Sant Cugat, el primer consistorio español que expropia VPO por la vía judicial
Efe. Barcelona.- - 29/05/2007
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El ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) es la primera administración española que ha conseguido la expropiación de Viviendas de Protección Oficial (VPO) después de recurrir a los tribunales por incumplimiento de las condiciones de adjudicación, según publica este martes La Vanguardia.
El consistorio municipal de Sant Cugat, a través de la empresa pública de promoción de vivienda de protección oficial Promusa, ha revisado sus concesiones y ha denunciado a 12 beneficiarios de estos pisos por no vivir en ellos o alquilarlos a terceros.
De momento, el ayuntamiento ya ha acumulado dos sentencias favorables, de los juzgados de primera instancia y de instrucción número 6 de Rubí (Barcelona), que ordenan la devolución de la propiedad de las viviendas y disuelven los contratos de compraventa vigentes.
Promusa ha descubierto que alrededor del 3% de los adjudicatarios de este tipo de viviendas presentan irregularidades, tales como no vivir en ellas, tener otros inmuebles en propiedad y, en algunos casos, tener subarrendados dichos pisos.
Situaciones fraudulentas
El gerente de Promusa, Lluís Hosta, ha comunicado que en Sant Cugat se encontraron 25 pisos que podían estar ocupados de manera fraudulenta y que, tras la contratación de una firma de detectives que investigaron durante un año la situación real de las viviendas, se denunció a doce de ellos a los tribunales.
En declaraciones a Efe, el gerente de la empresa pública de vivienda de Sant Cugat ha explicado que el fraude en la VPO es "mínimo" y que las inspecciones se iniciaron a finales de 2005 a raíz de algunas quejas vecinales que recibió el ayuntamiento.
El montante económico de estas denuncias, presentadas a finales de 2006, es importante ya que, por ejemplo, uno de los pisos recuperados, de 87 metros cuadrados, se adjudicó por 72.300 euros, mientras que en el mercado libre una vivienda similar en la localidad barcelonesa cuesta 426.300 euros.
Hasta el momento, Promusa ha llegado a un acuerdo con tres de estos propietarios, a los que la empresa pública les ha pagado el precio actualizado con el IPC acumulado para la devolución de los pisos, aunque la mayoría de los adjudicatarios denunciados ha preferido agotar la vía judicial.
Lluís Hosta ha detallado que existe jurisprudencia a favor de la demanda de Promusa en otras partes de España y ha explicado que las primeras sentencias ya se han dado a conocer y que las restantes irán sucediéndose en un plazo breve de tiempo.
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