversos resultados electorales de las elecciones municipales para Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya ha tenido sus primeras consecuencias: el ala más dura del partido sacará ventaja de la bajada de votos (cifrada en un 20%), a pesar de que, en realidad, ha aumentado el número de concejales en unos 300.

El área metropolitana de Barcelona, la zona donde los independentistas querían consolidarse, ha supuesto un duro golpe para ERC. En esta área, una parte de sus votos se ha ido a la abstención. Pero en ciudades medianas, donde necesitaban todos y cada uno de los sufragios, a ERC le ha salido un duro competidor: la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), una organización situada a la izquierda y muy crítica con la línea pactista de Esquera con los socialistas.

La CUP ha sacado poco más de una treintena de concejales en toda Cataluña, una nimiedad comparada con los miles de concejales que hay, pero el voto que huye de Esquerra hacia esta formación ha dejado, en ocasiones, fuera del consistorio a los republicanos. Es más, incluso en una población tan importante como Sant Celoni, la CUP ha barrido del mapa a Esquerra y ahora es la fuerza que puede dar la alcaldía a CiU (11 concejales) o al PSC (10 concejales).

Esta situación ha pasado factura a la dirección de ERC. Tanto que el alcaldable por Barcelona, Jordi Portabella, anunció sorpresivamente el miércoles a mediodía que no pensaba entrar en el nuevo gobierno tripartito de la capital catalana.

Lo cierto es que esta maniobra tenía una motivación muy personal: la federación de Barcelona de Esquerra, que se iba a reunir aquella noche, tenía órdenes concretas de pedir la cabeza de Portabella por los malos resultados electorales. Y el dirigente independentista adujo que no entraría en el Gobierno porque difería en el “modelo de ciudad” con sus socios de los últimos 16 años.

De todos modos, la puerta a un pacto con los socialistas y con los ecosocialistas de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) está abierta, ya que el candidato del PSC, Jordi Hereu, le ofreció que, antes de decantarse formalmente por no entrar, plantease por escrito cuáles son sus exigencias para ir al consistorio “porque todo es negociable”.

Las órdenes para defenestrar a Jordi Portabella habían llegado a la federación desde el círculo del secretario general del partido, Joan Puigcercós, a quien sólo le falta la estructura barcelonesa para controlar absolutamente todo el aparato del partido. Con la renuncia a entrar en el gobierno municipal, el alcaldable por la capital desactivó la operación y conjuró su caída en desgracia.

La medida adoptada por el dirigente republicano da también una idea de cómo está la situación interna en ERC: por un lado, hay un grupo importante que encabeza el ex consejero de Gobernación, Joan Carretero, que ya anunció que se convertiría en una corriente interna después de las municipales. En realidad, Carretero ya ha convocado una reunión de sus adeptos (y cuenta que tiene casi 1.500) el 30 de junio en Barcelona para tratar, entre otras cosas, de forzar un congreso extraordinario de ERC y defenestrar a la actual dirección.

En este sentido, los resultados electorales refuerzan sus tesis de que los militantes y los votantes independentistas no ven con buenos ojos la alianza con los socialistas. Carretero ha llegado a pedir incluso que Joan Puigcercós abandone la Generalitat para poder decir como dirigente del partido lo que no puede decir como consejero.

Por otro lado, la pugna por el poder no está cerrada en la cúpula, ya que Puigcercós y el presidente de Esquerra, Josep Lluís Carod-Rovira, siguen luchando por el control de áreas de decisión.

Asimismo, dentro de los cargos de la Administración ha habido serios enfrentamientos: el consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, destituyó a dos directores generales de su área por fricciones internas. Carod-Rovira, por su parte, destituyó esta semana y por sorpresa, a la cúpula del área de Asuntos Exteriores de la Generalitat. El Secretario de Asuntos Exteriores, Alberto Royo, se enteró de su cese sólo horas antes de ser aprobado por el Gobierno. Todo ello ha generado un clima de desconfianza, hasta el punto de que, en la propia Administración, se teme que muchas de las decisiones que se toman –especialmente relacionadas con cambios en la estructura- puedan deberse a la pugna interna del partido que se traslada a sus áreas de influencia.

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