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Matar no sólo es fácil, sino también barato. La célula integrista que cometió los atentados del 11 de marzo de 2004 gastó únicamente 54.271 euros en preparar la masacre que costó la vida a 192 personas. Así al menos lo reflejaron tres peritos policiales en el informe sobre la financiación de las actividades de los presuntos autores materiales de la masacre y que fue incluido en 2005 al sumario. Hoy, estos tres agentes han acudido ante el Tribunal que juzga aquellos hechos y lo han vuelto a poner de manifiesto: los atentados tuvieron un coste “relativamente pequeño”.

Los agentes no han entrado en detalles porque ni la fiscalía, ni las acusaciones ni las defensas les han interrogado sobre las cifras. Ellos simplemente han hablado de que el empresario era, sin lugar a dudas, Jamal Ahmidan, El Chino, y que el principal origen del dinero utilizado provenía del “ámbito delictivo”, sobre todo del tráfico de drogas. No obstante, los expertos policiales reconocen que otros integrantes de la célula pusieron su granito de arena económico rascándose el bolsillo y la cuenta corriente, y que todo el dinero iba y venía sin transferencias, no tanto para evitar las comisiones como para no dejar rastro. Es lo que llamaron “microfinanciación” y que incluía pequeños donativos, el botín de robos de poca monta e, incluso, una parte del sueldo de cada uno.

No obstante, basta echar un vistazo al informe para poner cifras a la masacre. Así, a los 54.271 euros gastados en los preparativos de la masacre, los terroristas habían acumulado otros 51.795 más en metálico para hacer frente a futuras acciones criminales. De la primera cifra, la mayor parte la invirtieron en la adquisición de los 210 kilos de explosivos y 260 detonadores a la trama asturiana, a la cual -deducen- debieron pasar “mediante la entrega de dinero en efectivo, en especie, o bien, mediante el trueque de explosivos por hachís” ya que los dos presuntos cabecillas de la misma, el ex minero Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro presentaban cuentas corrientes de “escasa cuantía y pocos movimientos”, como han recordado este lunes en la sesión del juicio. Por ello, la Policía se decantaba ya en el informe porque el pago final fueron entre 25 y 30 kilos de esta droga, cuyo precio entonces en el mercado negro se situaba entre 1.275 y 1.500 euros el kilo. Es decir, un total de 45.000 euros.

A esta cantidad, los investigadores suman el alquiler de la finca de Chinchón donde se montaron las mochilas bomba (2.520 euros), así como los salarios pagados a tres personas por los trabajos realizados en la misma (2.140 euros), los materiales adquiridos para dichas obras (461,60 euros) y la compra de “diversos efectos” (300 euros). Los terroristas, además, pagaron 800 euros por el alquiler de un chalé en la localidad granadina de Albolote que nunca llegaron a ocupar y 1.800 euros más por el del piso de Leganés donde finalmente se suicidaron siete de los integrantes de la célula. En la adquisición de teléfonos y tarjetas SIM, la Policía cree que la célula islamista invirtió 1.250 euros, ya que da por probado que adquirieron 100 tarjetas a un precio de 6,5 euros cada una, así como al menos diez teléfonos móviles a 60 euros cada terminal.

El informe dedica un apartado específico a lo que califica de “reservas económicas de la célula terrorista” y que cifra en 51.795 euros en metálico y cerca de 1.537.663 más en drogas. En concreto, la Policía se incautó de dinero en efectivo en el piso de Leganés, donde fueron encontrados 35 billetes de 500 euros, cuatro de 200 euros, 24 de 100 euros, 85 de 50 euros, seis de 20 euros, seis de 10 euros y uno de cinco euros, “lo que representa un importe total de 25.135 euros”. A ello se suma los 19.010 euros encontrados en la vivienda de la calle Cerro de los Ángeles donde vivían el detenido Hamid Ahmidan y su primo Hicham Ahmidan, y los 7.650 euros encontrados en el domicilio de Jamal Zougam. A todo esto hay que añadir los 60 kilos de hachís en tabletas y los 125.800 comprimidos de éxtasis encontrados en el domicilio de Cerro de los Ángeles, cuyo valor en el mercado negro es de 1.537.663 euros.

A pesar de esta aparente abundancia económica, los policías destacan en el documento que han ratificado hoy ante el Tribunal que gran parte de los implicados tenía una “economía de subsistencia” que les situaba habitualmente en “la situación de descubierto financiero, siendo incapaces de hacer frente, de forma regular, al pago de los alquileres y suministros básicos de servicios como luz y agua”, y destaca que sus cuentas corrientes tenía escasos fondos, reflejaban una escasa capacidad de ahorro y, en muchos casos, permanecían “inactivas o apenas presentan movimientos”. En este sentido, la Policía destaca que no hay interrelaciones entre las cuentas corrientes investigadas y que en los ingresos que registran no aparecen movimientos extraños, limitándose éstos al “pago de nóminas, domiciliación de facturas y compras efectuadas con tarjetas”.

Los tres autores del documento policial consideran, además, que los terroristas no gastaron dinero en conseguir vehículos, ya que una parte de ellos fueron robados y el resto eran propios de los integrantes de la célula, de familiares o de amigos. El único gasto que adjudican en este sentido, y que califican de “irrelevante”, es la adquisición de tres placas de matrícula por importe de 57 euros. Algo similar ocurre con la documentación falsa utilizada -que los investigadores creen obtenida tras manipular “de forma burda” documentos de amigos y familiares y, por tanto, sin costo alguno- y las armas utilizadas. La yihad no les hizo derrochar.

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