Grande-Marlaska archiva la investigación sobre la contratación del YAK-42

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Grande-Marlaska archiva la investigación sobre la contratación del YAK-42

Fernando Grande-Marlaska, YAK-42

Efe. Madrid.- - 01/06/2007 18:52h

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Grande-Marlaska archiva la investigación sobre la contratación del YAK-42

El juez Fernando Grande-Marlaska

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska archivó hoy la parte de la investigación sobre el YAK-42 relativa a la contratación del avión, aunque abrió la vía para que los familiares de los 62 militares fallecidos en Turquía en mayo de 2003 reclamen una indemnización al Estado.

En un auto notificado hoy, el magistrado dicta el sobreseimiento ante "la ausencia de indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español", destaca que el avión era "apto para volar" y atribuye el siniestro a la "falta de preparación" de la tripulación.

No obstante, advierte de que el archivo se acuerda "sin perjuicio de que las propias circunstancias de la contratación del transporte aéreo (...) pudiera conjugar una concreta responsabilidad patrimonial del Estado a articular mediante las oportunas acciones previstas en la Ley".

Además, Grande-Marlaska mantiene abierta la parte de la causa en la que se investigan las supuestas irregularidades cometidas en la identificación de los cadáveres de los fallecidos en Turquía, en la que están imputados el general médico Vicente Navarro y el general José Antonio Beltrán.

El juez recuerda que fue la agencia de la OTAN denominada NAMSA la que contrató el traslado de los militares españoles pertenecientes a la fuerza internacional de paz de la OTAN en Afganistán de Bishkek (Kirguizistán) a Zaragoza con la empresa Chapman Freeborn, "existiendo posteriores subcontrataciones hasta que el servicio es prestado materialmente por UM AIR".

Añade que en atención a la forma en la que fue contratado el traslado "no puede concluirse sobre un especial deber de observancia por parte de funcionario alguno del Ministerio de Defensa que determinara su posición jurídica de garante en relación al siniestro verificado y en parámetros penalmente relevantes".

Comprobar el estado de la aeronave no era competencia de las autoridades españolas

"Así, no se establecía ninguna obligación concreta relativa a deber verificar que la aeronave se encontrara en perfecto estado de mantenimiento", dice el juez, que recuerda, además, que "ninguna anomalía en esos términos ha quedado acreditada".

Grande-Marlaska agrega que a las autoridades españolas "tampoco les correspondía comprobar, previamente, el que la tripulación gozaba de las necesarias licencias, recordando que también era correcta, y menos que recibían los necesarios cursos de formación (...) y menos que se cumplieran los necesarios horarios de descanso".

Según el instructor, estas obligaciones "pesaban sobre la empresa contratista".

El juez advierte, sin embargo, que "cuestión distinta sería la de valorar la pertinencia o no de haber establecido mayores elementos de control por parte de las autoridades españolas, principalmente como corolario del sistema de contratación, circunstancias que, en su caso, conllevarían responsabilidades de índole distinta", ajenas a la vía penal.

Con este auto, contra el que cabe recurso, se cierra la parte de la causa en la que se investigaba un presunto delito de imprudencia con resultado de muerte que la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo YAK-42 imputaba a los responsables del Ministerio de Defensa.

"Falta de preparación" de la tripulación

Grande-Marlaska atribuye el siniestro, según las conclusiones del informe pericial elaborado por la Comisión Internacional de investigación, a la "falta de preparación" de la tripulación, integrada por doce ciudadanos ucranianos que también fallecieron en el accidente, ocurrido en la madrugada del 26 de mayo de 2003 en las cercanías del aeropuerto turco de Trebisonda.

En este sentido, afirma que los tripulantes no tenían "preparación concreta" para aterrizar en aeropuertos situados en una orografía montañosa ni habían seguido cursos que les permitieran reaccionar correctamente "ante situaciones de riesgo".

El juez también alude a la "razonable fatiga, consecuencia de las horas y circunstancias de los vuelos" y dice que todas estas circunstancias "determinaron el que se valorara inadecuadamente la realidad".

Señala, sin embargo, que "el avión se encontraba en perfectas condiciones técnicas, había pasado todos los controles de mantenimiento y era apto para volar", aunque no funcionaba el sistema de control de voz en cabina y los marcadores relativos al combustible "no eran fiables".

Grande Marlaska concluye que "no fueron las circunstancias relativas al estado y mantenimiento de la aeronave las causas, ni directas ni indirectas, del siniestro, sino la preparación concreta de la tripulación para maniobrar en un aeropuerto de las características citadas (...), así como las condiciones de cansancio y estrés" de la tripulación.

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