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La diferencia entre una democracia consolidada y seria y este simulacro de democracia que vivimos en España la tenemos en el modo en el que un asunto de la gravedad de lo que el pasado lunes denunció el ex presidente de la CNMV, Manuel Conthe, es tratado en las instancias judiciales. Si algo así, es decir, la denuncia de que una oficina dependiente directamente de la Presidencia del Gobierno ha espiado y ha fabricado pruebas contra un empresario privado para descabalgarlo de su puesto en la presidencia de la segunda entidad financiera del país, hubiese ocurrido en Estados Unidos, los implicados ya estarían declarando ante un juez, sin necesidad de que mediara querella o denuncia de parte.

Esa es, sin duda, la evidencia de que nos encontraríamos ante una Justicia, con mayúsculas, verdaderamente independiente. Pero no es el caso. Entiendo que la gravedad de lo expuesto por el señor Conthe debería haber llevado a algún juez a actuar de oficio y llamar a declarar, e incluso detener de manera preventiva, a los señores Sebastián, Arenillas y el propio Conthe, así como al periodista de la Cadena SER Javier Ruiz. Unos, por ser directamente responsables de lo denunciado, y Conthe por haberlo encubierto durante tanto tiempo. Independientemente de lo que diga Rodríguez, es tan evidente que lo denunciado por Conthe es verdad, que la respuesta de los implicados, dos días después, ha resultado patética.

Lo que ha ocurrido es extremadamente grave, y un atentado en toda regla contra los derechos fundamentales del señor Francisco González, máximo responsable del BBVA. Y esa es la razón por la que creo que un juez debería haber actuado de oficio. Esa, además de que, de confirmarse, existe un delito consentido de prevaricación. Suficiente, como les decía al principio, para que en cualquier país serio la justicia actúe de oficio sin necesidad de esperar a que terceros interpongan una querella, que al final es lo que ha acabado haciendo el PP. Y este es, sin duda, uno de los déficits de nuestra democracia que se hace estrictamente necesario corregir, porque de lo contrario la calidad democrática seguirá degradándose, y la vida política y económica judicializándose, con lo que eso conlleva, a su vez, de desestabilización de la convivencia.

El máximo objetivo de nuestra Constitución es la salvaguarda de los derechos constitucionales y de las libertades individuales de los ciudadanos que conforman este país, y a ese objetivo debe consagrarse el Estado de Derecho. Cuando desde un Gobierno se actúa en contra de particulares, como se ha hecho desde este Gobierno en el caso del señor González y, con más éxito, en el caso del señor Pizarro y de Endesa, lo que se está haciendo es vulnerar esos principios que emanan de nuestra Constitución, se viola el objetivo primordial de la máxima instancia legal de nuestro ordenamiento jurídico, y se pervierte el fin último del Estado de Derecho.

Ante esa situación, ante la realidad de un Gobierno que ha destrozado los fundamentos democráticos y abusado de los resortes del poder en aras de un interés particular, debería ser la Justicia la que sirviera de contrapeso al abuso del poder, pero para eso la Justicia debería ser independiente, y es evidente, a la vista de lo ocurrido esta semana, que no es sino un ejemplo más de otros tantos, que nuestra justicia carece de esa necesaria independencia que sirva de contrapeso para garantizar la salud democrática. De ahí que, sin duda, uno de los elementos esenciales para una futura reforma constitucional sea, precisamente, el de dotarnos de una justicia independiente que, en la medida en que lo sea, también ganará en eficacia y agilidad. Mientras tanto, Arenillas, Sebastián. Taguas, Segura y todo el contubernio de Intermoney, seguirán haciendo de las suyas a las órdenes de Rodríguez Zapatero.

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