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En La Moncloa circula un extraño germen de alejamiento de la realidad que afecta a sus inquilinos. Alteró la percepción de José María Aznar sobre la guerra de Iraq, y parece que ahora afecta a José Luis Rodríguez Zapatero a cuenta de su llamado proceso de paz con la banda terrorista ETA. El presidente aparenta estar inmerso en una especie de pinza: la que todos los días organiza Batasuna, arrebatándole la agenda política a conciencia y con saña, y la idea que él mismo transmite respecto a que un atentado terrorista significaría su fracaso político. Mientras, Mariano Rajoy no suelta su tibia y le señala como el único responsable de que ETA vuelva, revitalizada, a las instituciones.

Un ejemplo de esa pérdida de percepción del presidente y su equipo son algunas reflexiones que realizó ayer su fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, durante un desayuno informativo organizado en Madrid por Europa Press y donde, por primera vez, relató la actuación del Gobierno respecto a los distintos clones de Batasuna.

Si sus explicaciones jurídicas eran coherentes, no lo parecieron tanto las gafas con las que ve la realidad del drama de terrorismo de ETA. Opina el fiscal que el “enemigo principal” de España es el terrorismo islamista y no el etarra, que está “en proceso de extinción, en proceso de decadencia, lo cual no quiere decir que no tengamos un susto” ni haya que perseguirlo, como se realiza.

Todos los especialistas consideran que el terrorismo islamista es un problema primordial para España, porque se extiende como una mancha de aceite la percepción de que la antigua Al-Andalus es la Arcadia perdida del Islam y hay que recuperarla. Pero Conde Pumpido ignoró ayer un drama: ETA provoca en el País Vasco una profunda división social, un clima que en ocasiones orilla el enfrentamiento civil superado en todas ellas por la voluntad de convivencia de los demócratas a pesar de la frustración.

Pero lo que resulta más preocupante de sus palabras es que sea precisamente el fiscal general del Estado quien de a entender que sólo considere terrorismo el tiro en la nuca o el coche bomba. Pasó por alto que muchos vascos intentan sobrevivir amenazados por el terrorismo callejero, por la extorsión económica y por la imposibilidad de expresarse políticamente en libertad. Y que muchos empresarios, comerciantes o profesionales han recibido hace escasas semanas cartas de extorsión, de los que un número significativo de ellos acaba de huir una temporada fuera de Euskadi con la esperanza de regresar cuando disminuya la presión terrorista.

Amenazas, ataques y comunicados

Si había dudas, ahí va otra reflexión. Cree el fiscal que es “indudable que su tiempo [el de ETA] se ha acabado y que está obsoleto y que su mundo está intentando reconvertirse de alguna forma”. Tamaña reconversión consiste en amenazas diarias de ese mundo al resto de los ciudadanos, ataques a sedes de partidos y, por supuesto, el último comunicado etarra en el que la banda exige que se les permita concurrir a las elecciones reservándose, en caso contrario, el derecho de asesinar al contrincante.

“Como persona que he vivido en el País Vasco” (hace dos décadas fue magistrado en San Sebastián durante cuatro años), el fiscal general cree tener la solución: “empujar” a los electores de Batasuna “hacia la paz y no hacia la violencia” que, a su juicio, hubiera supuesto la ilegalización de la totalidad de las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y, por lo tanto, la ilegalización de las ideas de ese mundo y enviarlo a un “Guantánamo electoral”. “Tengo muy claro lo que hay que hacer”, sentenció Conde Pumpido.

De sus reflexiones se concluye que el Gobierno no actuó sobre la totalidad de ANV para dejar un margen de descompresión a este mundo violento, en concreto allí donde son fuertes, en Guipúzcoa y Navarra. Eso sí, ilegalizando las listas al Parlamento de Navarra y no al ayuntamiento de Pamplona, a pesar de que ANV concurría con tres nombres comunes en ambas. Y dejando el camino expedito para un posible gobierno entre una crecida Nafarroa-Bai (PNV, Aralar y EA) y el PSN.

El fiscal general del Estado tiene como misión garantizar las libertades democráticas, en especial el primero de los derechos: el derecho a la vida y a la integridad física. Y debe velar para que nadie actúe, a través de un partido en apariencia político, al servicio de un grupo terrorista. Así se lo encomienda la Ley de Partidos, a no ser que el Parlamento la derogue. Orilla también que la participación política no es obligatoria en España, por lo que si en un pueblo se da la circunstancia de que no hay candidaturas, la ley tiene ya establecido el procedimiento para su gobierno.

Su comprensión hacia el entorno etarra es tal que hasta asume su lenguaje identitario. Conde Pumpido definió reiteradamente como izquierda abertzale al mundo de ETA. Pero si hay una izquierda que se considera patriota (que es lo que significa abertzale) son Eusko Alkartasuna o Aralar, partidos alejados de los etarras a causa de la violencia; es más, sienten como una ofensa que se reserve esa expresión para los terroristas y su entorno.

Todas estas reflexiones las realizó Conde Pumpido después de asegurar a la concurrencia y sin rubor que su actuación no es política, sino que él es un especialista que no recibe instrucciones del Gobierno.

El fiscal general confesó que aún se pregunta si ha ido “demasiado lejos” al anular 386 listas de los distintos clones de Batasuna, pero "ha colado". Opinión que implica un tercer giro en menos de una semana. El domingo, el fiscal general reiteró en El País su advertencia a los líderes de Batasuna de que si pedían el voto para ANV podría ser un “indicio adicional” para la futura ilegalización de este partido o su suspensión por la vía penal antes incluso de las elecciones. Los aludidos respondieron como es habitual en ellos, desafiando a las instituciones y pidiendo ese mismo día el voto para ANV. El lunes giró de nuevo: no veía elementos suficientes para actuar. Y ayer confesó que, quizá, se habían pasado.

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