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Tres días fuera de España son suficientes para recuperar al regreso la capacidad de sorpresa que uno creía definitivamente perdida al inicio de tan corta escapada. El regalo es de un columnista habitual de la prensa diaria, que acusa al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de apoyar un acuerdo del Gobierno con ETA. A renglón seguido, sugiere el delito de "colaboración con banda armada" como tipo penal aplicable al caso. Sugerencia derivada de constatar que "los máximos poderes del Estado han asumido como propia la liquidación de la Constitución y de España". Toma castaña.

La negativa del Gobierno a promover la ilegalización de ANV induce al columnista, Jiménez Losantos, a sostener públicamente que María Emilia Casas, Francisco Hernando y Rodríguez Zapatero han puesto en manos de ETA el futuro de la democracia y de la nación. El antecedente es la petición del voto para ANV por parte de los dirigentes batasunos. Eso, por otra parte, es lo que carga el ambiente y permite al PP utilizar la política antiterrorista también en una campaña pensada para elegir gobernantes municipales y autonómicos. Qué locura.

Los desvaríos no terminan ahí. Véase el descaro del dirigente de Batasuna, Pernando Barrena, pidiendo a sus seguidores el voto para ANV como homenaje de gratitud por haberse convertido en un baluarte de la democracia frente a las inclinaciones fascistas del PSOE y del PNV. Dice Barrena: "Es el único partido que ha hecho frente a la situación antidemocrática planteada con la anulación de las listas de ASB", siglas a las que Batasuna se refiere como marca propia. Toda la artillería de esta gente se concentra en los respectivos partidos de Zapatero e Imaz, a los que hacen culpables del doble portazo electoral y del "proceso de resolución del conflicto".

En la otra parte de la pinza, cuyos extremos se cierran sobre el Gobierno Zapatero, el PP recupera su furiosa reprobación de la política antiterrorista también para la campaña electoral. Lo último es reclamar de nuevo la ilegalización de ANV, sin salirse del insoportable y malintencionado guión que pone en duda la voluntad del Gobierno de la Nación para acabar con el terrorismo. Vuelven los condicionales al discurso del PP. El condicional es una figura gramatical con licencia para salirse de madre. Primero se siembra la sospecha y luego se lanza el condicional. Si el supuesto es enorme siempre se deducirá una enormidad.

A saber: si el Gobierno no condena la agresión a dos concejalas del PP, "el Gobierno será culpable de la chulería de los agresores" (Nacho Uriarte, de Nuevas Generaciones). Si Zapatero negoció en abril con ETA para meter a sus amigos en las elecciones, "Zapatero habría cometido la mayor de las traiciones" (Ángel Acebes, ayer, en Extremadura). Si el fiscal general del Estado no inicia el proceso de ilegalización de ANV, "será la prueba del nueve de que él Gobierno negoció con ETA" (más Acebes). Y si el Gobierno ilegaliza a ANV, "Zapatero tendrá mi incondicional apoyo en el Congreso", dijo Rajoy ayer en Vigo.

Y no sirve de nada, por supuesto, que el Gobierno haya negado expresamente cualquier acercamiento a ETA desde el atentado del 30 de diciembre. O que el Tribunal Constitucional acabe de sentar doctrina sobre lo "desproporcionado" que sería ilegalizar ANV con las razones hasta ahora conocidas. O que el fiscal general, Conde Pumpido, nos recuerde a todos que el Estado de Derecho puede ilegalizar a un partido pero no el derecho a votar, a ser votado o a pedir el voto para un "elegible".

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