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 Paulino Rivero, candidato de Coalición Canaria (Efe).

Los trabajadores de la Sociedad Canaria de Televisión Regional (Socater), empresa privada que suministra la mayoría de los contenidos a ¡C!, la televisión pública canaria, llevan varias semanas en pie de guerra contra su empresa, participada mayoritariamente por el grupo PRISA.

Las condiciones en las que tienen que desempeñar su trabajo y el sueldo que reciben por éste son los motivos que les han llevado a plantar cara a la productora en un conflicto que afecta a unos 200 trabajadores y que se ha colado de rondón en los comicios autonómicos, insulares y municipales de este domingo. El canal no ha podido servir la programación especial dedicada a la jornada electoral como tenía previsto.

Luis Muro, presidente del comité de empresa en Las Palmas de Gran Canaria, ha explicado a El Confidencial que los empleados de Socater cobran de media un salario “un 30% más bajo” que los empleados del resto de canales englobados en la FORTA, a pesar de que su trabajo es homologable. En muchos casos, según relata el representante de los trabajadores, se ven obligados a trabajar hasta 42 fines de semana al año “por 28.000 pesetas más al mes”.

Los centros de producción tampoco reúnen, a su juicio, las condiciones para desempeñar su labor en condiciones dignas. El representante de los trabajadores desgrana algunas de ellas: “Hay zulos donde la gente trabaja sin ventana, o en una redacción de 30 metros cuadrados con 25 personas y las ventanas selladas. En el centro de Tenerife no hay sillas para sentarse y en algunos casos las mesas están ocupadas hasta por tres personas...”

Las negociaciones entre compañía y trabajadores se hallan en estos momentos en punto muerto. La empresa asegura, tras las reuniones maratonianas habidas este fin de semana, haber aceptado en firme la banda propuesta por el mediador de la Inspección de Trabajo con un convenio de tres años con un aumento del IPC anual más una horquilla de entre un 1,8 y un 2,2% de incremento, y acusa a la representación sindical de “haber dado la espalda” a este ofrecimiento.

Los sindicatos, por su parte, afirman que los empleados “han rebajado sus pretensiones iniciales [del 15 al 10 y luego al 9%]. Aun así, desde Socater se mantienen diferencias que ahora mismo parecen irreconciliables”. La plantilla, de acuerdo con lo afirmado por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), también “responsabiliza al Gobierno de Canarias por mantenerse al margen en un conflicto que afecta al derecho a la información” de los ciudadanos del archipiélago.

De este modo, los trabajadores se presentaron este domingo en los colegios electorales donde los principales candidatos de Coalición Canaria (CC), que ostenta el Gobierno de las islas, iban a depositar su voto. Paulino Rivero, candidato de CC a la Presidencia, fue recibido a su llegada al colegio electoral con carteles en los que se podía leer “Yo debería estar ahí trabajando” o “Convenio ya, ¡C! precariedad”.

De este modo se referían a la contratación, por parte del Ente Público Radio Televisión Canaria, de otra productora para realizar la cobertura de la jornada. Los trabajadores también simularon una cobertura ficticia con cámaras y micrófonos de cartón que utilizaron como si fueran de verdad.

La huelga comenzó a tomar un cariz más duro el pasado jueves, con la suspensión de los servicios mínimos y el encierro de 52 empleados del centro de Las Palmas de Gran Canaria en un plató de 60 metros cuadrados. Según denuncia Muro, fueron sometidos a una "huelga de hambre involuntaria, porque la empresa se negó sistemáticamente a que nos pasaran agua y bebida aduciendo que en el plató había una máquina de vending".

La entrevista con Paulino Rivero prevista para ese día tuvo que ser suspendida, y los nombres y fotos de los empleados que sí acudieron a trabajar fueron publicados en los tablones de la empresa. Burgos, sin embargo, asegura que "el comité de empresa no ha hecho eso en ningún momento; no han aparecido en el panel del comité". La tensión por el encierro se rebajó tras la llegada a los estudios, ubicados en una zona industrial de la capital grancanaria, de una Unidad de Intervención Policial, que paradójicamente fue recibida con aplausos y vítores por parte de los trabajadores.

La Televisión Canaria comenzó sus emisiones en el año 2000 con una estructura entonces pionera: por primera vez en la historia de las televisiones publicas españolas, el ente público no iba a ser el encargado de la producción de los programas, sino que delegaba en una productora, elegida por concurso público, toda la programación de la emisora. De este modo, se explicó entonces, los costes de producción se reducirían enormemente y sería posible mantener el canal sin realizar una inversión pública mastodóntica.

El contrato de suministro de programas debe renovarse cada cierto tiempo, aunque en estos momentos se encuentra prorrogado y hasta 2008 no se realizará una nueva adjudicación. En sus primeros tres años de vida Socater, cuyos últimos resultados reflejaban un beneficio de dos millones de euros, carecía de un convenio colectivo que regulara el empleo de sus trabajadores, y la vigencia del actual expiró en diciembre de 2005.

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